“Quieren impedir que el MP abra averiguaciones a los militares”

Dr Román Duque Corredor

Por Aída Gutiérrez H. /@guti21

“Contra la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz no hay un Antejuicio de Mérito, sino un juicio anticipado sin derecho a defenderse, con violación de reglas fundamentales que rigen la garantía del debido proceso”, así lo expresa el Exmagistrado Román Duque Corredor en respuesta a las medidas cautelares que declaró el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la alta funcionaria.

A la Fiscal le prohíben la salida del país y enajenar los bienes, también le congelan sus cuentas. Al respecto el jurista explica: “Se trata de un Antejuicio y no de un juicio, la medida de esta naturaleza solo se dicta si hay un juicio ya iniciado. De manera que el TSJ está cometiendo una violación gravísima al derecho al debido proceso y a la defensa”.

-Además –continua- el Código Orgánico Procesal Penal establece que en los tramites de los Antejuicios de Mérito a un funcionario, se debe aplicar la regla del proceso ordinario, los jueces no pueden dictar medidas cautelares contra ninguna persona sin que no hubiera juicio en contra. El Antejuicio es una formalidad para determinar si se abre un juicio, pero no es un juicio.

Por otro lado, en la sentencia 470 publicada el 27 junio, el TSJ indica que: “la Defensoría del Pueblo tiene amplias competencias de actuación las cuales no son sólo preventivas sino también de acción y reparación”.

Al respecto, Duque Corredor considera que “el TSJ está inmerso dentro de un plan de desestabilización del Estado de Derecho, porque si existiera Estado de Derecho la Sala Constitucional debería ser la guardiana de la Constitución y no su destructora”. Explica que la Constitución es muy clara en qué funciones tiene el Ministerio Público (MP) y qué funciones tiene la Defensoría del Pueblo

-El MP es un órgano de sistema de justicia, por lo tanto es a él que corresponde únicamente el ejercicio de la acción penal y eso implica las averiguaciones previas y posteriormente, las acusaciones ante los tribunales penales en el supuesto que hubieran llegado a concluir que se cometió un delito. De manera que la Defensoría del Pueblo no es defensora, ni tampoco pudiera ser juez, es investigadora y  preparatoria del juicio penal.

-Las investigaciones que puede realizar el Defensor del Pueblo se refieren a las violaciones de los derechos humanos.

-El TSJ quiere sustituir al MP, que tiene una aptitud crítica contra las violaciones del Estado de Derecho y que está sosteniendo que el gobierno junto al TSJ, están cometiendo un golpe de estado continuado, para que el Defensor del Pueblo asuma la investigación de aquellos delitos que han podido cometer funcionarios militares y policiales.

A juicio del académico, quieren impedir que el MP abra averiguaciones a los militares que han violentado los derechos humanos.

En relación a lo expresado por Nicolás Maduro: ”si no es con votos es con armas”, dijo que “es uno de los crímenes más graves, porque se está atentando contra la población civil que ejerza su voto en contra del gobierno. Evidentemente es un crimen que tarde o temprano tendrá que ser juzgado en la Corte Penal Internacional”.

FUENTE: El Nuevo País, domingo 2 de julio de 2017

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El Defensor del Pueblo debe ser la voz de las víctimas

Gabriela Ramírez, ex Defensora del Pueblo

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

La ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, considera que la vocería por parte de las víctimas de la represión en las protestas de la oposición, “la debe asumir el Defensor del Pueblo, porque tiene esa obligación, tiene ese mandato”.

-¿Qué  hemos visto en los últimos días? – se pregunta y responde-, al Defensor enfrentado a la Fiscal, colocándose del lado del gobierno y mientras, las víctimas están desamparadas.

-Debe impulsar la investigación, reunirse con la Fiscal porque él es quien va a defender a las víctimas para obtener justicia. Las acciones del Defensor no son vinculantes, pero él sí podría impulsar frente al Ministerio Público la agilización de las investigaciones.

-En el caso específico de Los Verdes en El Paraíso, la forma cómo esos funcionarios entraron, no fue un allanamiento, fue una incursión en un edificio lleno de familias, no se puede interpretar como un allanamiento.

-En los últimos días las propias concentraciones han sido repelidas con gas, entonces la gente ni siquiera se puede concentrar y adicionalmente, vimos el día lunes (19junio) tres funcionarios de la GN violando la Constitución, con armas de fuego en una concentración. Estas situaciones deben ser reclamadas y expresadas a viva voz por el Defensor del Pueblo.

-Tengo entendido por declaraciones del propio ministro Reverol que esos funcionarios están privados de libertad, aunque hay que definir cuál de ellos específicamente fue quien mató a Fabián. Como muy bien lo dijo la Fiscal, eso ya no es “uso desproporcionado de la fuerza” sino  homicidio, y cuando lo comete un funcionario, es violación de los derechos humanos.

Refiere que muchas de las investigaciones de los detenidos en las protestas, “han sido conducidas a través de la jurisdicción militar lo cual no es lo idóneo y también es violatorio de los derechos humanos de los civiles”.

-Una acción noble del Defensor del Pueblo sería, en este momento, un amparo contra la jurisdicción militar, para que se restituyan los juicios a través del juez natural en personas civiles.

-Así el Defensor estaría mostrando  que está al lado de las víctimas más vulnerables y de la importancia de que la justicia tome su cauce, quizás de pronto a él no le gusta la Fiscal en lo personal, pero en lo institucional siempre hemos dicho que debemos hacer lo correcto.

Por otro lado, el pasado 31 de mayo Ramírez renunció a su cargo como asesora de la consultoría jurídica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por no apoyar la decisión del Ejecutivo de convocar una Constituyente sin consultar previamente al pueblo venezolano.

“Rechazo la Constituyente porque poder constituido no forma poder constituyente, esa Asamblea no tiene ese carácter y no tendría la facultad de redactar una nueva Constitución, ni tampoco las personas que resulten electas en ese proceso tendrían la facultad de hacer cesar  los demás poderes, porque no es el mandato del pueblo, y eso lo vicia de ilegalidad e inconstitucional”, expresa Ramírez en entrevista exclusiva con El Nuevo País.

La Fiscal y el TSJ

Preguntamos su opinión sobre el juicio que pretende iniciar el TSJ contra La Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

-El TSJ lo puede iniciar pero previa autorización de la Asamblea Nacional, y eso no ha ocurrido, y como no tiene la autorización de la plenaria de la AN, si se produjera esa destitución, estarían disolviendo los poderes sin legalidad.

-El TSJ no puede pagarse y darse el vuelto –prosigue Ramírez-, son mecanismo de protección a las instituciones, que confluyan dos o más poderes cuando se están hablando de sustituir a una autoridad del Estado, por ejemplo en el caso de un magistrado, primero debe ser sancionado moralmente por el Consejo Moral Republicano y después la AN aprueba esa destitución, como Velázquez Alvaray en su momento.

-Quiere decir que es un mecanismo de protección de la Constitución, porque cuando hablas de un funcionario de esa envergadura hay que protegerlo. Entonces el TSJ no  solamente va a violar la ley, sino va a violar el espíritu constitucional.

FUENTE: El Nuevo País – 25 de junio 2017

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PARTE DE GUERRA al 25 de mayo 2017

Las cifras de detenidos lesionados y asesinados en Venezuela, desde el 1 de abril al 25 de mayo 2017.

Por Aída Gutiérrez H / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) desde el 1 de abril al 24 de mayo, registraron  2.815 arrestos por protestas, 1.240 permanecen aún detenidos. 341 fueron presentados ante tribunales militares  y  178 quedaron a la orden de la justicia militar. Asimismo, han calificado 297 presos políticos, al 1 de abril 2017 había sólo 117.

En relación a los caídos desde el 1 de abril al 24 de mayo, Alfredo Romero informa que FPV registra 64 personas fallecidas, de las cuales 45 fueron asesinadas directamente en protestas es decir, por represión. 13 por presuntos saqueos; y 6 por barricadas. Estas muerte se localizaron en: Miranda 3; Caracas 21; Carabobo 8; Lara 5; Zulia 2; Táchira 9; Mérida 4; Trujillo 1; Barinas 11.

Cifras del Ministerio Público

Por su parte, el miércoles 24 de mayo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa expuso el balance de muertos, detenidos y lesionados durante las protestas desde el 6 de abril.

“55 personas fallecidas, de las víctimas 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo hemos registrado un total hoy de 1.000 lesionados, de los cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares”, expresó la Fiscal.

Sobre los detenidos en las manifestaciones precisó: “Hemos iniciado 1.475 investigaciones: 1.329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. En materia de delitos comunes, los fiscales han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, hurto, robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, entre muchos otros delitos. De estas personas solamente 284 han sido privadas de libertad”

También refirió los grupos civiles armados, en este sentido destacó el caso de unos estudiantes que estaban manifestando “de forma pacífica” en un liceo de La Pastora, a lo cual expresó: “Llegaron grupos civiles a amenazarlos con pistolas. Si hay una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados. Es necesario el desarme de la población. Nosotros tenemos 16 investigaciones abiertas contra grupos civiles armados al margen de la ley. Y preocupa la proliferación de estos grupos”.

La acción criminal de los colectivos armados va acompañada con el amparo de la PNB y GN.

En relación a los juicios militares Ortega Díaz dijo: “Hemos solicitado la declinatoria de la competencia a la justicia ordinaria de dos casos que cursan en la justicia militar: uno en el estado Nueva Esparta y otro en Zulia. El día de hoy vamos a presentar un amparo por abstención de uno de estos tribunales a negarse a pronunciarse. No ha habido el pronunciamiento debido. Asimismo dirigimos una comunicación a la Fiscal General Militar para que nos informara al Ministerio Público el número de procesos y detenidos. Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas. Nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.”

La Fiscar Ortega Díaz sentenció que llevar civiles ante tribunales militares, viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.

La Fiscal también confirmó que Juan Pernalette fue asesinado por una bomba lacrimógena de GN.

Al cierre

El miércoles 24 de mayo se confirmó la muerte en protesta pacífica de dos jóvenes: Augusto Puga (22) en Ciudad Bolívar, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente falleció tras recibir un impacto en la cabeza durante una represión policial a manifestantes opositores.

Augusto Pugas (22), estudiante de enfermería, asesinado de un tiro en la cabeza.

Adrián Duque (24) recién egresado como Contador Público de la Universidad José Gregorio Hernández en Maracaibo, según testigos cuando escapaba de una tanqueta que iba a gran velocidad persiguiendo a un grupo de jóvenes, perdió el equilibrio y cayó al pavimento, allí fue víctima de un disparo de un presunto guardia nacional, sus compañeros que lograron salvarse no pudieron rescatarlo porque los guardias lo impedían. Con estos asesinados, según la cuenta del Ministerio Público, daría un total de 57 fallecidos. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº 2100 – 26-05-2017

No investigan al violador sino a la juez Afiuni

Las reacciones de las autoridades ante la aparición de que la juez María Lourdes Afiuni ha sido víctima de una violación en el INOF, son que la persona por investigar y eventualmente acusar es ella, no los que la agredieron. Estos son los detalles.

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. (@guti21)

María Lourdes Afiuni, cuando se encontraba recluida en el INOF.

María Lourdes Afiuni, cuando se encontraba recluida en el INOF.

El caso de la juez María Lourdes Afiuni, detenida desde hace casi 3 años por una decisión que despertó la condena internacional, vuelve a la palestra pública  por la publicación de un libro donde confiesa que fue violada en elInternado Nacional de Orientación Femenina (Inof).

Las penurias vividas  en prisión fue contado por la propia jueza al periodista Francisco Olivares, para la obra Afiuni. La Presa del Comandante”

La magistrada  destapa el caos de la única cárcel de mujeres, que tampoco se salva de la crisis penitenciara, marcada por la anarquía y el  hacinamiento.

Revela en el libro agresiones, existencia de pranes y hasta abuso sexual. En lugar de investigar las denuncias, las autoridades quieren demandarla por difamación.

Afiuni narra como fue agredida y violentada, mientras las autoridades del penal, responden llamándola mentirosa y amenazando con denunciarla por vilipendio.

El gobierno quiere lavarse las manos

Semejante drama causó rechazo en todos los sectores de la vida nacional del  país, menos en el gubernamental.

Refiere una nota de prensa del Ministerio de Prisiones que la Directora de la Región Centro –Occidental del Mppsp y directora del Inof durante los años 2009 y 2011, Isabel González,  declaró: “Somos los primeros interesados en que se aclare esta situación e informamos que solicitaremos el inicio de un procedimiento penal, civil y administrativo por difamación e injuria”.

Por su parte, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aclaró que el Ministerio Público no realiza ninguna investigación sobre la presunta violación de la jueza María Afiuni, durante su reclusión en el Inof.

“El Código Orgánico Procesal Penal (Copp) señala en el artículo 26 referido a los delitos enjuiciables establece que esos delitos proceden a la investigación cuando lo requiere la parte afectada”, dijo.

Al respecto,  Ivette Lugo, presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, y Tamara Suju, presidenta de la organización Nueva Conciencia Nacional, fueron al Ministerio Público para solicitar formalmente que se inicie la investigación de la violación de la que fue víctima Afiuni .

-A la fiscal Luisa Ortega Díaz le aclaramos que es un error decir que Afiuni tiene que denunciar. El Ministerio Público tiene que proceder de oficio porque además los hechos sucedieron dentro de una cárcel, donde Afiuni estaba bajo la custodia del Estado, señala Lugo.

“La fiscal sólo lee lo que le interesa: Recuerde, fiscal, que el Código Penal dice que cuando ese delito es cometido contra una persona que está bajo la tutela de un órgano público, se debe proceder de oficio”, precisa la dirigente gremial.

El artículo 379 del Código Penal, refiere Lugo, establece que en los casos de violación se procederá de oficio “si el hecho se hubiere cometido con abuso del poder paternal o de la autoridad tutelar o de funciones públicas”.

El penalista Alberto Arteaga, que también estuvo en la Fiscalía, explicó que en el artículo 95 la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece que la violencia sexual contra una mujer es un delito de acción pública.

La violencia psicológica, el hostigamiento, la amenaza, el acoso sexual, la violencia laboral y la ofensa pública por razones de género son los delitos que según dicho artículo, deben ser denunciados para poder investigarlos.

Las denunciantes también consignaron un ejemplar del libro en el que Afiuni indica que la violaron.

“El presidente es culpable de lo sucedido”

La familia de la juez Afiuni, no supo hasta ahora de las penalidades por las que paso. “Por recomendación de psiquiatras se optó por no revelar algo que al ventilarse públicamente se convierte en una segunda violación, pero de lo cual sabía hasta el mismo Chávez. El presidente es el culpable de lo sucedido”, asegura el abogado defensor de la jueza José Amalio Graterol.

Afiuni, de 46 años, fue detenida el 10 de diciembre de 2009 acusada de facilitar la fuga del país, presuntamente ese mismo día, de Eligio Cedeño, un empresario crítico de la política de Chávez, que llevaba tres años detenido sin juicio bajo el cargo de efectuar operaciones cambiarias ilegales.

Chávez aseguró el 11 de diciembre de 2009 que Afiuni era una “bandida” que se había aliado a abogados, alguaciles y secretarias del tribunal que dirigía para facilitar la fuga del banquero y empresario Eligio Cedeño.

Chávez remarcó entonces que Afiuni debía ser condenada a la pena carcelaria mayor, que en Venezuela es de 30 años de presidio.

Tras su paso por el Inof, la jueza pasó a arresto domiciliario en febrero de 2010, con presentación semanal a los tribunales y prohibición de dar declaraciones a la prensa.

Según el relato de la jueza a Olivares, fue “abusada sexualmente en la cárcel”. También que fue víctima de otras presas que le propinaron golpizas y la atacaron con armas blancas.

“A mí me sacaron el útero, pero me encontraron seis miomas. Yo tuve una pérdida en el penal”, dice la jueza en el libro, donde sostiene que Chávez estaba al tanto de la situación, no así su familia.

El abogado destaca que ahora Venezuela al ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU está en la obligación de acatar las resoluciones de ese organismo.

Precisa también, que corresponde a la Fiscalía iniciar una investigación, al ser ahora un hecho público, notorio y comunicacional.

Dice estar “a la espera de que los organismos del Estado se muevan en torno a la investigación” en la que deberían “desengavetar la denuncia hecha el 8 de noviembre de 2010 contra la entonces directora del penal por maltrato al detenido y omisión de socorro”.

Graterol afirma que el silencio mantenido en torno a estos hechos fue decidido por los defensores en virtud de recomendaciones de psiquiatras, pero que el presidente Hugo Chávez tenía conocimiento de la situación a través de comunicaciones privadas que se le hicieron llegar y de las que consta fueron recibidas.

El abogado exhorta a la Defensoría del Pueblo “a que se dirija al INOF y clausure la sala de castigo denominada El Tigrito”, por cuanto su uso sería violatorio de los derechos humanos de las internas.

Mientras, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, desestimó  las denuncias de abuso contra la jueza Afiuni en el Inof.

“Eso que ella ha escrito, relatado supuestamente a su abogado, es una vil patraña, donde además se da el lujo de señalar que el Presidente estaba al tanto de estos abusos”, señaló Varela.

Graterol, ha insistido en las últimas semanas que a pocos días de cumplirse tres años de la detención de Afiuni y tras un año y siete meses del inicio de un juicio que no avanza, porque su defendida optó por no presentarse ante quienes acusa de obedecer órdenes de Chávez, la “única esperanza” apunta a un indulto presidencial.

“Pranes femeninos”

La crisis de violencia, caos, hacinamiento y corrupción penitenciaria parecía no haber llegado al INOF. Las revelaciones de Afiuni sin embargo hacen que ese penal no se aleje tanto de la realidad de los que dominan los pranes.

En el INOF caben 350 reclusas pero conviven más de 900, en evidente hacinamiento. Allí, según Afiuni cuenta en el libro, el control lo ejerce el grupo llamado “Las Machitos”, favorecidas por concesiones de la dirección del penal.

De acuerdo a Carlos Nieto Palma, de la ONG Una Ventana a la Libertad, “hasta hace poco allí no se apreciaba la figura de los pranes femeninos, pero desde hace ya hace 4 o 5 meses, están configurándose figuras similares”.

“La corrupción está presente en todas las cárceles, y la de mujeres no escapa de eso, aunque no está tan acentuada como las cárceles de hombres”, señala Nieto Palma.

A nivel internacional

La International Bar Association (IBA), una asociación mundial de abogacía, ejerce desde hace seis meses de observadora internacional del juicio, que está previsto que se reanude el próximo 28 de noviembre, sin la presencia de la acusada.

El 10 de diciembre de 2013 terminará el plazo en el que la jueza puede permanecer en prisión preventiva, una opción que puede prorrogarse.

Organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de la magistrada alegando que en este caso hay una “indebida interferencia política” por parte del Ejecutivo.

“CORRUPCIÓN ESPIRITUAL”

En febrero de 2011 entrevisté a la jueza Afiuni, cuando se encontraba recluida en el INOF. Ese día, me traslade a casa de la familia para conversar con la madre e hija de la doctora y desde allí, se logró un contacto telefónico con Afiuni. A continuación transcribo el desconcierto de  ella por el delito de “corrupción espiritual” que le habían adosado:

“A mi me revisaron hasta los pulmones y no consiguieron nada. Invocaron algo que se llama “corrupción espiritual” que no existe en nuestra legislación venezolana. Esa es una teoría que existe,  pero que aquí en Venezuela jamás se ha fijado y de hecho ninguna ley, ni la ley contra la corrupción la tiene contemplada como delito. A mi me están aplicando un artículo que es corrupción, que se supone es para quien recibe un dinero, promesa a cambio de irse. Pero cuando la Fiscalía dice no hay dinero, no hay promesa y habla de la “corrupción espiritual” es lo que ha sorprendido a todas las instancias internacionales, cuando siguen la audiencia preliminar y escuchan que la fiscal dice: “Bueno…este… no hay dinero, no hay promesa, pero hay corrupción espiritual…”   se sorprenden, porque ¿cómo puede haber un soborno sin dinero? no puede haberlo y sin promesa y sin contacto. Entonces ¿cómo puedo ir a juicio y demostrar mi inocencia en una corrupción espiritual? Será que tengo que llevar un sacerdote, un exorcista, no entiendo, ¿es mi alma la que está supuestamente corrupta? ¿cómo demuestro eso?”

FUENTE: Revista Zeta Nº1881 – 30-11-12