“No fueron allanamientos sino saqueos”

Por Aída Gutiérrez H. /@guti21
Los vecinos de San Antonio de Los Altos recuerdan con terror la mañana del 22 de mayo cuando de manera violenta irrumpieron en las viviendas Guardias Nacionales (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Sebin y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). “Dicen que allanamientos, más bien fueron asaltos, para ser más preciso fueron saqueos,” sentencia un vecino del sector.

Según los vecinos del municipio Los Salias, la acción de los efectivos dejo como saldo: puertas derribadas, apartamentos saqueados, detenciones arbitrarias, ventanas destruidas, vehículos destrozados. Los edificios más afectados fueron las Residencias OPS, Sierra Brava y Páramo.

Testimonios

“Ahora (26Mayo) en San Antonio hay 4 vehículos de asalto blancos de la GN, y 2 negros del CONAN. Están aquí desde el lunes 22, cuando ocurrieron los hechos. Los estudiantes tenía una semana protestando y todos los vecinos los apoyábamos con medicinas, comida, franelas. El problema viene por culpa de unos “sapos”, ellos son un coronel del ejército y un capitán de la guardia o del ejército que es fiscal. Estos señores indicaron los apartamentos donde los muchachos se refugiaban y también señalaron exactamente quienes eran sus familiares. El lunes 22 a las 6 de la mañana la GN y el CONAS hicieron una operación comando con saña, odio y alevosía. Había gente del Sebin, Conas, PNB y la GN. Yo conté aproximadamente 200 guardias nacionales. Rompieron las cámaras de seguridad de los edificios, rompieron las rejas del Centro Comercial OPS, disparaban perdigones y bombas lacrimógenas sin compasión. Tumbaban las puertas de los apartamentos, eso no fueron allanamientos sino asaltos y saqueos. Se robaron las baterías de los carros que estaban en los estacionamientos. Usaban la sirena fuerte cuando comenzaban a disparar, para que no se escucharan los disparos…”, señala un vecino de la zona quien pidió resguardo de su nombre.

“Estábamos mis hijos de 12 y 19 años y mi madre de 85 años. Vimos desde el balcón que al edificio entraban agentes del Conas, inmediatamente se escucharon gritos, fuerte golpes a las puertas. De pronto nos tocaron, no quise abrir la puerta, estaba aterrada, hasta que la tumbaron y entraron más de 30 funcionarios, tenían armas largas y cortas luego, todo fue un caos. A mi hijo mayor lo agarraron por la franela y lo tumbaron en el piso le gritaban, terrorista, guarimbero. Yo traté de defenderlo y les dije que no podían allanar la casa sin orden judicial, se rieron en mi cara, me dijeron terrorista, “malparida”, me mandaron a callar, y como insistía que era un procedimiento ilegal, me golpearon. Mi pequeño hijo me defendió y lo amenazaron con llevárselo a un retén de menores. Entretanto mi madre lloraba y les imploraba piedad, la mandaron a callar y la insultaron. Destrozaron todo el apartamento, me robaron mis pocas joyas, los celulares, Tablets, hasta comida se llevaron, esto fue un vulgar robo. Estuvieron como 45 minutos en mi apartamento hasta que se llevaron detenido a mi hijo a punta de golpes”, narra con lagrimas en sus ojos la señora María.

Después de la jornada, la Comisión de Derechos Humanos del Municipio Los Salias contabilizó 17 detenidos: 13 hombres y 4 mujeres.

Torturas
Provea informa que ha recibido denuncias de los vecinos de San Antonio de los Altos sobre torturas y cruel represión durante la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado el lunes 22 de mayo. “En la torre 2 de las Residencias OPS, los funcionarios de la PNB arrodillaron a un adolescente en el piso 15 y le rociaron líquido extintor dentro de su boca. Luego los PNB, según denuncia, golpearon al adolescente con el propio extintor”.

“La brutal arremetida”

El alcalde del municipio Los Salias, Josy Fernández, rechaza la actuación violenta y desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado el lunes 22, contra los habitantes de San Antonio de los Altos. Denuncia “la brutal arremetida contra las residencias OPS. La PNB rompió rejas, puertas, ventanas. Entraron a la fuerza a los edificios. Rechazamos esta terrible arbitrariedad”. Informa que en la Alcaldía de Los Salias tienen abogados para asesorar a los familiares de las personas detenidas.

Fernández informa que por los allanamientos dejaron un total de siete heridos, entre ellos un adolescente por impacto de una bomba lacrimógena en el tórax y un hombre de 70 años de edad, por impacto de perdigones en la cara.

Por su parte, el concejal Héctor Medina, presidente de la Comisión de DDHH del Concejo de Los Salias, asegura que los allanamientos se hicieron sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público, testigos, un abogado y sin orden judicial, condiciones dictadas por la ley venezolana para hacer estos procedimientos legales.

Otros “allanamientos”

Entre el 24 y el 25 de mayo, se reportaron allanamientos en diferentes regiones del país: En San Juan de los Morros hubo más de 15 allanamientos buscando a los jóvenes que protestaban en días anteriores. En Valencia se registraron allanamientos ilegales en los sectores 4 y 5 de la Isabelica, hay detenidos. El SEBIN allanó varias residencias en Colón, Santa Bárbara del Zulia, para practicar detenciones arbitrarias. También en Barinas, en la Cinqueña, Cuatricentenaria y Pozones.

El abogado Jesús Rodríguez precisa que son procedimientos irregulares, al margen de la ley, allí se está violentando el derecho a la propiedad privada y los derechos humanos. Se viola el Artículo 47 de la Constitución que dice: “El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrían ser allanados sino mediante orden judicial (…) , respetando siempre la dignidad del ser humano.”

FUENTE: El Nuevo País – Domingo 28 de Mayo 2017 

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Violento ataque contra los médicos

Durante dos horas la marcha de los médicos soportó un masivo ataque de la Policía Nacional y Guardia Nacional, que les bloquearon el camino al Ministerio de Salud. La marcha quería pedir al ministro la apertura de un canal humanitario en materia de medicinas e insumos básicos para los hospitales

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. / @guti21

La mañana del 22 de mayo, amanecieron cerradas las principales calles de Caracas. Se comentaba que era el gobierno que trataba de impedir que la gente se movilizara a la “Marcha de la Salud y la Vida” actividad convocada por la MUD, que llegaría al Ministerio de Salud, como protesta por la grave crisis del sector.  Hay 80% de escasez de medicamentos, todos los hospitales del país carecen de insumos y equipos, los pacientes se mueren de mengua.

A pesar de las calles bloqueadas y el Metro cerrado, se dieron cita miles de médicos de todas las edades y de las clínicas y hospitales de la capital, como también estudiantes de medicina, trabajadores del sector salud, políticos y la sociedad civil. La marcha arrancó a las 12 del mediodía. A nivel de la Av principal del Bosque la Policía Nacional Bolivariana (PNB), impidió el paso con camiones que despliegan vallas metálicas.

Ese mismo día se conoció la triste noticia del cuarto niño que fallece del Servicio de Nefrología del Hospital JM de Los Ríos. Dilfred Jimenez de15 años, se contaminó en las máquinas de diálisis. Le suministraban antibióticos vencidos, los únicos que proporciona el Ministerio de Salud. Hay 15 criaturas  más en peligro de muerte.

Los manifestantes cambiaron la ruta y avanzaron por la autopista Francisco Fajardo para llegar a MinSalud en el centro de Caracas, a la cabeza de la marcha iba una cadena humana de médicos, allí también estaba el diputado y médico José Manuel Olivares. A nivel de El Rosal se encontraba un piquete de la GN y la PNB, que arremetió contra la marcha pacífica, lanzando bombas lacrimógenas y los potentes chorros de agua de “las ballenas”.

Médico escudero

Según información emanada de los Boletines Epidemiológicos semanales del MPPS (años 2015-2016), en Venezuela ocurrieron 756 muertes relacionadas al embarazo y parto, representando un aumento de 65.79 % en relación al año 2015 (456muertes). Equivale a 64 muertes maternas mensuales y 2 por día.

“No queremos bombas, queremos medicinas”, expresaban los manifestantes. El ataque de la GN se mantuvo por dos horas. En el lugar reportaron varios heridos y afectados por los gases lacrimógenos, entre ellos los médicos que iban en la punta de la marcha y también el gobernador Henrique Capriles se vio afectado por las bombas.

En el recién publicado Boletín Epidemiológico (más de 2 años sin publicar), muestra la mortalidad infantil durante el año 2016 con un aumento (menores de 1 año) de más del 30,12%, equivale en promedio, fallecieron más de 31 niños diarios durante 2016.

En esta secuencia de fotografía vemos al Dr Galavis, oncólogo, que le implora al guardia nacional que no tiren más bombas.

“Y qué, y qué Constituyente, si en los hospitales se nos mueren los pacientes”, gritaban los médicos en la marcha. Un grupo de manifestantes cruzó el río Guaire huyendo de efectos de los gases lacrimógenos. Luego poco a poco todos los marchistas regresaron, era imposible pasar.

En Venezuela hay una crisis humanitaria de salud, en los hospitales falta desde una gasa hasta un antibiótico, tampoco hay reactivos para los exámenes de laboratorio. “Si no nos matan en la calle el gobierno nos mata por la falta de medicinas”, dijo una paciente oncológica que se encontraba en la marcha. (@guti21)

FUENTE: Revista ZETA Nº21 – 26-05-17

Fotos cortesía de ElPitazo.com

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PARTE DE GUERRA al 25 de mayo 2017

Las cifras de detenidos lesionados y asesinados en Venezuela, desde el 1 de abril al 25 de mayo 2017.

Por Aída Gutiérrez H / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) desde el 1 de abril al 24 de mayo, registraron  2.815 arrestos por protestas, 1.240 permanecen aún detenidos. 341 fueron presentados ante tribunales militares  y  178 quedaron a la orden de la justicia militar. Asimismo, han calificado 297 presos políticos, al 1 de abril 2017 había sólo 117.

En relación a los caídos desde el 1 de abril al 24 de mayo, Alfredo Romero informa que FPV registra 64 personas fallecidas, de las cuales 45 fueron asesinadas directamente en protestas es decir, por represión. 13 por presuntos saqueos; y 6 por barricadas. Estas muerte se localizaron en: Miranda 3; Caracas 21; Carabobo 8; Lara 5; Zulia 2; Táchira 9; Mérida 4; Trujillo 1; Barinas 11.

Cifras del Ministerio Público

Por su parte, el miércoles 24 de mayo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa expuso el balance de muertos, detenidos y lesionados durante las protestas desde el 6 de abril.

“55 personas fallecidas, de las víctimas 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo hemos registrado un total hoy de 1.000 lesionados, de los cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares”, expresó la Fiscal.

Sobre los detenidos en las manifestaciones precisó: “Hemos iniciado 1.475 investigaciones: 1.329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. En materia de delitos comunes, los fiscales han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, hurto, robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, entre muchos otros delitos. De estas personas solamente 284 han sido privadas de libertad”

También refirió los grupos civiles armados, en este sentido destacó el caso de unos estudiantes que estaban manifestando “de forma pacífica” en un liceo de La Pastora, a lo cual expresó: “Llegaron grupos civiles a amenazarlos con pistolas. Si hay una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados. Es necesario el desarme de la población. Nosotros tenemos 16 investigaciones abiertas contra grupos civiles armados al margen de la ley. Y preocupa la proliferación de estos grupos”.

La acción criminal de los colectivos armados va acompañada con el amparo de la PNB y GN.

En relación a los juicios militares Ortega Díaz dijo: “Hemos solicitado la declinatoria de la competencia a la justicia ordinaria de dos casos que cursan en la justicia militar: uno en el estado Nueva Esparta y otro en Zulia. El día de hoy vamos a presentar un amparo por abstención de uno de estos tribunales a negarse a pronunciarse. No ha habido el pronunciamiento debido. Asimismo dirigimos una comunicación a la Fiscal General Militar para que nos informara al Ministerio Público el número de procesos y detenidos. Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas. Nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.”

La Fiscar Ortega Díaz sentenció que llevar civiles ante tribunales militares, viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.

La Fiscal también confirmó que Juan Pernalette fue asesinado por una bomba lacrimógena de GN.

Al cierre

El miércoles 24 de mayo se confirmó la muerte en protesta pacífica de dos jóvenes: Augusto Puga (22) en Ciudad Bolívar, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente falleció tras recibir un impacto en la cabeza durante una represión policial a manifestantes opositores.

Augusto Pugas (22), estudiante de enfermería, asesinado de un tiro en la cabeza.

Adrián Duque (24) recién egresado como Contador Público de la Universidad José Gregorio Hernández en Maracaibo, según testigos cuando escapaba de una tanqueta que iba a gran velocidad persiguiendo a un grupo de jóvenes, perdió el equilibrio y cayó al pavimento, allí fue víctima de un disparo de un presunto guardia nacional, sus compañeros que lograron salvarse no pudieron rescatarlo porque los guardias lo impedían. Con estos asesinados, según la cuenta del Ministerio Público, daría un total de 57 fallecidos. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº 2100 – 26-05-2017

Altas cifras de asesinatos, detenciones y torturas

Desde el Foro Penal Venezolano y las ONG de Derechos Humanos, los informes de detenciones, maltratos, torturas y asesinatos vienen amparados por múltiples testimonios y denuncias hechas ante los tribunales. Estas son las cifras y las denuncias.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV), desde el 1 de abril al 17 de mayo han arrestado  2.371 personas por protestas pacíficas. De este número, 730 se mantienen detenidos. Informa, que a 232 ha aumentado el número de presos políticos. Antes del 1 de abril 2017 eran 117.

Precisa FPV, que de acuerdo a su ocupación, los 232 presos políticos se componen de la siguiente forma: Empleados 2; deportistas 2, profesionales 63; obreros 13; amas de casa 1, militares 32; comerciantes 19; políticos 4; activistas DDHH 1; y estudiantes 95.

Civiles a tribunales militares

En un pronunciamiento conjunto del Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch, indica que al 15 de mayo, han registrado el procesamiento de al menos 275 civiles por tribunales militares en Venezuela. 159 de ellos permanecían privados de libertad al 12 de mayo. Los detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

La información provista por abogados y familiares incluyen denuncias de abusos físicos y violaciones procesales en la realización de estos procesamientos. Los detenidos son víctimas de abusos que en algunos casos podrían constituir tortura, tanto durante la aprehensión como mientras estuvieron privados de libertad.

Cuando los jóvenes detenidos son llevados a los tribunales militares, no les permiten un abogado de su confianza,  le imponen un defensor público igualmente militar. Durante la detención y después en el lugar de reclusión,  son brutalmente golpeados. También se reportan maltratos y torturas.

Torturas

Las ONG defensoras de los DDHH, han denunciado que ya es una práctica rutinaria para la GNB y la PNB, cuando arrestan a una persona someterla a una salvaje golpiza, además de tratos crueles e inhumanos y torturas en los sitios de reclusión.

El abogado penalista Martín López Ríos, desde el estado Aragua el 17 de mayo denunció en su cuenta Twitter: “Denunciamos el trato inhumano por parte de los funcionarios de la PNB a los 10 jóvenes detenidos en El Limón. Uno de estos estudiantes detenidos por la PNB fue violado con un tubo, lo golpearon y amarraron con un cable. Todos los muchachos fueron golpeados brutalmente, torturados, humillados y maltratados”.

Continua López: “En la Audiencia de Presentación de los jóvenes detenidos, el Ministerio Público solicitó Medicaturas Forenses a todos. El joven detenido que manifestó haber sido violado, el Tribunal le acordó Medicaturas Forenses y atención médica inmediata.”

Por su parte, el coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Betancourt, confirmó haber recibido  numerosas denuncias de torturas y tratos crueles. “A la mayoría de los detenidos los golpean durante la aprehensión y el traslado al sitio de detención temporal, antes de ser presentados ante el juez. Ellos lo relatan en las audiencias de presentación.”

“De un grupo de 40 detenidos por el supuesto saqueo, 37 denunciaron que los golpearon, les raparon el cabello, uno dijo que le apagaron un cigarro en el brazo; y de ese grupo, aproximadamente 15 denunciaron que les obligaron a comer pasta con monte y excremento. Ellos contaron al juez militar que los funcionarios les ponían el polvillo de la bomba lacrimógena en la nariz para obligarlos a abrir la boca y entonces les metían la pasta con excrementos y los hacían tragar”, precisó Betancourt.

Muertos en protestas

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)  se han registrado 55 muertes en todo el país, desde el 6 de abril hasta el 16 de mayo,  de las cuales el Ministerio Público reconoce  43.

Los fallecidos están distribuidos en: Distrito Capital 19; Carabobo 13; Miranda 9; Lara 5; Mérida 3; Táchira 3; Barinas 2; Zulia 1.

La mayoría de los casos están relacionados con jóvenes, quienes han sido víctimas de una desmedida represión por parte de efectivos de la GNB, PNB y civiles armados.

En tan sólo 3 días, 6 familias venezolanas más están de luto: 15 de mayo asesinaron en Táchira a Juan Alvairez (17 años) y Diego Hernández (33); y en Barinas Yeíson Mora (17). 16 de mayo en San Antonio de Los Altos, Diego Arellano (31). 17 de mayo asesinados en San Cristobal, Táchira, José Francisco Guerrero (15) y Samuel Castellano (46).

El de 19 mayo muere por arrollamiento, Paúl Moreno, de 24 años era voluntario del equipo de primeros auxilios de la Universidad del Zulia, donde cursaba el quinto año de medicina.

Al cierre

Al 21 de mayo, la cifra tanto de las detenciones como de los asesinados y heridos va en aumento. El 20 de mayo, sólo en Caracas hubo 60 heridos, de los cuales tres están graves por arrollamiento. Se conoció que la GN lanzó a las instalaciones de Salud Chacao, bombas lacrimógenas en el momento que ingresaban los centenares de lesionados.

Según Alfredo Romero, el 20 de mayo fueron detenidos 18 manifestantes en: Anzoátegui 3; Caracas 2; Portuguesa 3; Táchira 2 y Yaracuy 8.

La lista de los últimos asesinados: El 19 mayo muere por arrollamiento, Paúl Moreno de 24 años era voluntario del equipo de primeros auxilios de la Universidad del Zulia, donde cursaba el quinto año de medicina. El rescatista fue arrollado por una camioneta blindada sin placas, mientras atendía a manifestantes heridos en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo. También el 19 mayo, muere por impacto de bala Daniel Rodríguez (17) en Táchira. El 20 mayo fallece por una bala en el pecho Alejandro Aguilar de (21) en Valera. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta 19-05-17 

Este artículo es una versión actualiza al 21 de mayo, por @guti21 para la Web.

Muertes en hospital de niños

La crisis hospitalaria arrojó 3 muertos en el más importante hospital de niños de la capital, el JM de Los Ríos, y 16 pequeños pacientes más están infectados, sin que el hospital tenga antibióticos para combatir la masiva infección. El miércoles 17 de mayo una nutrida manifestación de médicos de toda Caracas acudió al Ministerio de Salud –aunque las fuerzas represivas del gobierno no los dejaron llegar a su destino-, exigiendo al nuevo ministro que dé la cara.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

Por causa de infecciones, van 3 niños muertos en el Servicio de Nefrología del Hospital de Niños JM de los Ríos. El último en morir fue Samuel Becerra de 12 años. Hay 16 niños más infectados, algunos con avanzada desnutrición y con diálisis,  padecen de fuertes dolores óseos, fiebre, convulsiones y pérdida de la visión (momentánea). Y lo más grave, no hay antibióticos en el hospital para combatir las infecciones.

Según fuentes del mismo Hospital, los niños se infectaron por la contaminación de los equipos de diálisis, ocasionado por el agua que está contaminada. El tanque contiene un metro de sedimento y no le han hecho mantenimiento desde hace mucho tiempo. También hay filtración de aguas contaminadas en las paredes.

El padre del niño Víctor Pacheco, imploró porque enviaran el mantenimiento de la hemodiálisis, “nadie nos hace caso” dijo visiblemente afectado, ya que el pequeño tiene su vida en riesgo.

“Los equipos de diálisis están infectados con moho verde”, dijo una empleada de limpieza del Hospital.

Samuel Becerra es el tercer niño que fallece en el Hopsital JM de Los Ríos, por la infección de los equipos contaminados y por la falta de antibióticos.

“Se mueren nuestros niños”

El martes 16 de mayo, médicos, personal del Hospital J.M. de los Ríos y familiares de los pacientes protestaron por la falta de insumos, medicamentos, mantenimiento de los equipos y comida. Con la consigna “se mueren nuestros niños y nadie hace nada” reclamaron la inmediata solución por parte del Ministerio de Salud y el Ejecutivo Nacional, ya que son muchos los niños en riesgo de muerte.

Los médicos denunciaron que desde el Ministerio de Salud envían antibióticos vencidos, que son administrados a los pequeños pacientes porque no tienen más nada que darles. Los galenos hacen firmar permisos a los familiares, para administrarles estos medicamentos.

Durante la protesta, la doctora Sonia Sifontes, dijo: “tenemos niños con infecciones. Y no hay con qué limpiar ni nada para higiene”.

El pediatra Jacinto Rivas, aunque no labora en el Hospital, tiene conocimiento de la grave situación que allí se vive, expresa: “Los niños están contaminados con las bacterias: klebsiella y pseudommona, y no hay antibióticos en el Hospital para combatirlas. Los pacientes padecen la secuela de la infección que se instala en sus catéteres. Se trata de un diagnóstico que es claro para los médicos, pero no tienen cómo resolverlo. También hay problemas con los tubos de hemocultivos. Y los equipos utilizados para las hemodiálisis estaban funcionando sin recibir ningún tipo de mantenimiento”.

Desde el año pasado, la institución había sido advertida de que el agua que se recibía no estaba en el mejor estado. La ONG Prepara Familia recordó en un comunicado que circuló en abril que un estudio de la Universidad Simón Bolívar había encontrado valores muy altos en la presencia de coliformes fecales (restos de heces) y aerobios mesófilos en los tres tanques del hospital.

Los médicos hacen un llamado al Ministerio de Salud para que resuelva la grave situación que atenta contra la vida de los niños. Reiteran que además de los antibióticos, “en el hospital falla el agua purificada para la práctica de hemodiálisis, no hay broncodilatadores, analgésicos ni antiinflamatorios, ni comida.” (@guti21)

FUENTE: Revista ZETA Nº 2099 – 19/05/17

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Parte de Guerra

Las cifras de los fallecidos, lesionados y encarcelados al 10 de mayo, empezando con las primeras marchas del 4 de abril

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, desde el 4 de abril hasta el 10 de mayo de 2017 han sido arrestadas por las autoridades policiales y militares 2.045 personas por protestar. De esta cifra, 693 están privados de libertad. 323 han sido aprehendidas sólo durante el mes de mayo.

El 11 de mayo, Alfredo Romero directivo del FPV, informa que 208 civiles han sido presentados ante tribunales militares desde el 4 de abril hasta el 10 de mayo. De esta cifra, 135 quedaron privados de libertad. Precisa que de las 208 personas: 144 son de Carabobo y quedaron 88 privados de libertad; 19 en Falcón, 19 privados; 16 en  Zulia; 16 en Caracas; 13 en Lara, 12 privados de libertad.

Muertos y heridos

El 4 de mayo el Ministerio Público anunció que  35 personas han muerto y 717 heridas fueron registradas durante las manifestaciones ocurridas en todo el país. La cifra de fallecidos en las protestas pacíficas, luego del 10 de mayo llegó a 39.

También hay un registro extraoficial realizado por Runrun.es el cual indica: “desde el 4 de abril hasta el 10 de mayo han muerto 50 personas durante protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y los saqueos principalmente por hambre”.

Solo el  miércoles 10 de mayo hubo al menos 80 detenidos y 84 heridos que dejaron las marchas opositoras en las principales ciudades de Venezuela. Ese día asesinan a otro joven de 27 años en Las Mercedes, Caracas, Miguel  Castillo, quien hacía una semana se habría graduado de Comunicador Social en la Universidad Santa María. Videos y fotografías muestran a la Guardia Nacional atacando a Castillo, y los diputados de la MUD aseguran tener pruebas de que tal asesinato, fue presuntamente perpetrado por agentes de la GNB.

El 3 de mayo, hubo 398 heridos en Caracas durante las protestas y otras 107 en las del 8 de mayo, según cifras de Salud Chacao y Salud Miranda, así como 330 heridos por perdigones y balas en la ciudad de Mérida, según el alcalde Carlos García.

El mismo 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, tres fotoreporteros fueron heridos por impactos de lacrimógenas. Hasta el 25 de abril el SNTP había contabilizado 90 ataques a la libertad de prensa así como 34 periodistas detenidos mientras hacían cobertura de las protestas. Así mismo denunció 19 agresiones a reporteros el día 8 de mayo por parte de GNB, PNB, PoliMérida y manifestantes violentos.

Por otro lado, pese a que el Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz insiste en los ataques a los cuerpos policiales y militares que controlan el orden público en las manifestaciones, solo dos han sido asesinados en estos hechos: Niumar José San Clemente Barrios y Gerardo José Barrera Alonso. En ambos casos,  los testigos reportaron que había grupos armados identificados con el oficialismo.

Armando Cañizales, estudiante e integrante de la Sinfónica Juvenil fue asesinado en Las Mercedes.

Desde el 4 de abril al 10 de mayo, han sido enlutadas las familias de diez estudiantes asesinados: Jairo Ortiz, Daniel Alejandro Queliz Araca, Bryan Principal, Carlos José Moreno, Yorgeiber Radael Barrena Bolívar, Manuel Pérez, Juan Pablo Pernalete Llovera, Hecder Lugo Pérez y Armando Cañizales. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº 2.098 – 12-05-2017

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Civiles ante la justicia militar

El experto en Derecho Constitucional y catedrático José Vicente Haro, conocedor de los problemas que confrontan los civiles enjuiciados ante tribunales militares, explica la situación jurídica, procesal y de derechos humanos que la medida implica. Recalca que es violatoria a los artículos 261 y 49-4 de la Constitución Nacional.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

“La forma mas efectiva de una dictadura para crear  miedo y terror en los ciudadanos, es llevarlos a la justicia militar, que es el peor de los mundos dentro del ámbito judicial, prácticamente, los están llevando al infierno judicial”, así lo considera el abogado constitucionalista, defensor de los DDDHH y profesor de la UCV, José Vicente Haro.

De acuerdo al jurista, presentar civiles a la justicia militar no es nada nuevo. Se hizo con el caso del diputado Gliber Caro y su novia Steicy Scalona (enero). También en el caso del Profesor Santiago Guevara (febrero).

Según el Foro Penal Venezolano (FPV), 137 personas  han sido presentadas ante instancias militares, dentro del marco de las protestas contra el régimen. De allí, 73 civiles han sido privados de la libertad por decisión de tribunales militares.

“Quienes deciden llevar a los civiles a los tribunales militares son los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Los detienen y son puestos a la orden de un fiscal militar. El tribunal lo improvisan dentro del propio comando, incluso en un comedor se ha llegado a armar el sitio del juicio. En la audiencia no hay civiles excepto por el imputado; todos los demás son uniformados con armas”, expresa Alfredo Romero directivo del FPV.

Sergio Contreras director de redes sociales del Nuevo País y Zeta, fue detenido mientras que protestaba pacíficamente, y llevado ante tribunales militares. Se le imputaron 3 delitos y está preso en Ramo Verde. Su condición de salud es delicada porque es un paciente neurológico, debe tomar una pastilla diaria para evitar convulsiones. La familia está desesperada porque los militares no le permiten el acceso al medicamento.

“La justicia militar es perversa”

Precisa el abogado Haro que la justicia militar es la más controlada por el gobierno, el presidente es quien nombra a los jueces de control, la corte marcial, la fiscalía militar. Además, se establecen penas mucho más altas que las penas que establece la justicia ordinaria, cuando se le imputa a alguien un delito militar, generalmente son delitos que van desde 15 años en adelante, no es cualquier cosa, son hechos muy graves.

-Es un sistema procesal totalmente anacrónico, el Código de justicia militar es anterior a la Constitución de 1999, muchas normas que se siguen aplicando son contrarias a esta Constitución. Es una justicia totalmente  viciada por una serie de patrones y  procedimientos abiertamente inconstitucionales, no garantiza la justicia ni lo principios básicos  (derecho a la defensa ni al debido proceso, a la presunción de inocencia, ser juzgados en libertad); tampoco las garantías que establece la Constitución.

Cuando los civiles son arrestados por la GN, no les permiten hablar con ningún abogado que ellos escojan, sino que les imponen de inmediato un defensor público militar, lo cual viola el derecho a la legítima defensa.

Para el experto, la jurisdicción militar forma parte de una política de estado. “En los momentos en que estamos viviendo, la política de estado es trata de crear terror y miedo en la gente, para que no salga a protestar. Entonces –se pregunta Haro- ¿con qué amenazan? con la justicia militar, porque la justicia militar es perversa, es totalmente contrario a los derechos humanos y es la demostración mas clara que estamos en una dictadura militar”.

-Yo veo aquí una política de estado que incluso se plantea en el Plan Zamora, uno allí lee que las líneas estratégicas son básicamente militares. Esto es una política de estado, que forma parte de un régimen militar. Y cito a  Luis Almagro cuando dice “llevar a civiles a jueces militares es una clara demostración que en Venezuela gobierna una dictadura militar”.

El 9 de mayo en la noche, desde el Fuerte Tiuna el equipo de FPV, denunció que a los jóvenes detenidos y presentados ante la justicia militar, no se les permitió contacto con ningún abogado, les impusieron defensores públicos.

Al respecto, Haro expresa que “la justicia militar te impone todo, impera un régimen militar. Es una especie de paraestado judicial militar, donde solo imperan las ordenes superiores jerárquicas del ministro de la defensa, que sigue instrucciones del presidente de la república, y que están ejecutando algo que ellos llaman el Plan Zamora, bajo esas premisas ellos actúan, y eso se ve tanto en la represión aplicada a las protestas como en las detenciones arbitrarias”.

Juzgar a civiles mediante Jurisdicción Militar viola el Art.261 de la Constitución: “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
También viola el Art.49-4: “(…)toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales(…). (@guti21)

 FUENTE: Revista ZETA Nº 2.098 – 12-05-2017

 

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Saldos de presos, muertos y heridos

Desde el 4 de abril al 1 de mayo, las cifras de muertos, heridos y detenidos arrojan un cuadro que tarde o temprano, colocará en el banquillo de acusados a los jefes que ordenaron la represión.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

Alfredo Romero, directivo del Foro Penal Venezolana informa que hay 1.664 personas arrestadas por protestar desde el 4 de abril hasta el 1 de mayo de 2017. Se mantienen 556 detenidos. 183 presos políticos (privados por orden judicial). Denuncia, ausencia absoluta del Estado de derecho en Venezuela. Y considera que la represión de manifestaciones opositoras “ya es generalizada y sistemática”.

En relación a la violación de los Derechos Humanos, dijo que el Foro Penal  está documentando los casos para posteriormente denunciarlo. Hizo un llamado a los funcionarios y efectivos de los cuerpos de seguridad: “no sean esclavos de la represión, ustedes son pueblo exactamente igual como el manifestante“.

Por su parte Gonzalo Himiob, directivo del FPV, enfatiza que “la persona que viola los Derechos Humanos puede ser perseguida aquí en Venezuela como en cualquier otro parte del mundo. El llamado es a los cuerpos de seguridad del Estado en particular a los funcionarios subalternos que reciben órdenes. Quizá mañana los van a olvidar y a ustedes los van a recordar como violadores de los Derechos Humanos“.

Un ejemplo de violación de DDHH es el caso del ciudadano  Máximo León que en una protesta pacífica en  Carabobo, recibió una bomba lacrimógena en la cara. “Las fuerzas de seguridad no solo están utilizando los gases para asfixiar sino para impactar al ciudadano con el disparo. Por esto, exhorto al Ministerio Público, a los tribunales y a la Defensoría del Pueblo a citar a los comandantes que dieron las órdenes”.

Los jóvenes cuando son detenidos por la GNB o por la PNB son sometidos a los más terribles maltratos inhumanos, son torturados, golpeados y vejados, en algunos casos hasta violados.

También destaca, que entre Chacao y el Rosal fue agredida con una bomba lacrimógena en la cara Yoliter Rodríguez, de 57 años, este 26 de abril.

En relación a los recientes asesinatos de jóvenes, Romero señala que “la responsabilidad no sólo es del ejecutor directo, sino también del Comandante que los dirige. Por ser funcionarios del Estado, los oficiales que comandan operaciones de agresión al pueblo deben rendir cuentas”.

Entre Chacao y el Rosal fue agredida con una bomba lacrimógena en la cara Yoliter Rodríguez, de 57 años, este 26 de abril.

Balance de la Fiscal General

En rueda de prensa la Fiscal General Luisa Ortega Díaz,  precisó que al 25 de abril la situación es: 26 personas fallecidas: 4 adolescentes y 22 adultos; 437 lesionados; 1.289 detenidos durante las protestas; 65 personas privada de libertad; de los arrestados 217 son presentados ante tribunales este 25 de abril.

Expresó la necesidad de que las actas policiales tengan el debido proceso, en este sentido La Fiscal refirió un caso que calificó de “anómalo”, ocurrido el 19 de abril, cuando funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a 38 personas en Nueva Esparta que fueron trasladados por el CICPC sin conocer la circunstancia de las actuaciones de los aprehendidos.

La Fiscal destacó que el CICPC notificó al Ministerio Público que tenía a esas personas detenidas, pero que el acta que entregaron “no narra las circunstancias del tiempo, modo y lugar en las que fueron aprehendidas las personas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es la conducta que desarrolló la persona para aprenderla?”. Advirtió que esos datos son “lo importante” de un acta policial debido a que la labor del fiscal no es atender la seguridad ciudadana ni el orden público ni las manifestaciones. Por consiguiente, la Fiscal solicitó “la nulidad de tal detención por carecer de sustento”.

“De pronto sí hay un delito. Pero vuelvo a insistir en el tema de las actas policiales“, dijo. “Incluso en los estados de excepción, uno de los pocos derechos que no se puede suspender es el del debido proceso, el 337 constitucional. Yo estoy obligada como Fiscal General a garantizar el debido proceso. El país necesita seguridad jurídica (…) Si la persona no cometió delito, no puede ser sancionada”.

Jóvenes asesinados

El 25 de abril en la mañana la Fiscal General dio un balance de los fallecidos, sumaban 26  personas. Al día siguiente, se reportaron otro 3 asesinatos: 1) Durante protestas pacíficas en Carabobo, Christian Humberto Ochoa Soriano de 22 años, según narra su padrastro Eleazar Guerra “un funcionario de la Policía de Carabobo, a pesar de que el joven se arrodilló con las manos en la cabeza y le dijo que se entregaba pero que no lo fuera a matar, el policía le apoyó la escopeta en la barriga y le disparó”.  2) En horas de la tarde del 26 de abril en Altamira,  Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años de edad, falleció por un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. 3) En la noche del 26, una salvaje arremetida de GNB, acabó con la vida  de un joven en el Barrio 22 de la Urb. Sucre en Barquisimeto.

 

Durante protestas pacíficas en Carabobo, Christian Humberto Ochoa Soriano de 22 años, según narra su padrastro Eleazar Guerra “un funcionario de la Policía de Carabobo, a pesar de que el joven se arrodilló con las manos en la cabeza y le dijo que se entregaba pero que no lo fuera a matar, el policía le apoyó la escopeta en la barriga y le disparó”.

 

En horas de la tarde del 26 de abril en Altamira, Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años de edad, falleció por un impacto de bomba lacrimógena en el pecho.

Al 27 de abril los fallecidos alcanzan la cifra de 29 personas asesinadas durante las protestas pacíficas de la oposición venezolana. Al 2 de mayo los asesinados pasan de 30.

De acuerdo a los expertos, la estrategia del gobierno es apagar “como sea” las manifestaciones. Y por tal razón activa el Plan Zamora 200, el cual dejó un saldo -en el primer día de su aplicación el 19 de abril en llamada “fase verde”- de más de 500 detenidos, tres muertos y cientos de heridos.

Periodistas detenidos

En Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, denunció en un comunicado que “en 25 días de protestas, se han presentados hechos que vulneran el derecho al trabajo y a la información.  90 reporteros y trabajadores de los medios han sido agredidos. 106 detenidos de manera ilegal durante la cobertura de los acontecimientos”. También informaron que el 50% de las detenciones contra periodistas y trabajadores de medios son practicadas  por la Guardia Nacional.

El 1 de mayo fueron detenidos dos periodistas de Vivo Play y los dos conductores de las motos donde se trasladaban. Fueron confiscados sus equipos como también las motos. Por unas horas no se supo el paradero de los profesionales,  pero sí hay testigos que hombres vestidos de negro con pasamontañas se los habían llevado.  Luego tarde en la noche,  fueron liberados.

“Silencio a la fuerza”

Por otra parte es importante destacar, las denuncias de Amnistía Internacional (AI),  organismo que ha tenido conocimiento y ha corroborado efectivamente la existencia de detenciones llevadas a cabo sin orden judicial y aun cuando la persona no esté cometiendo un delito in fraganti. Estas detenciones tienen como denominador común que la persona que es aprehendida por las autoridades estatales tiene una postura crítica o disidente de las políticas gubernamentales.

Las denuncias de detenciones arbitrarias en Venezuela para “acallar a la disidencia política”,  son recogidas en el informe “Silencio a la fuerza” que la ONG difundió este miércoles 25 de abril en México.

En este documento AI expone “las tendencias graves de violaciones de derechos humanos en cuestiones de las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Especialmente, aquellos casos en los que se afecta la integridad de las personas o se viola el debido proceso de diversas formas, demostrando que no hay independencia entre el sistema de justicia y el Poder Ejecutivo”.

El Foro Penal recomienda que si usted ha sido víctima de maltratos o torturas, has sido herido en protestas, comuníquelo al  http://foropenal.com   o al  0414 -2694287/ 0412 -5568211. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº2096 – 28-04-17 – Versión actualizada por el autor para la Web

Lacrimógenos vencidos son un delito

Se ha detectado en todo el país que las bombas de gas lacrimógeno utilizadas en la represión de la población, tienen fechas de vencimiento de hace 3, 5, 10 y hasta 15 años, lo que las convierte en cianuro y su uso está prohibido internacionalmente.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

Durante las manifestaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática en el mes de abril, la Guardia Nacional Bolivariana ha lanzado tanto en Caracas como en otras regiones del país bombas lacrimógenas que presentaban fecha de vencimiento de hace 3, 5, 10 y hasta 15 años, lo cual está prohibido en el marco regulatorio venezolano y en los protocolos internacionales.

El equipo químico de la Universidad Simón Bolívar, ha descubierto que el componente vencido de la bomba puede, con la humedad del aire, convertirse en ácido clorhídrico, en cianuro de hidrógeno o cianuro, lo que potencia los efectos tóxicos sobre la salud. El cianuro es un compuesto químico muy tóxico para el ser humano que en grandes concentraciones puede ser letal.

Por su parte, la doctora Nancy Martínez,  oftalmóloga  destaca  que no sólo se han utilizado lacrimógenas vencidas, lo peor es que han sido lanzadas como proyectiles desde helicópteros. Estás bombas lacrimógenas al caer sobre la cabeza, con la velocidad que se desplaza, es un arma letal. Puede producir fracturas de cráneo, hemorragias y daño cerebral.

Manifestantes auxilian al reportero Román Camacho cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena. 

La especialista precisa que “el gas lacrimógeno caducado puede provocar graves daños en pulmones y riñones y también en el corazón. Además el gas CR (agente lacrimógeno), aumenta el riesgo de sufrir un aborto al ser inhalado. Esta información es avalada por el Centro de Promoción de la Salud y de Medicina Preventiva del Ejército de Estados Unidos y La Convención de París sobre el uso de Armas Químicas de 1993.”

El gas CR es peligroso para la salud por sus altos niveles de cianuro que contiene y esto se incrementa, al estar vencidos. La exposición del ser humano a grandes concentraciones puede ocasionar complicaciones graves e incluso  la muerte.

Jóvenes en protesta pacífica resisten arremetida de la PNB con bombas lacrimógenas.

Detalla la especialista, que la irritación de los ojos y del aparato respiratorio se presenta entre los 15 a 60 segundos de la exposición. Entre los síntomas oculares se pueden presentar: fotofobia (molestia a la luz) blefaroespasmo (cierre de párpados con dificultad en la apertura), conjuntivitis química, edema en párpados. La inhalación ocasiona: sensación de quemadura en la nariz, dolor de garganta, tos y disnea (dificultad en respirar). En cuanto a la piel: Irritación dérmica, formación de vesículas y edema subcutáneo.

Recomienda Martínez ir preparados a las marchas: botella, preferible tipo spray, con 5 % de bicarbonato y el resto de agua, si se expone al gas rociar cara, boca y tragar. Una bomba lanzada contra manifestantes puede dejar ciega a una persona si impacta un ojo, así que el uso de lentes protectores es esencial. Cuando esté expuesto a los gases: parpadee de forma vigorosa para producir lágrimas que ayudará a limpiar los ojos y no se toque ni frote. (@guti21)

 

FUENTE: Revista Zeta Nº2096 – 28-04-17

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