Sistemáticamente disparan a los ojos

 

Por AIDA GUTIERRÉZ  H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, desde el 1 de abril al 15 de agosto han arrestado a 5.326 personas en el contexto de las protestas; continúan detenidas 1.048; y 655 civiles han sido presentados ante Tribunales militares de los cuales 389 quedan privados de libertad por la jurisdicción militar. Desde enero de 2014 hasta el 17 de agosto suman 1.213 presos políticos en el país.

En relación a los fallecidos, la versión oficial del Ministerio Público registra 121 personas  muertas. Según un registro extraoficial realizado por Runrun.es hasta el 13 de agosto, murieron 157 personas durante protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y los saqueos principalmente por hambre.

Disparan a los ojos

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), realizó una investigación donde se pudo comprobar que durante 93 días, las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron a los ciudadanos en las protestas, disparándoles directamente a los ojos.

El informe precisa, que 22 personas fueron heridas con disparos certeros a los ojos durante la represión en las manifestaciones que se realizaron en Mérida, entre el 25 de abril y el 27 de julio de este año, contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Según indica la investigación, los disparos fueron con cuerpos metálicos como balas, perdigones y balines y municiones modificadas con objetos como trozos de cabilla.

Advierte el informe del ODH-ULA que “disparar a los ojos es un nuevo patrón de actuación de las fuerzas del Estado que viola el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional”.

También señala el estudio, que al menos una persona fue atacada en los ojos cada cuatro días, generándole así traumas oculares sobre todo a jóvenes ya que la edad promedio de las personas afectadas es de 23 años, siendo el 95,45% hombres y el 4,55% mujeres.

Destaca, que solo en la ciudad de Mérida se registraron 36,36% de los casos de disparos a los ojos.

Estudiantes presos con paludismo

27 estudiantes arrestados en Maracay el 4 de julio, y tras una audiencia de presentación de 10 horas,  un tribunal militar los imputó por los delitos de instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Violación de zona de seguridad y destrucción de fortaleza. Su lugar de reclusión fue El Dorado.

Desde el pasado domingo se conoció que algunos de ellos padecían paludismo, ciertamente los familiares de los recluidos confirmaron los síntomas de esa enfermedad. Los estudiantes más delicados de salud son José Saldivia y Alex González, quienes al día de hoy (17 de agosto) no han sido atendidos por ningún médico.

La denuncia la hizo Dimas Rivas, coordinador del Foro Penal Venezolano en Bolívar, quien destacó que los familiares imploran el traslado de los jóvenes a Maracay para que sean tratados. Informó que uno de los muchachos presos, logró comunicarse con familiares y dijo que los mismos habían convulsionado. Unos exámenes que le realizaron salieron positivos de paludismo.

Por su parte, Luis Andrés García, miembro de la FCE UPEL Miranda, expresó: “Exigimos que sean atendidos de manera inmediata, no se pueden seguir violando derechos humanos a los presos de conciencia del régimen, hemos vuelto al siglo XIX donde proliferan enfermedades que habíamos creído erradicadas”.

Asegura García  que “hay muchas trabas en la cárcel de El Dorado para el acceso a medicinas, alimentos e insumos”. Exige que se le hagan llegar los medicamentos necesarios para la cura de la enfermedad que están padeciendo. Destaca que esta no es la primera ocasión que los estudiantes presentan problemas de salud, por ejemplo, debido a la ingesta de comida descompuesta se han afectado del estómago y no se ha permitido el acceso a medicamentos. (@guti21)

FUENTE N° 2.112 / 18-08-17

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Informe sobre las torturas de la ONU

Foto by EFE

Por Aída Gutiérrez H.

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, desde el 1 de abril al 15 de agosto han arrestado a 5.326 personas en el contexto de las protestas; continúan detenidas 1.048; y 655 civiles han sido presentados ante Tribunales militares de los cuales 389 quedan privados de libertad por la jurisdicción militar. A la fecha, suman 676 los presos políticos en el país.

La semana del 7 al 11 de agosto, no se registraron protestas de gran magnitud en el país, aunque se reportaron dos asesinatos.

El lunes 7 fue asesinado Eduardo Orozco (19), por  el impacto de un proyectil en la cabeza, mientras participaba en una manifestación en el sector Bellas Artes de Cabudure, estado Lara. De acuerdo a testigos que se encontraban en la manifestación, “funcionarios del Conas llegaron disparando hacia un grupo de jóvenes reunidos debajo del distribuidor Bellas Artes”.

También fue asesinado el domingo 6 de agosto, Ramón Rivas (51), dirigente de Avanzada Progresista, mientras funcionarios de seguridad reprimían una protesta en la redoma de Guaparo en Valencia, estado Carabobo

Reporte sobre represión al 31 julio

El FPV publicó su “Reporte sobre la represión del Estado en Venezuela”. Allí indica que desde el 1 de abril hasta el 31 de julio, 133 personas han fallecido en el contexto de las manifestaciones. De estas, 101 fueron asesinadas en manifestaciones. Al menos 4.000 heridos se han registrado y 5.051 personas han sido arrestadas arbitrariamente, siendo que sólo en julio se produjeron 1.414 detenidos.

Entre otros aspectos el informe señala, que se mantiene una reiterada y abusiva violación al debido proceso y el derecho a la defensa contra los detenidos por protestas, y se siguen ejecutando torturas y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos. Las denuncias de abusos sexuales y violación se han incrementado, mientras que las golpizas y humillaciones cuando las personas son detenidas ya se han hecho sistemáticas.

ONU denuncia torturas en Venezuela

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció, que las fuerzas de seguridad venezolanas,  del gobierno de Nicolás Maduro, han maltratado y torturado de forma generalizada, sistemática y arbitraria a los manifestantes y detenidos opositores, en el transcurso de las protestas en los últimos meses.

“Hemos recibido informes creíbles de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura”, declaró en rueda de prensa el 8 de gosto, la portavoz de este organismo, Ravina Shamdasani.

El Alto Comisionado para los DDHH presentó estas conclusiones en un informe elaborado a partir de 135 entrevistas realizadas a distancia, concretamente desde Ginebra y Panamá, debido a que el gobierno de Maduro se negó a permitir el acceso a Venezuela de este órgano de las Naciones Unidas.

Entre las torturas denunciadas por los testigos figuran choques eléctricos, palizas con cascos y porras a detenidos esposados, prácticas como colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados o asfixiarlos con gases, así como abusos sexuales y amenazas de muerte tanto a los detenidos como a sus familiares. Durante los disturbios, además, denuncian el uso por parte de las fuerzas de seguridad de cartuchos de gas lacrimógeno disparados a corta distancia y el empleo de canicas, perdigones, tuercas y tornillos como munición.

Sus conclusiones evidencian que el aparato gubernamental ha aplicado un “patrón evidente” de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes opositores. El documento señala principalmente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales como autores de la mayor parte de estos abusos.

De acuerdo con los relatos de manifestantes y testigos recogidos por el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, estas  fuerzas de seguridad (GNB y PNB) usaron “sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones”. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta N° 2.111 / 11 de agosto de 2017

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Parte de guerra al 1 de agosto

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV), desde el 1 de abril al 31 de julio han arrestado a 5.051 personas  de las cuales 1.383 continúan aun detenidas; 527 civiles fueron presentados ante tribunales militares. Tan sólo el 30 de julio fueron detenidos 96 ciudadanos a nivel nacional.

Según el  FPV la cifra de los presos políticos se elevó a 620 al 1 de agosto. Al respecto, el Secretario general de la OEA, Luis Almagro escribió en su cuenta Twitter: “Certificamos lista actualizada de Foro Penal sobre presos políticos en Venezuela. Son 620. Aumento dramático en los últimos días”.

En cuanto a la cifra de heridos y muertos, de acuerdo al  Ministerio Público al 31  de julio, es de 121 personas fallecidas y 1.958 lesionadas en el marco de las protestas desde el 1 de abril.

Por su parte el FPV, reporta 130 muertos de los cuales, 99 fueron asesinados en protestas y 31 en otras circunstancias. Es importante destacar, que el FPV registra 16 muertes solamente entre los días 29 y 30 de julio a nivel nacional.

 El violinista torturado

Wuilly Arteaga, el violinista venezolano convertido en un símbolo por tocar el Himno Nacional durante las protestas, fue detenido por funcionarios de la GNB, durante la tarde del jueves 27 en el paro cívico convocado por la MUD.

Anteriormente habría sido herido por la GN el pasado 22 de julio, durante una represión a manifestantes que marchaban por Bello Campo.

Wuilly, a pesar que la GN lo hirió el 22 de julio regresó a las calles a tocar su violín, fue cuando lo arrestaron y torturaron. Aún está preso y con poco apoyo de la gente.

Alfredo Romero director del FPV, informó que “sufrió agresiones importantes luego de que fuera detenido por  funcionarios de la GN. Le quemaron el cabello con un yesquero. Recibió un golpe muy fuerte que no le permite oír del lado derecho”.

Romero indicó que a Wuilly le quitaron el violín y le pegaron con el instrumento al momento de su detención, además de que  lo confiscaron. Calificó como  arbitraria la detención del violinista.

Luego de ser presentado en tribunales este domingo 30, al músico le imputan los delitos de “instigación pública y detentación de sustancias incendiarias”, precisó Romero.

Denunció también, que el joven fue presentado en el Tribunal 31 a escondidas y con un defensor público impuesto.

Al cierre de esta edición, Romero informa que Wuilly sigue preso en el Destacamento 433 de la GNB El Paraíso, y con “poco apoyo real de la gente”.

La masacre del 30 de julio

El 30 de julio  escribe en su cuenta Twitter Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic: “El Derecho Internacional establece que ocurre una masacre cuando son asesinadas más de 5 personas en un mismo contexto. Aquí dolorosamente van 13”.

Precisamente el 30 de julio en el contexto de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, fue cuando se registró el mayor número de asesinatos en los 121 días de protestas, en rechazo del régimen de Nicolás Maduro.

La actuación desplegada por los organismos de seguridad del Estado, fue más violenta en comparación a los días anteriores. Fue el mismo patrón de represión ejecutado en los 4 meses de protestas, pero se repitió esta vez con mayor brutalidad y violencia. De esta manera, se perpetró una masacre: 16 personas asesinadas en el contexto de la jornada electoral.

Los fallecidos se registraron en cinco estados: 6 en Táchira, 5 en Mérida, 2 en Zulia, 2 en Lara y 1 en Sucre.

A diferencia de los anteriores muertes, los homicidios ocurrieron en pequeños poblados, entre ellos se encuentran Chiguará, Tovar y San Jacinto, en Mérida; Tucapé, Capacho Viejo y La Grita, en Táchira; y Aguada Grande, en Lara. Las víctimas cayeron por impactos de bala.

Los asesinados en Táchira fueron los siguientes: Luis Ortiz (17); Albert Rosales (53),  Wilmer Smith Flores (21); Sargento (GN) Ronald Ramírez;  Adrián Rodríguez (13) y Ender Rafael Peña (18).

En Mérida cayeron los jóvenes:  Marcel Pereira; Iraldo Gutiérrez;  Eduardo Olavego y Angelo Méndez. La quinta víctima era un joven indigente llamado “Andrés”.

En Lara murieron Luis Zambrano (43) y Juan Monges (42). En Zulia Miguel Urdaneta (25) y Heiber Ocando  (19). Y en Sucre fue asesinado Ricardo Campos, secretario juvenil del partido Acción Democrática. (@guti21) 

FUENTE: Revista Zeta N°2.110 / 4 de agoto 2017

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Parte de guerra al 28 de julio

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) han ocurrido 4.848 arrestos desde el 1 de abril al 28 de julio, 1.348 aún siguen detenidos, y 527 personas han sido llevadas a tribunales militares en todo el contexto de protestas.

Al respecto, Alfredo Romero director de FPV, dijo que la justicia castrense viola los derechos humanos y la cataloga como una forma de justicia en la que “se pagan y se dan el vuelto”.

Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos que le presentó el FPV, que suman 498 al 25 de julio,  el número más alto desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

“Acordamos con el Foro Penal Venezolano certificar periódicamente la lista, la cual será de referencia absoluta para impulsar el seguimiento de la liberación de todos los presos políticos, así como para el seguimiento de cualquier proceso que lleve adelante el régimen y que afecte la condición de éstos”, expresó Almagro.

Paros cívicos                                                                                             

Durante las jornadas de paro cívico convocadas por la Mesa de la Unidad, el 20 de julio fue el día con mayor número de detenciones alcanzando 367 personas arrestadas.
También hubo una gran cantidad de heridos y 6 personas asesinadas.

Romero denuncia que los heridos son detenidos incluso cuando los tienen en centros médicos. Asegura que conseguir a los detenidos, al menos en Caracas, es cada vez más difícil porque “colocan a dos en un sitio, dos en otro…”, los mueven entre bases militares y comandancias de policías.

En el paro cívico de los días 26 y 27 de julio, hubo más de 230 arrestos. Gran cantidad  de  heridos no calculados aún y 7 personas fallecidas. También se registraron ataques brutales contra la propiedad privada por parte de la GNB, en urbanizaciones del este y oeste de Caracas, igualmente en varias ciudades del interior del país.

Así quedó la entrada a Los Verdes en el Paraíso luego del ataque brutal de la GN.

Asesinados durante las protestas

Según cifras del Ministerio Público los fallecidos suman 106 desde el 1 de abril al 27 de julio, en 118 días de protestas.

Entre los asesinados durante las manifestaciones del paro cívico del 26 y 27 de julio se encuentran: Jean Aponte (16),  herido de bala en Petare. Enderson Caldera (24),  disparo en la cabeza en Mérida. Glimber Tainoba (16)  tiro en la cabeza cuando transitaba por El Paraíso iba a llevarle comida al hermano.

Leonardo Gonzalez (48), acribillado por presunto policarabobo en Naguanagua. Anthony Torrealba (30) en Lara, golpiza propinada por efectivos de GN le dejó una severa fractura de cráneo, estuvo  hospitalizado desde el 22 julio hasta que murió el 27 julio.

Violaciones a los DDHH

El FPV elaboró un Reporte sobre  violaciones a los DDHH durante la represión de los cuerpos de seguridad del estado, en  los primeros 3 meses de protestas. La ONG detectó  patrones represivos que van desde asesinatos hasta detenciones arbitrarias.

En un total de 89 muertos en todo el país al 30 de junio: 67 fueron asesinados; 14 presuntos saqueos; 6 barricadas; 2 presuntos linchamientos. El promedio de edad de las víctimas es de 17 a 28 años.

Durante las detenciones arbitrarias, registró los siguientes hechos de torturas, tratos crueles e inhumanos por parte de los cuerpos de seguridad en los Estados Carabobo, Monagas, Miranda y Bolívar: Amenazas de muerte; patadas y golpes con armas en diversas partes del cuerpo; actos lascivos; insultos; disparos de perdigón; uso de sustancias para adormecer a los detenidos; colgar detenidos de las esposas para conminarlos a inculpar a dirigentes de oposición como financistas de las protestas.

En cuanto a los heridos durante las manifestaciones, el FPV indica 3.500 en tres meses y solo en el mes de junio 1.500. Entre las lesiones se encuentran: Impacto de balas; perdigones; impacto de bombas lacrimógenas; esferas metálicas o de vidrio disparadas en muchos casos a quemarropa; pérdida de órganos; desfiguración y compromiso severo del estado de salud.

Gran número de personas asfixias por gases lacrimógenos utilizados como elementos de agresión y no como persuasión. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta N°2109 / 29-07-2017

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PARTE DE GUERRA al 14 de julio

Foto by Miguel Angel Gutiérrez / EFE

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) desde el 1 de abril al 12 de julio, han registrado 3.880 arrestos de manifestantes, de los cuales 1.140 permanecen detenidos. De esa cifra, 80% son estudiantes.

Ante tribunales militares fueron presentados 454 personas, de esta cifra 283 han sido privados de libertad. En relación a los presos políticos al 12 de julio hay 444 entre rejas. Explica Alfredo Romero, director de FPV, que se está dando el efecto “puerta giratoria”, mientras liberan a algunos presos políticos, encarcelan a otro número similar

Graves intentos de encarcelar a testigos

Romero, en rueda de prensa el lunes 10 de julio ofreció un reporte de las violaciones de derechos humanos durante los 100 primeros días de protestas en contra del gobierno.

Entre las denuncias, refiere que los cuerpos de seguridad aplican detenciones selectivas contra los opositores. Destaca que sin orden judicial penetran en las viviendas y detienen a las personas, como es el caso de uno de los testigos de la muerte de Fabián Urbina y del escudero que trató de salvar del disparo a David Vallenilla en La Carlota. Considera grave que “a los testigos de los asesinatos, en vez de llamarlos para identificar la verdad, los persiguen”.

En el caso de Juan Pernalete, los testigos se encuentran escondidos debido a que recibieron amenazas de detención.

Romero señala que al  10 de julio, 96 personas han fallecido en el contexto de las manifestaciones y de ellas 69 han sido “asesinadas durante la represión”. Agregó que solo en el mes de junio, fallecieron 24 personas bajo estas condiciones.

En promedio de edades de los fallecidos es entre 17 y 28 años. Los estados con mayor número de muertos son: Miranda, Lara, Táchira y Carabobo. Entre las causas de las muertes precisa: Armas de fuego  60; barricadas 6; bombas lacrimógenas 3; arrollamiento 3; linchamiento 2; accidente de tránsito 2.

Informa Romero que el Ministerio Publico ha comisionado a fiscales para investigar cada uno de los casos, pero no ha habido persona sentenciada por muertes. Asegura que “los agentes del Estado no han tenido ningún tipo de colaboración a los efectos de entregar a los responsables de los asesinatos”.  Destaca en el caso de Tony Canelón fueron imputados por la Fiscalía 14 guardias nacionales, pero el cuerpo castrense se niega a entregarlos.

Por otro lado, según un registro extraoficial realizado por Runrun.es hasta el 12 de julio han muerto 115 personas durante protestas y los saqueos. La versión oficial del Ministerio Público registra 93 personas fallecidas.

El 10 de julio fue asesinado Rubén Darío González, de 16 años. El menor de edad falleció por un disparo de arma de fuego la tarde del lunes en el sector 5 de La Isabelica, estado Carabobo. Se presume que el impacto fue realizado por un funcionario de la GNB.

El 11 de julio muere el estudiante Oswaldo Rafael Britt, de 17 años,  luego de haber sido arrollado por un camión de Hidrobolívar en el Paseo Meneses, Ciudad Bolívar, lugar donde se registró una protesta.

GN arremete contra mujeres

Cinco estudiantes detenidas por la Policía de Aragua el 2 julio, junto con otros 21 alumnos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay, denunciaron ante los tribunales haber sido víctimas de actos lascivos por funcionarios durante la aprehensión

“Las manosearon dentro de sus camisas, les abrieron los sostenes. No les quitaron la ropa, pero sí trataron de introducir objetos en sus zonas intimas”, denuncia Romero.

Por otra parte, Paula Colmenárez Boscán, de 17 años, estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, fue arbitrariamente detenida el lunes 10 de julio en Caracas. Las fotos tomadas por el reportero gráfico de la Agencia EFE, Miguel Angel  Gutiérrez,  dieron la vuelta al mundo y causaron indignación. Actuaron en su arresto al menos 25 guardias nacionales, según declaraciones de su padre, Andrés Colmenárez, vocero de la Asociación Civil Funpaz.

Mas de 25 guardias nacionales arrestan a Paula Colmenarez. Foto by Miguel Angel Gutiérrez. EFE

“Cuando la agarraron, la golpearon en la espalda y la pisaron, la herida en la mano fue producto de unos vidrios que se encontraban en el asfalto. En el trayecto hacia el lugar de reclusión la amenazaron con lanzarla al río Guaire, en el sitio de detención recibió más golpes, fueron siete horas de vejaciones, incluso la amenazaron de ultraje”, dijo el padre de Paula.

Según el padre de la víctima, gracias a estas imágenes de Miguel Ángel Gutiérrez de la Agencia EFE se hizo público tal aberración y a Paula la liberan, pero después de 7 horas de maltrato físico y psicológico.

Asimismo, la periodista Mireya Vivas, fue víctima de ataques de los efectivos de la GN, quienes tras tomarla por su cabello la arrastraron varios metros por el piso, la detuvieron y la torturaron por más de tres horas. Fue detenida en El Hatillo cuando defendía a un joven que estaba siendo golpeado por un guardia. “Me identifiqué como periodista y le pedí que no lo golpeara más. Su respuesta fue agarrarme por el cabello y arrastrarme”, narra Vivas, quien también dijo que después la metieron en un cuarto lleno de orina, le arrojaron una bomba lacrimógena y cerraron la puerta para asfixiarla.

Denuncia Vivas que seis guardia nacionales, la golpearon repetidas veces, jugaron “tiro al blanco” con perdigones dirigidos a su rostro y le hicieron comer polvo de gas lacrimógeno.

Dijo que los guardias mostraban saña contra su persona, se debía a que uno ellos se encontraba gravemente herido, por lo que recibió amenazas. “Me decían si mi compañero se muere, tiene que morir uno de ustedes”, narra la periodista del portal ElHatillano.com. (@gut21)

(@guti21)

Fuente: Revista Zeta N°2107 / 14-07-2017

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PARTE DE GUERRA al 25 de mayo 2017

Las cifras de detenidos lesionados y asesinados en Venezuela, desde el 1 de abril al 25 de mayo 2017.

Por Aída Gutiérrez H / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) desde el 1 de abril al 24 de mayo, registraron  2.815 arrestos por protestas, 1.240 permanecen aún detenidos. 341 fueron presentados ante tribunales militares  y  178 quedaron a la orden de la justicia militar. Asimismo, han calificado 297 presos políticos, al 1 de abril 2017 había sólo 117.

En relación a los caídos desde el 1 de abril al 24 de mayo, Alfredo Romero informa que FPV registra 64 personas fallecidas, de las cuales 45 fueron asesinadas directamente en protestas es decir, por represión. 13 por presuntos saqueos; y 6 por barricadas. Estas muerte se localizaron en: Miranda 3; Caracas 21; Carabobo 8; Lara 5; Zulia 2; Táchira 9; Mérida 4; Trujillo 1; Barinas 11.

Cifras del Ministerio Público

Por su parte, el miércoles 24 de mayo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa expuso el balance de muertos, detenidos y lesionados durante las protestas desde el 6 de abril.

“55 personas fallecidas, de las víctimas 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo hemos registrado un total hoy de 1.000 lesionados, de los cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares”, expresó la Fiscal.

Sobre los detenidos en las manifestaciones precisó: “Hemos iniciado 1.475 investigaciones: 1.329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. En materia de delitos comunes, los fiscales han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, hurto, robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, entre muchos otros delitos. De estas personas solamente 284 han sido privadas de libertad”

También refirió los grupos civiles armados, en este sentido destacó el caso de unos estudiantes que estaban manifestando “de forma pacífica” en un liceo de La Pastora, a lo cual expresó: “Llegaron grupos civiles a amenazarlos con pistolas. Si hay una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados. Es necesario el desarme de la población. Nosotros tenemos 16 investigaciones abiertas contra grupos civiles armados al margen de la ley. Y preocupa la proliferación de estos grupos”.

La acción criminal de los colectivos armados va acompañada con el amparo de la PNB y GN.

En relación a los juicios militares Ortega Díaz dijo: “Hemos solicitado la declinatoria de la competencia a la justicia ordinaria de dos casos que cursan en la justicia militar: uno en el estado Nueva Esparta y otro en Zulia. El día de hoy vamos a presentar un amparo por abstención de uno de estos tribunales a negarse a pronunciarse. No ha habido el pronunciamiento debido. Asimismo dirigimos una comunicación a la Fiscal General Militar para que nos informara al Ministerio Público el número de procesos y detenidos. Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas. Nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.”

La Fiscar Ortega Díaz sentenció que llevar civiles ante tribunales militares, viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.

La Fiscal también confirmó que Juan Pernalette fue asesinado por una bomba lacrimógena de GN.

Al cierre

El miércoles 24 de mayo se confirmó la muerte en protesta pacífica de dos jóvenes: Augusto Puga (22) en Ciudad Bolívar, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente falleció tras recibir un impacto en la cabeza durante una represión policial a manifestantes opositores.

Augusto Pugas (22), estudiante de enfermería, asesinado de un tiro en la cabeza.

Adrián Duque (24) recién egresado como Contador Público de la Universidad José Gregorio Hernández en Maracaibo, según testigos cuando escapaba de una tanqueta que iba a gran velocidad persiguiendo a un grupo de jóvenes, perdió el equilibrio y cayó al pavimento, allí fue víctima de un disparo de un presunto guardia nacional, sus compañeros que lograron salvarse no pudieron rescatarlo porque los guardias lo impedían. Con estos asesinados, según la cuenta del Ministerio Público, daría un total de 57 fallecidos. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº 2100 – 26-05-2017

Altas cifras de asesinatos, detenciones y torturas

Desde el Foro Penal Venezolano y las ONG de Derechos Humanos, los informes de detenciones, maltratos, torturas y asesinatos vienen amparados por múltiples testimonios y denuncias hechas ante los tribunales. Estas son las cifras y las denuncias.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV), desde el 1 de abril al 17 de mayo han arrestado  2.371 personas por protestas pacíficas. De este número, 730 se mantienen detenidos. Informa, que a 232 ha aumentado el número de presos políticos. Antes del 1 de abril 2017 eran 117.

Precisa FPV, que de acuerdo a su ocupación, los 232 presos políticos se componen de la siguiente forma: Empleados 2; deportistas 2, profesionales 63; obreros 13; amas de casa 1, militares 32; comerciantes 19; políticos 4; activistas DDHH 1; y estudiantes 95.

Civiles a tribunales militares

En un pronunciamiento conjunto del Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch, indica que al 15 de mayo, han registrado el procesamiento de al menos 275 civiles por tribunales militares en Venezuela. 159 de ellos permanecían privados de libertad al 12 de mayo. Los detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

La información provista por abogados y familiares incluyen denuncias de abusos físicos y violaciones procesales en la realización de estos procesamientos. Los detenidos son víctimas de abusos que en algunos casos podrían constituir tortura, tanto durante la aprehensión como mientras estuvieron privados de libertad.

Cuando los jóvenes detenidos son llevados a los tribunales militares, no les permiten un abogado de su confianza,  le imponen un defensor público igualmente militar. Durante la detención y después en el lugar de reclusión,  son brutalmente golpeados. También se reportan maltratos y torturas.

Torturas

Las ONG defensoras de los DDHH, han denunciado que ya es una práctica rutinaria para la GNB y la PNB, cuando arrestan a una persona someterla a una salvaje golpiza, además de tratos crueles e inhumanos y torturas en los sitios de reclusión.

El abogado penalista Martín López Ríos, desde el estado Aragua el 17 de mayo denunció en su cuenta Twitter: “Denunciamos el trato inhumano por parte de los funcionarios de la PNB a los 10 jóvenes detenidos en El Limón. Uno de estos estudiantes detenidos por la PNB fue violado con un tubo, lo golpearon y amarraron con un cable. Todos los muchachos fueron golpeados brutalmente, torturados, humillados y maltratados”.

Continua López: “En la Audiencia de Presentación de los jóvenes detenidos, el Ministerio Público solicitó Medicaturas Forenses a todos. El joven detenido que manifestó haber sido violado, el Tribunal le acordó Medicaturas Forenses y atención médica inmediata.”

Por su parte, el coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Betancourt, confirmó haber recibido  numerosas denuncias de torturas y tratos crueles. “A la mayoría de los detenidos los golpean durante la aprehensión y el traslado al sitio de detención temporal, antes de ser presentados ante el juez. Ellos lo relatan en las audiencias de presentación.”

“De un grupo de 40 detenidos por el supuesto saqueo, 37 denunciaron que los golpearon, les raparon el cabello, uno dijo que le apagaron un cigarro en el brazo; y de ese grupo, aproximadamente 15 denunciaron que les obligaron a comer pasta con monte y excremento. Ellos contaron al juez militar que los funcionarios les ponían el polvillo de la bomba lacrimógena en la nariz para obligarlos a abrir la boca y entonces les metían la pasta con excrementos y los hacían tragar”, precisó Betancourt.

Muertos en protestas

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)  se han registrado 55 muertes en todo el país, desde el 6 de abril hasta el 16 de mayo,  de las cuales el Ministerio Público reconoce  43.

Los fallecidos están distribuidos en: Distrito Capital 19; Carabobo 13; Miranda 9; Lara 5; Mérida 3; Táchira 3; Barinas 2; Zulia 1.

La mayoría de los casos están relacionados con jóvenes, quienes han sido víctimas de una desmedida represión por parte de efectivos de la GNB, PNB y civiles armados.

En tan sólo 3 días, 6 familias venezolanas más están de luto: 15 de mayo asesinaron en Táchira a Juan Alvairez (17 años) y Diego Hernández (33); y en Barinas Yeíson Mora (17). 16 de mayo en San Antonio de Los Altos, Diego Arellano (31). 17 de mayo asesinados en San Cristobal, Táchira, José Francisco Guerrero (15) y Samuel Castellano (46).

El de 19 mayo muere por arrollamiento, Paúl Moreno, de 24 años era voluntario del equipo de primeros auxilios de la Universidad del Zulia, donde cursaba el quinto año de medicina.

Al cierre

Al 21 de mayo, la cifra tanto de las detenciones como de los asesinados y heridos va en aumento. El 20 de mayo, sólo en Caracas hubo 60 heridos, de los cuales tres están graves por arrollamiento. Se conoció que la GN lanzó a las instalaciones de Salud Chacao, bombas lacrimógenas en el momento que ingresaban los centenares de lesionados.

Según Alfredo Romero, el 20 de mayo fueron detenidos 18 manifestantes en: Anzoátegui 3; Caracas 2; Portuguesa 3; Táchira 2 y Yaracuy 8.

La lista de los últimos asesinados: El 19 mayo muere por arrollamiento, Paúl Moreno de 24 años era voluntario del equipo de primeros auxilios de la Universidad del Zulia, donde cursaba el quinto año de medicina. El rescatista fue arrollado por una camioneta blindada sin placas, mientras atendía a manifestantes heridos en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo. También el 19 mayo, muere por impacto de bala Daniel Rodríguez (17) en Táchira. El 20 mayo fallece por una bala en el pecho Alejandro Aguilar de (21) en Valera. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta 19-05-17 

Este artículo es una versión actualiza al 21 de mayo, por @guti21 para la Web.

Violan los DDHH a los presos políticos

PresoPolitico

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV), de 2014 a 2015 por motivo de manifestaciones se encuentran privados de libertad 29 personas. Y el total de presos políticos en Venezuela a junio de 2015 es de 75 ciudadanos.

El Estado Venezolano fue interpelado el 29 y 30 de junio por el Comité de DDHH de la ONU. Esta interpelación ocurre como parte de las funciones regulares de este comité, que evalúa la situación de los DDHH en los países del mundo.

El FPV, como ONG registrada ante este comité, representada por Alfredo Romero, Director Ejecutivo y Tamara Sujú, Coordinadora Internacional, participó en la discusión y presentó un informe ante dicho organismo.

En el informe se presentan los casos de presos políticos, las violaciones a los DDHH, detención arbitraria, tortura, trato cruel e inhumano, falta de atención médica en el centro de reclusión. En este sentido, el caso de Gerardo Carrero es ejemplo de todo lo mencionado, quien también fue víctima de aislamiento por 6 meses en la llamada “tumba” del Sebin.

También refiere el documento las víctimas asesinadas en manifestaciones del año pasado, incluyendo los casos más dramáticos como el de José Alejandro Márquez, asesinado a golpes por la Guardia del Pueblo, luego de ser detenido en una manifestación en la Candelaria Caracas, caso por el que hay 2 ordenes de captura contra oficiales de la Guardia del Pueblo que no han sido ejecutadas.

En el informe se contempla que desde el 4 de febrero de 2014 al 31 de mayo de 2015, el Foro Penal Venezolano registró 3.758 detenciones en Venezuela relacionadas con las manifestaciones de protesta ocurridas desde 2014, dentro de los cuales se encuentran 370 menores de edad o adolescentes. De este grupo de personas, 296 fueron privadas de libertad por orden de un tribunal, es decir que estuvieron o están presos y las demás estuvieron detenidas entre 1 y 4 días y luego liberadas por orden judicial.

Ejemplo de ello es el estudiante Chistian Holdack, quien estuvo detenido por un año, desde el 12 de febrero de 2014. Sin embargo, en libertad restringida o bajo medidas cautelares se encuentran todavía 2.048 personas que participaron en manifestaciones. Es decir, que se encuentran sometidas a procesos penales y con medidas que condicionan su libertad, tales como medidas de presentación ante los tribunales, prohibición de salida del país, libertad bajo fianza, prohibición de declarar antes los medios de comunicación, entre otras.

Indica el informe que 767 personas detenidas les ha sido otorgada libertad plena, y al menos 638 personas fueron liberadas sin ser siquiera presentadas ante un tribunal, lo cual constituye detención arbitraria.

 Se lee en el documento que para el 31 de mayo de 2015, se mantienen 31 personas encarceladas como consecuencia de las manifestaciones, y además otras 46 personas se mantienen privadas de libertad por motivos políticos, para sumar un total de 77 personas encarceladas por motivos políticos, de los cuales 12 de ellos son estudiantes y 6 son mujeres.

“Los 77 presos a los que hacemos referencia, y cuya lista reservada y confidencial podemos hacer llegar a solicitud de instituciones de Derechos Humanos reconocidas, se encuentran: 36 de ellos en centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), 12 en cárceles militares, 17 en cárceles comunes, 5 en comandancias policiales y 7 bajo arresto domiciliario. Muchos de los detenidos se encuentran relacionados con las manifestaciones, pero también hay otros presos políticos, como es el caso de Iván Simonovis con más de 9 años encarcelado, hoy día bajo arresto domiciliario, el Alcalde Antonio Ledezma, detenido por supuesta conspiración, hoy bajo arresto domiciliario e incluso personas detenidas por emitir mensajes en Twitter, contrarios a funcionarios del gobierno, tales como Inés Gonzalez, Víctor Ugas y Lessy Marcano”, precisa el informe del FPV.

En relación al número de presos políticos, que en dicho documento del FPV refiere  77 y de los cuales 31 son por protestar, Alfredo Romero informó en su cuenta Twitter el 24 de junio que:  ”Luego de la liberación de Gerardo Resplandor y Douglas Murillo se reducen a 75 el número de presos políticos”.

En otro Tweet Romero aclara: “Dentro de los 75 presos políticos restantes, 29 están relacionados con las manifestaciones 2014-15”.

Torturas y tratos crueles

El informe del FPV hace especial mención a los casos de torturas y tratos crueles. En este sentido, precisa: el uso de descargas eléctricas al menos en 12 casos; violación sexual (1 caso), actos lascivos, amenazas de violación y otros en al menos 8 casos. Asfixia con bolsas de plástico en al menos 11 casos; múltiples fracturas, politraumatismos en al menos 10 casos, incluyendo dos con fractura de cráneo. Agresiones severas producto de utilización de disparos de perdigones a quemarropa en al menos 10 casos, en uno de ellos la persona perdió un ojo. Quemaduras con destornilladores calentados con fuego en 3 casos, donde en uno de ellos se intentó introducir a la víctima un destornillador por el ano. Golpes y maltratos severos en la mayoría de los casos, con hematomas y lesiones en al menos 75 casos. En al menos 9 casos se ha denunciado que a las víctimas les cortan el cabello a manera de castigo, incluyendo 7 mujeres y una menor de edad en Barquisimeto, Estado Lara.

“Además de las denuncias sobre torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes que detallamos en nuestro informe completo, y las torturas ocurridas en centros de reclusión, hemos notado la sistemática negativa de asistencia médica a detenidos por motivos políticos como forma de trato cruel e inhumano o incluso tortura. Muchos de los detenidos por motivos políticos han denunciado problemas diversos de salud, por las condiciones infrahumanas de los sitios de reclusión. Por ello, se han realizado diversas solicitudes de atención médica que no se han realizado”, denuncia el FPV.

El caso de @InesitaTerrible

Inés Gonzalez, mejor conocida como @InesitaTerrible, presa por escribir su opinión en Twitter, recluida en el Sebin en Helicoide, Caracas.

Inés Gonzalez, mejor conocida como @InesitaTerrible, presa por escribir su opinión en Twitter, recluida en el Sebin en El Helicoide, Caracas.

Inés González conocida como @InesitaTerrible tiene 42 años, licenciada en Química Pura y Magister egresada del IVIC. Está presa por opinar y twitear contra el gobierno. Recluida en el Helicoide de Caracas, fue detenida por el Sebin Maracaibo tres días después del asesinato de Robert Serra, en donde fue imputada el 8 de octubre por los delitos de instigación pública, ultraje violento y ultraje contra funcionario.

Inés decidió una tarde desahogarse a través de su cuenta Twittter y opinar en contra del régimen. Días después la zuliana recibió una visita inesperada por parte del Sebin.

El Sebin la mantuvo detenida incluso después de que un tribunal le dictara una boleta de excarcelación. En el juicio ofreció disculpas a los familiares del diputado Serra, a quien había llamado delincuente y señalado de “armar” a niños en el 23 de Enero.

Sobre este caso, Alfredo Romero explica: “Pidió disculpas, como es un escarmiento. La acusan de instigación pública, pero ese es un delito que hay que definirlo, delimitarlo, y probarlo, porque, ¿cómo se demuestra que alguien que publica un mensaje tiene influencia sobre otros? No estoy de acuerdo con insultar, humillar y difamar en redes sociales, pero debe existir proporcionalidad. Podrían acarrear multas, castigos, pero nunca encarcelamiento”.

Inés reconoció delitos de instigación pública y el MP desistió los cargos de ultraje a funcionario y ultraje violento. Su familia y abogados acudieron a la Embajada de España, país del que también es ciudadana, y solicitaron ayuda legal y diplomática. Se desconoce si el Gobierno de España adelantó alguna diligencia. Padece endometriosis, que le produce fuertes dolores abdominales. Requiere someterse a una operación. Espera por la suspensión de su pena. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta 14/07/2015.  (La publicación impresa no pudo salir por falta de papel)

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