Informe sobre las torturas de la ONU

Foto by EFE

Por Aída Gutiérrez H.

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, desde el 1 de abril al 15 de agosto han arrestado a 5.326 personas en el contexto de las protestas; continúan detenidas 1.048; y 655 civiles han sido presentados ante Tribunales militares de los cuales 389 quedan privados de libertad por la jurisdicción militar. A la fecha, suman 676 los presos políticos en el país.

La semana del 7 al 11 de agosto, no se registraron protestas de gran magnitud en el país, aunque se reportaron dos asesinatos.

El lunes 7 fue asesinado Eduardo Orozco (19), por  el impacto de un proyectil en la cabeza, mientras participaba en una manifestación en el sector Bellas Artes de Cabudure, estado Lara. De acuerdo a testigos que se encontraban en la manifestación, “funcionarios del Conas llegaron disparando hacia un grupo de jóvenes reunidos debajo del distribuidor Bellas Artes”.

También fue asesinado el domingo 6 de agosto, Ramón Rivas (51), dirigente de Avanzada Progresista, mientras funcionarios de seguridad reprimían una protesta en la redoma de Guaparo en Valencia, estado Carabobo

Reporte sobre represión al 31 julio

El FPV publicó su “Reporte sobre la represión del Estado en Venezuela”. Allí indica que desde el 1 de abril hasta el 31 de julio, 133 personas han fallecido en el contexto de las manifestaciones. De estas, 101 fueron asesinadas en manifestaciones. Al menos 4.000 heridos se han registrado y 5.051 personas han sido arrestadas arbitrariamente, siendo que sólo en julio se produjeron 1.414 detenidos.

Entre otros aspectos el informe señala, que se mantiene una reiterada y abusiva violación al debido proceso y el derecho a la defensa contra los detenidos por protestas, y se siguen ejecutando torturas y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos. Las denuncias de abusos sexuales y violación se han incrementado, mientras que las golpizas y humillaciones cuando las personas son detenidas ya se han hecho sistemáticas.

ONU denuncia torturas en Venezuela

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció, que las fuerzas de seguridad venezolanas,  del gobierno de Nicolás Maduro, han maltratado y torturado de forma generalizada, sistemática y arbitraria a los manifestantes y detenidos opositores, en el transcurso de las protestas en los últimos meses.

“Hemos recibido informes creíbles de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura”, declaró en rueda de prensa el 8 de gosto, la portavoz de este organismo, Ravina Shamdasani.

El Alto Comisionado para los DDHH presentó estas conclusiones en un informe elaborado a partir de 135 entrevistas realizadas a distancia, concretamente desde Ginebra y Panamá, debido a que el gobierno de Maduro se negó a permitir el acceso a Venezuela de este órgano de las Naciones Unidas.

Entre las torturas denunciadas por los testigos figuran choques eléctricos, palizas con cascos y porras a detenidos esposados, prácticas como colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados o asfixiarlos con gases, así como abusos sexuales y amenazas de muerte tanto a los detenidos como a sus familiares. Durante los disturbios, además, denuncian el uso por parte de las fuerzas de seguridad de cartuchos de gas lacrimógeno disparados a corta distancia y el empleo de canicas, perdigones, tuercas y tornillos como munición.

Sus conclusiones evidencian que el aparato gubernamental ha aplicado un “patrón evidente” de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes opositores. El documento señala principalmente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales como autores de la mayor parte de estos abusos.

De acuerdo con los relatos de manifestantes y testigos recogidos por el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, estas  fuerzas de seguridad (GNB y PNB) usaron “sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones”. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta N° 2.111 / 11 de agosto de 2017

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