Informe sobre represión del gobierno venezolano

Por Aída  Gutiérrez H / (@guti21)

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV), al 30 de octubre se registran 380 presos políticos a nivel nacional. Al respecto, recientemente esta ONG publicó el Informe sobre la Represión del Estado en Venezuela a septiembre del 2017.

Indica el informe, 136 fallecidos dentro del contexto de las protestas, desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 2017. Es importante destacar, el caso del concejal de Guasdualito, estado Apure, Carlos Andrés García, quien falleció el 17 de septiembre, tras presentar complicaciones de salud que no fueron atendidas y a quien el tribunal que llevaba su causa, le había otorgado una medida de arresto domiciliario días antes de su deceso, que no fue acatada por el SEBIN.

Al menos 53 presos políticos presentan situaciones de salud graves que no están siendo atendidas por médicos especialistas, lo que podría empeorar las patologías de estas personas y hasta traer como consecuencia la muerte de alguno de ellos.

El número de arrestos arbitrarios desde el 1º de abril hasta el 30 de septiembre fue de 5.376. Los ciudadanos civiles procesados en la jurisdicción militar, violando su derecho al juez natural fueron 751 entre los meses de abril a septiembre. De ese número total, 550 personas fueron privadas de su libertad formalmente por tribunales marciales. De éstas, a la fecha de conclusión de este informe, 265 (civiles procesados por tribunales militares) se mantienen detenidas.

Estudiantes de la UPEL

Es de notar el caso de 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) quienes fueron detenidos desde el día 2 de julio de 2017. El 27 de septiembre, luego de haber transcurrido 2 meses y medio de su detención, fue celebrada la audiencia preliminar ante la jurisdicción militar penal del estado Aragua.

El tribunal militar les otorgó medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad a estas 27 personas, por lo que debían ser liberadas de inmediato, sin embargo, continuaron aprehendidos y trasladados a la sede de la Policía del estado Aragua hasta el día 28 de septiembre, cuando fue celebrada de nuevo su audiencia, esta vez, ante la jurisdicción penal ordinaria, que tuvo como resultado que a 22 de ellos les fuera otorgada libertad bajo medidas cautelares (pese a que el Ministerio Público había solicitado su libertad plena y el sobreseimiento de dichas causas) y a cinco les fue dictada medida privativa de la libertad.

Los 5 estudiantes que quedaron privados de libertad fueron: Brigitte Herrada, Alex González, Boris Quiñonez, Michael Sosa y Keni Colmenares, quienes fueron enviados a la cárcel “26 de Julio” en San Juan de los Morros (estado Guárico) como centro de reclusión.

El FPV, denuncia en el informe que “con este tipo de prácticas se pone en evidencia una vez más la violación del derecho constitucional al debido proceso de los detenidos”.

Sobre este particular, el más reciente “Informe sobre la persistente crisis en Venezuela”, presentado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, de fecha 25 de septiembre de 2017, hace referencia y confirma que en el país se viola el debido proceso y el derecho a la defensa de los detenidos.

Se lee en el informe de la OEA: “Se observó la persistencia en el sistema de justicia y en los cuerpos de seguridad en el incumplimiento de las órdenes de excarcelación. El SEBIN, particularmente, incurre en este tipo de irregularidades con mayor notoriedad. También se mantiene la denegación de atención médica adecuada a los detenidos, que se ha utilizado como mecanismo de tortura y trato cruel, inhumano o degradante, no solo por parte de los cuerpos policiales custodios, sino en muchos casos por parte de los tribunales que llevan algunas causas, al no emitir las órdenes para los respectivos chequeos médicos o para sus traslados a centros asistenciales.”

Detenciones arbitrarias

El informe del FPV denuncia que la encarcelación sistemática con fines políticos y como herramienta de castigo, es aplicada por el Estado a través de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y de los órganos de administración de justicia, contra los ciudadanos en general y muy particularmente, contra aquellas personas consideradas por el Gobierno como opositoras, tal y como se ha venido denunciando.

Desde el 1 de abril al 30 de julio, 5.376 personas fueron arrestadas arbitrariamente durante las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Al respecto, la investigación de la ONG precisa las siguientes cifras:

– 5.376 personas fueron arrestadas arbitrariamente desde el 1º de abril hasta el 30 de septiembre de 2017.

– 498 personas continuaban detenidas arbitrariamente en diversos centros de reclusión en toda Venezuela, a la fecha 30 de septiembre de 2017.

– 11.921 personas fueron detenidas arbitrariamente desde enero del año 2014 hasta el 30 de septiembre de 2017.

– 7.023 personas fueron sometidas a investigaciones penales y se encuentran con medidas cautelares, para la fecha culminación de este reporte.

Continua el informe: “Particularmente entre los meses de agosto y septiembre de 2017 fueron arrestadas arbitrariamente 185 personas. Se evidenció un descenso de este tipo de arrestos en comparación con meses anteriores. Esto debido a la significativa disminución en las convocatorias a protestas de calle, lo que una vez más refleja una conexión entre las manifestaciones y los arrestos, claramente arbitrarios, como mecanismo de represión”.

Explica el estudio que las cifras anteriores, ponen de manifiesto la notoria sistematicidad de este tipo de arrestos, así como también el grupo específico de personas que fueron detenidas por los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, sin que estas estuvieran cometiendo delito alguno, como una forma de persecución contra un grupo determinado de personas, ya que ocurrieron durante el desarrollo de manifestaciones y protestas de tendencia opositora al gobierno de Venezuela.

Fuente: Revista Zeta del 3 de noviembre 2017. 

NOTA: Artículo ampliado y editado el autor.

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