La Consulta Popular sí tiene carácter vinculante

Abogado constitucionalista José Vicente Haro

Por Aída Gutiérrez H. /@guti21

“Aquí se quiere hacer una Constituyente sin consultar al pueblo, por lo cual se está violando la Constitución, se están violando los artículos 5 y el 347 que dice que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Entonces, la manera de reestablecer la vigencia de la Constitución, es consultándole al pueblo, abriéndole caminos constitucionales, democráticos, para que se pueda expresar,” señala el abogado constitucionalista José Vicente Haro, en relación a la Consulta del 16 de julio convocada por la MUD y la Asamblea Nacional.

Bases constitucionales

En principio precisa el jurista, que toda la articulación constitucional de esta Consulta Popular está vinculada a los Artículos 5, 70, 71, 333 y 350 de la Constitución Nacional.      

-Esta Consulta se venía organizando desde hace más o menos un mes y medio, y ahora es que se hizo público. Había una cantidad de elementos técnicos que tenían que trabajar para poder convocarla. Se está trabajando con varias ONG como Súmate entre otras organizaciones, señala Haro.

Está basada en el Artículo 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

Menciona el Artículo  70, que es complemento del anterior: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros (…)”

-Complemento también es el artículo 71, aquí es donde la AN mediante el acto parlamentario del  5 de julio, pese a los ataques, propone esta consulta y la reviste de legalidad parlamentaria e institucionalidad. Por eso fue el ataque de los colectivos armados, porque querían evitar que el Parlamento ejerciera sus atribuciones y convocara este plebiscito haciendo  uso de lo que es el ejercicio democrático, ejerciendo el artículo 71 de la Constitución.

-Todo esto también –prosigue Haro- tiene vinculación con el Artículo 333, porque dice si la Constitución pierde su vigencia por cualquier acto de fuerza o mecanismo distinto en lo previsto en ella, que tratara de derogarse por cualquier mecanismo distinto de lo establecido en ella, todo ciudadano investido o no de autoridad, está y tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

CNE viola DDHH de los venezolanos

Por otra parte, Haro explica por qué el CNE no participa en esta Consulta. “Es un órgano que esta deslegitimado, porque  sus 5 rectores han sido designados por la Sala Constitucional del TSJ cuando la Constitución dice que deben ser designados por la AN, es decir son ilegítimos en el ejercicio de su cargo”.

-También estos señores (CNE) -continua- en 2016 le quitaron a los venezolanos su derecho constitucional de carácter político, que está establecido en el artículo 72 de la Constitución, la posibilidad de expresarse, que es un derecho humano  y de carácter democrático. Además, este año le están quitando a los venezolanos el derecho a expresarse, al darle curso a una Constituyente sin prever un referendo para avalar la convocatoria, para que el pueblo diga si quiere o no.

-Aquí nos situamos en el Artículo 350 que dice “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz  y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

-El CNE es una autoridad, el CNE ha contrariado los principios democráticos, los derechos humanos políticos impidiendo que el pueblo se exprese, le ha secuestrado  ese derecho, ha violado esos derechos humanos de los venezolanos,  entonces corresponde aplicar el 350 para desconocer al CNE como  esa autoridad.

La Consulta Popular sí es vinculante

-Es importante resaltar que los Referendos Consultivos sí tienen carácter vinculante, es verdad que hubo una sentencia de Jesús Eduardo Cabrera de la Sala Constitucional del TSJ en el 2003 quien trató de quitarle el carácter vinculante. Y realmente, esto lo que han querido hacer en todos estos años, quitarle los derechos al pueblo para expresarse y  secuestrar la soberanía popular, -enfatiza Haro.

-Se van hacer –continua- una serie de preguntas a los ciudadanos una se refiere a la Constituyente, otra al rol de las FFAA y otra a la necesidad de relegitimar los Poderes Públicos para adecuarlos a la Constitución, ya que sabemos que la mayoría de los poderes públicos se han colocado a espalda de ella. Esas preguntas son de transcendencia nacional, es legítimo y constitucional, consultarle al pueblo es lo más democrático.

A su juicio el plebiscito es una muestra de ciudadanos civilizados y una gran lección a quienes quieren consolidad una dictadura y también, una gran lección a la comunidad internacional que todavía duda en fijar posición en el caso de Venezuela. (@guti21)

FUENTE: El Nuevo País, domingo 9 de julio de 2017.

NOTA: Esta es una versión ampliada de @guti21 para su publicación en la Web.

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Civiles ante la justicia militar

El experto en Derecho Constitucional y catedrático José Vicente Haro, conocedor de los problemas que confrontan los civiles enjuiciados ante tribunales militares, explica la situación jurídica, procesal y de derechos humanos que la medida implica. Recalca que es violatoria a los artículos 261 y 49-4 de la Constitución Nacional.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

“La forma mas efectiva de una dictadura para crear  miedo y terror en los ciudadanos, es llevarlos a la justicia militar, que es el peor de los mundos dentro del ámbito judicial, prácticamente, los están llevando al infierno judicial”, así lo considera el abogado constitucionalista, defensor de los DDDHH y profesor de la UCV, José Vicente Haro.

De acuerdo al jurista, presentar civiles a la justicia militar no es nada nuevo. Se hizo con el caso del diputado Gliber Caro y su novia Steicy Scalona (enero). También en el caso del Profesor Santiago Guevara (febrero).

Según el Foro Penal Venezolano (FPV), 137 personas  han sido presentadas ante instancias militares, dentro del marco de las protestas contra el régimen. De allí, 73 civiles han sido privados de la libertad por decisión de tribunales militares.

“Quienes deciden llevar a los civiles a los tribunales militares son los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Los detienen y son puestos a la orden de un fiscal militar. El tribunal lo improvisan dentro del propio comando, incluso en un comedor se ha llegado a armar el sitio del juicio. En la audiencia no hay civiles excepto por el imputado; todos los demás son uniformados con armas”, expresa Alfredo Romero directivo del FPV.

Sergio Contreras director de redes sociales del Nuevo País y Zeta, fue detenido mientras que protestaba pacíficamente, y llevado ante tribunales militares. Se le imputaron 3 delitos y está preso en Ramo Verde. Su condición de salud es delicada porque es un paciente neurológico, debe tomar una pastilla diaria para evitar convulsiones. La familia está desesperada porque los militares no le permiten el acceso al medicamento.

“La justicia militar es perversa”

Precisa el abogado Haro que la justicia militar es la más controlada por el gobierno, el presidente es quien nombra a los jueces de control, la corte marcial, la fiscalía militar. Además, se establecen penas mucho más altas que las penas que establece la justicia ordinaria, cuando se le imputa a alguien un delito militar, generalmente son delitos que van desde 15 años en adelante, no es cualquier cosa, son hechos muy graves.

-Es un sistema procesal totalmente anacrónico, el Código de justicia militar es anterior a la Constitución de 1999, muchas normas que se siguen aplicando son contrarias a esta Constitución. Es una justicia totalmente  viciada por una serie de patrones y  procedimientos abiertamente inconstitucionales, no garantiza la justicia ni lo principios básicos  (derecho a la defensa ni al debido proceso, a la presunción de inocencia, ser juzgados en libertad); tampoco las garantías que establece la Constitución.

Cuando los civiles son arrestados por la GN, no les permiten hablar con ningún abogado que ellos escojan, sino que les imponen de inmediato un defensor público militar, lo cual viola el derecho a la legítima defensa.

Para el experto, la jurisdicción militar forma parte de una política de estado. “En los momentos en que estamos viviendo, la política de estado es trata de crear terror y miedo en la gente, para que no salga a protestar. Entonces –se pregunta Haro- ¿con qué amenazan? con la justicia militar, porque la justicia militar es perversa, es totalmente contrario a los derechos humanos y es la demostración mas clara que estamos en una dictadura militar”.

-Yo veo aquí una política de estado que incluso se plantea en el Plan Zamora, uno allí lee que las líneas estratégicas son básicamente militares. Esto es una política de estado, que forma parte de un régimen militar. Y cito a  Luis Almagro cuando dice “llevar a civiles a jueces militares es una clara demostración que en Venezuela gobierna una dictadura militar”.

El 9 de mayo en la noche, desde el Fuerte Tiuna el equipo de FPV, denunció que a los jóvenes detenidos y presentados ante la justicia militar, no se les permitió contacto con ningún abogado, les impusieron defensores públicos.

Al respecto, Haro expresa que “la justicia militar te impone todo, impera un régimen militar. Es una especie de paraestado judicial militar, donde solo imperan las ordenes superiores jerárquicas del ministro de la defensa, que sigue instrucciones del presidente de la república, y que están ejecutando algo que ellos llaman el Plan Zamora, bajo esas premisas ellos actúan, y eso se ve tanto en la represión aplicada a las protestas como en las detenciones arbitrarias”.

Juzgar a civiles mediante Jurisdicción Militar viola el Art.261 de la Constitución: “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
También viola el Art.49-4: “(…)toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales(…). (@guti21)

 FUENTE: Revista ZETA Nº 2.098 – 12-05-2017

 

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El Decreto 2.323 de Maduro “es absolutamente inconstitucional”

constituciondevzla

El abogado constitucionalista José Vicente Haro encontró que el Decreto anunciado el 13 de mayo viola la Constitución múltiples veces y en muchos aspectos.

Por Aída Gutiérrez H. / (@guti21)

Para el abogado constitucionalista y profesor de la UCV, José Vicente Haro el Decreto Nº2.323 de estado de excepción, medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro, el pasado viernes 13 de mayo, “es absolutamente inconstitucional”.

En entrevista exclusiva para Zeta, Haro explica que de todos los documentos que ha suscrito el presidente de la república, este decreto es el que más viola la Constitución, porque plantea violaciones en el ámbito económico y político, en el ámbito de la seguridad y defensa de la nación y en el ámbito institucional.

Normas que se violan

-He estado desde el sábado, que me llegó extraoficialmente el borrador del decreto, que lamentablemente termino siendo el que se publicó, haciendo como un inventario de la cantidad de normas constitucionales que se violan. Ya voy por 30  inconstitucionales, llevo 30 disposiciones que expresamente violan el decreto de estado de excepción y todavía no he terminado el examen…30 violaciones directas, groseras, flagrantes, contundentes, tajantes en varios ámbitos.

Refiere en primer lugar, el ámbito de los derechos humanos fundamentales. “Porque el decreto del estado de excepción plantea restricciones graves a derechos de carácter económico y a derechos de carácter civil y político. En lo que se refiere a los derechos económicos, las violaciones a la libertad económica, y al derecho a la propiedad privada son tremendas y, prácticamente vacías de contenido, deja como un cascarón vacío lo que es la libertad económica y la propiedad privada para personas naturales o jurídicas, y para cualquier persona que realice una actividad económica desde el dueño de un kiosquito, un abasto, una farmacia,  hasta el dueño de una cadena de supermercados o el dueño de Empresas Polar. Aquí te confiscan, prácticamente, el derecho a la libertad económica.

De acuerdo a José Vicente Haro, el decreto 2323, significa un quebrantamiento del orden constitucional y quedaría Venezuela fuera del sistema democrático.

De acuerdo a José Vicente Haro  el Decreto 2.323, significa el quebrantamiento del orden constitucional y quedaría Venezuela fuera del sistema democrático.

-Luego en materia de propiedad,  se le quitan a las personas y a las empresas todas las garantías al derecho a la propiedad, sobre sus bienes, sus plantas, sus almacenes, depósitos, medios de transporte, y se deja  a la libertad económica, a las empresas y a la propiedad privadas a merced del gobierno, de los comités locales de abastecimiento popular llamados Clap, y de los Consejos Comunales (CC). Al tal punto, que conforme al decreto, los Clap y CC tendrán potestad para ocupar empresas, medios de transporte y establecimientos, también  controlar la distribución de alimentos, medicamentos, productos de primera necesidad. Esto es muy grave…

-En el ámbito político hay algo muy grave, que es una regulación en la parte medular del estado de excepción: el presidente se atribuye, se otorga competencia para tomar cualquier tipo de medidas en el orden político, económico y social de la nación venezolana, para “garantizar la soberanía nacional, la estabilidad de la república, el orden público interno frente amenazas extranjeras, frente a desestabilizaciones internas y extranjeras…”

-Le otorga también a los Clap y a los Consejos Comunales “facultades para resguardar, controlar y garantizar el orden público y la seguridad ciudadana”. Aquello que es solo competencia exclusiva de los órganos de seguridad del estado (Fuerzas Armadas y policías nacionales, estadales y municipales), el presidente de la república a través del decreto de estado de excepción, le da competencia a los Clap y a los Consejos comunales.

-Tomemos en cuenta que muchos colectivos armados son  Consejos Comunales, ¿qué podemos esperar? –se pregunta y responde- que estos grupos  se sientan con la autoridad y la competencia para controlar el orden público, por ejemplo, controlar el tránsito en una determinada zona de la ciudad por ejemplo el 23 de Enero, entrada y salida, inspección de vehículos para detener personas y ponerlas a la orden de las autoridades, para portar armamento y utilizarlos a fines de garantizar el supuesto orden público o cualquier otro tipo de arma disuasiva contra las personas.

-Podrían –continua Haro- utilizar  también esa competencia para reprimir cualquier tipo de protestas, de manifestación y no solamente  de carácter político como por ejemplo el referendo revocatorio, sino también cualquier protestas de otros orden político-social: de reivindicación de derechos, educación, alimentación, medicinas, hospitales, ellos se pueden considerar como un órgano que resguarda el orden público frente a procesos de desestabilización.

¿Cómo quedan los derechos humanos de los ciudadanos ante todas estas violaciones de la constitución?

-Los derechos humanos, hablando en términos de ajedrez, quedan  en jaque, a merced ,y van a ser presa fácil, de lo que decida el régimen con ellos. Con este decreto de estado de excepción, prácticamente los DDHH, para la mentalidad del gobierno, esa mentalidad extraña, totalitaria, socialista, retardataria, los DDHH los vas a tener en la medida que el gobierno te los quiera reconocer.

Asamblea Nacional y el Decreto 2.323

Asegura que la Asamblea Nacional no tiene otra opción que revocar ese decreto. “La constitución le da competencia a la AN para revocarlo”, apunta Haro.

-¿Qué pasa si solo lo desaprueba? –se pregunta-  pasará lo mismo que en enero, ellos desaprobaron el decreto de emergencia económica y el TSJ lo puso en vigencia , en marzo igual desaprobaron y el TSJ la puso en vigencia.

Aunque, se le está poniendo mucho más difícil la situación al régimen, va a ser mucho más claro el expediente ante la OEA, para la aprobación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

-Si la AN no lo aprueba o lo revoca ¿quedaría Venezuela fuera del Sistema Democrático?

Se daría un quebrantamiento del orden constitucional, sí quedaría fuera del sistema democrático.

¿Esto daría pie para aplicar la Carta Democrática Interamericana?

Sí, porque estaríamos en el supuesto del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que dice “que la carta aplica cuando hay un quebrantamiento del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”, eso sería la demostración más clara y tajante. Para eso la AN tiene que hacer lo propio revocar y luego si el TSJ actúa en consecuencia, ya prácticamente el expediente está listo, para que el Secretario General de la OEA convoque al Consejo permanente  y resuelva….

En relación a las declaraciones dadas en cadena nacional por Nicolás Maduro el martes 17, el jurista las cataloga como contundentes, cuando dice que a la Asamblea Nacional le queda poco tiempo para que desaparezca.

-La AN no puede actuar como actuaba en enero y  en esas negociaciones donde incluso se afectó la incorporación de los diputados del estado Amazonas. Yo creo que la AN tiene que actuar con la Constitución por delante, y de frente, aquí no caben medias tinta, no caben más margen de maniobras políticas.

Este martes y tras una larga discusión, la mayoría parlamentaria no aprobó el decreto N° 2.323 de estado de excepción con el que el presidente Nicolás Maduro se otorga amplios poderes para enfrentar la crisis económica y contener la supuesta ofensiva para sacarlo del poder.

En sesión especial, la Asamblea Nacional trató el decreto, como ordena la ley. Pero, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de Justicia(TSJ). (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº2050 – 20-05-16

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Las presas políticas del gobierno venezolano

PresasPoliticas-nov2015

Las presas políticas en Venezuela se enfrentan a torturas y a tratos crueles e inhumanos, ejemplo de ello son Araminta Gonzalez y Laided Salazar. La primera  acusada de “asociación para delinquir y fabricación de artefactos explosivos”. Y la segunda,  fue sentenciada a 8 años y 7 meses de prisión por “instigación a la rebelión y contra el decoro militar”. Dos casos de injusticia y de violación de derechos humanos.

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. (@guti21)

Al conocer en profundidad los casos de Araminta González y la Laided Salazar, presas políticas del gobierno, se podría pensar que estamos en presencia de un Poder Judicial misógino, por los tratos crueles que han sufrido estas dos venezolanas y también otras víctimas como Inés González y María Lourdes Afiuni. Durante el año 2015 esta periodista escribió sobre ambas historias. Hoy volvemos a retomar el tema, para dar a conocer cómo se encuentran los procesos judiciales de estas desafortunadas mujeres.

Caso Araminta González

Araminta se encuentra con depresión crónica y en el INOF se niegan a trasladarla para hacerle los exámenes psiquiátricos.

Araminta se encuentra con depresión crónica y en el INOF se niegan a trasladarla para hacerle los exámenes psiquiátricos.

Araminta es detenida por funcionarios del Cicpc,  el 24 de julio de 2014. Sometida a horrendas torturas en el Cicpc  y a tratos crueles e inhumanos  en el INOF, donde actualmente se encuentra recluida. Tiene 33 años, es técnico superior en química, y está presa por haber sido víctima de los delincuentes José Pérez Venta y Carlos Trejo, quienes mataron y descuartizaron a otra víctima de ellos, Liana Herguetta. Fue detenida por funcionarios del Cicpc,  el 24 de julio de 2014.

Después de un año y tres meses, todavía el proceso judicial de Araminta no ha pasado de la Audiencia de Presentación, según su abogado José Vicente Haro, la Audiencia Preliminar ha sido diferida  19 veces.  “No quieren afrontar las torturas que hizo el Cicpc”, asegura el jurista.

Dijo: El 12 de noviembre visité a Araminta y la encontré muy mal, quebrada en llanto y con una condición psicológica muy débil y me dijo: “ya quiero morir”.

-Araminta sufre de un cuadro depresivo muy grande y de ansiedad, resultado de las torturas a que fue sometida en el Cicpc. El jueves pasado fui a visitarla, y cuando llegué a la entrada del INOF fui testigo de como la hermana de una reclusa, reclamaba a viva voz, por qué su hermana no le habían permitido el examen psiquiátrico, y el resultado de esta negligencia fue el suicidio. Este suceso no fue reseñado por ningún medio. La mujer dijo “yo traje dos veces las ordenes de exámenes psiquiátricos y ustedes se negaron a trasladarla. Es responsabilidad de ustedes de que mi hermana se suicidó”. Ciertamente esta mujer tenía una condición psiquiátrica grave.

-En el INOF se niegan  hacer ese tipo de traslado –continua Haro- especialmente  con los  presos políticos, porque la intención es destruirte, es desgastarte psicológicamente. Así sucedió con “el Aviador” Rodolfo González que se suicidó en su calabozo del Sebin. Eso es parte de lo que se hace con los presos políticos, son tratos inhumanos y degradantes, para que vayan desgastados desde el punto de vista psicológico al juicio.

-Todos en el INOF se enteraron del suicidio de la reclusa, presuntamente por ahorcamiento, y Araminta me dijo que ella también se quería suicidar. Le vi unos morados en los brazos y confesó que ella misma se había dado golpes con las rejas. La juez que lleva la causa, Mariam Altuve Arteaga se ha negado a insistir a que se haga ese examen psiquiátrico y en el INOF no la trasladan. Sólo le gritaron de forma amenazante: “A ti, ni se te ocurra suicidarte…”.

-El 11 de septiembre le mandaron hacer el examen psiquiátrico urgente y aun no la han trasladado. Cada vez que la visito la veo peor, la única visita que tiene es la de una hermana y sólo una vez al mes y por unos minutos.

Enfatiza Haro: “Responsabilizamos a la Juez del caso, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al CICPC de lo que pueda sucederle a Araminta”.

-He tenido que acudir al Comité Contra la Tortura de la ONU. Ya agoté todas las instancias nacionales, lo que me queda son las internacionales, -precisa Haro.

Tortura en el CICPC

En la edición de Zeta Nº2019 del 25-09-15, esta periodista realizó una entrevista al abogado Haro, donde detalla las torturas a que fue sometida Araminta: “En el Cicpc, durante más de 4 horas fue victima de unas  terribles torturas. Una de ellas es el método que  se conoce como “el masaje del Cicpc”, que fue la misma tortura que le aplicaron a Marcos Coello cuando lo detuvieron yo lo conversé personalmente con él. “El masaje del Cicpc” que hacen los funcionarios de la Brigada Antiterrorismo, se lo aplicaron a Araminta: la envolvieron en una colchoneta, le amarraron la cabeza con papel periódico con tirro hasta un punto de asfixia; luego fue brutalmente golpeada con hierros, palos y objetos contundentes. Le arrancaron parte del cabello a través de un dispositivo que en el Cicpc  se conoce como “el helicóptero”  que le va arrancando mechones de cabello por lo que va quedando huecos o superficies vacías en el cuero cabelludo. Le colocaron  en el oído un percutor o un taladro,  diciendo que la iban a picar en pedacitos hasta matarla. Con un  dispositivo le iban  arrancando las uñar de los pies.  También se le van montando encima los funcionarios, cometiendo actos lascivos. Y para más sufrimiento, le colocaron  electricidad en los senos.”

Caso Laided Salazar

Laided Salazar fue condenada a 8 años de prisión. Ya ha perdido 30 kilos y no fue trasaladada a la audiencia de apelación debido a su estado físico.

Laided Salazar fue condenada a 8 años de prisión. Ya ha perdido 30 kilos y no fue trasladada a la audiencia de apelación debido a su estado físico.

Laided tiene 43 años, es casada y tiene un hijo de 11 años. Es odontólogo y en 2002 se asimiló a la Fuerza Aérea Venezolana (FAV). “Mi hermana vivió maltrato psicológico en la Dirección de Contrainteligencia Militar, le decían: ‘te vamos a mandar al INOF que allá te van a violar’. Luego en el INOF sufrió aislamiento. Actualmente está presa en la cárcel de Uribana”, -expresa Carlos Salazar, hermano y abogado.

Detenida en abril de 2014 junto a otros oficiales de la FAV, por el intento de derrocamiento, denominado por el gobierno “Golpe azul” u “Operación Jericó”. Fue  sentenciada a 8 años y 7 meses de prisión por “instigación a la rebelión y contra el decoro militar”.

Destaca Salazar que Laided no asistió a la Audiencia de Apelación ante la Corte Marcial porque no fue trasladada. Asegura que no la trasladaron para que los jueces no la vieran en el estado en que se encuentra, ya que ha perdido 30 kilos. “Está muy delgada, impresiona su aspecto. Iba a causar estupor.”

– Estamos esperando la sentencia de la Corte Marcial, queremos ver como van a justificar esos magistrados, porque allí no hay hechos ni pruebas para culpar a esos militares. Son 5 jueces que revisaran la sentencia de la primera instancia.

-Laided aparte de lo delgada, sufre de infecciones en la piel, uñas encarnadas, problemas digestivos porque el agua está contaminada y la comida aparte de incomible, es mal manipulada.

Por otra parte, a través de una carta abierta, Ana Teresa de Salazar, madre de Laided, envía un mensaje al presidente Nicolás Maduro pidiendo “tenga un poco de clemencia con mi hija que es una más de no sé cuántos presos políticos que su gobierno mantiene cautivos tan sólo por pensar diferente”.

Asimismo, exhorta al Mandatario: “Usted con mucha vehemencia aseguró ante la ONU que en Venezuela no se violan los derechos humanos, entonces tomando como ciertas sus palabras, yo humildemente le solicito que revise detenidamente el caso de mi hija”.

“Le pido encarecidamente que por favor saque a mi hija de esa celda de aislamiento Nº 3 en la que la tienen encerrada 23 horas al día en la Cárcel FENIX en Uribana Estado Lara.
Mi hija está muy desnutrida, pesando ya casi 40 kilos, porque en esa cárcel donde una mano peluda la trasladó sin orden judicial se pasa hambre y sed. Ella ha ido perdiendo peso de manera progresiva por la mala alimentación y la deshidratación constante que ahí se sufre”, escribe la mamá de Laided, quien sufre de una grave depresión. (@guti21)

FUENTE: REVISTA ZETA Nº2027 – 20-11-15

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La tortura infligida a Araminta González

 

Araminta González

Araminta González

El caso de las horrendas torturas infligidas en el Cicpc y el trato indignante a la que someten actualmente en el INOF a la infortunada mujer, Araminta Gonzále, de 33 años, es tanto más indignante en cuanto que está presa por haber sido víctima de los delincuentes José Pérez Venta y Carlos Trejo, quienes mataron y descuartizaron a otra víctima de ellos, Liana Herguetta. Después de un año y dos meses, todavía el proceso judicial de Araminta no ha pasado de la Audiencia de Presentación, pese –por causa de- que sus denunciantes, asesinos confesos, han perdido toda credibilidad.   

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

“Araminta sufre un cuadro severo de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Ha perdido más de 30 kilos. Su salud es delicada, desde hace más de un año no ha tenido ningún tipo de atención médica, solamente, recién le hicieron algunos exámenes, ya que padece de hiperinsulinismo”, expresa, en entrevista exclusiva para Zeta, José Vicente Haro, abogado defensor de Araminta González quien lleva más de un año injustamente privada de libertad y sin Audiencia Preliminar.

Araminta tiene 33 años, es Técnico Superior en química y estudiante de Ingeniaría Industrial en el momento que fue detenida por el Cicpc. Actualmente está presa en el INOF. De acuerdo al abogado Haro, “fue sometida a las peores y más terribles torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Tortura en el CICPC

Araminta González fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc),  el 24 de julio de 2014, en el Centro Comercial Lido, Caracas. Es llevada a la sede del Cicpc, en la Avenida Urdaneta, piso 1, División de Antiterrorismo.

Araminta no sabía por qué la detenían. No la dejaron llamar a ningún familiar ni abogado. Estuvo una semana incomunicada Amigos y familiares decían que estaba desaparecida.

El abogado Haro detalla las torturas a que fue sometida Araminta: “En el Cicpc, durante más de 4 horas fue victima de unas  terribles torturas. Una de ellas es el método que  se conoce como “el masaje del Cicpc”, que fue la misma tortura que le aplicaron a Marcos Coello cuando lo detuvieron yo lo conversé personalmente con él. “El masaje del Cicpc” que hacen los funcionarios de la Brigada Antiterrorismo, se lo aplicaron a Araminta: la envolvieron en una colchoneta, le amarraron la cabeza con papel periódico con tirro hasta un punto de asfixia; luego fue brutalmente golpeada con hierros, palos y objetos contundentes. Le arrancaron parte del cabello a través de un dispositivo que en el Cicpc  se conoce como “el helicóptero”  que le va arrancando mechones de cabello por lo que va quedando huecos o superficies vacías en el cuero cabelludo. Le colocaron  en el oído un percutor o un taladro,  diciendo que la iban a picar en pedacitos hasta matarla. Con un  dispositivo le iban  arrancando las uñar de los pies.  También se le van montando encima los funcionarios, cometiendo actos lascivos. Y para más sufrimiento, le colocaron  electricidad en los senos.”

Explica Haro, que los funcionarios del Cicpc la estaban obligando a que se confesara como terrorista y como miembro de alguna organización terrorista, a lo cual constantemente ella se negaba y ante esa negativa, las torturas eran mayores.

¿De qué se le acusa a Araminta?

-Inicialmente se le acusó de 3 delitos: terrorismo, asociación para delinquir y fabricación de artefactos explosivos. Luego de muchas diligencias ante el Ministerio Público, se le pudo desestimar el delito de terrorismo. Los delitos se fundamentan en que ella la relacionan con Vasco Da Costa, quien supuestamente, tendría una organización terrorista. Da Costa, en una carta publica el año pasado, manifestó que él nunca conoció a Araminta González, sino la vino a conocer en este proceso judicial. Él también está detenido en la cárcel 27 de Julio  en Guárico.

Los hechos

-Las acusaciones de Araminta las realizó José Pérez Venta, quien junto a Carlos Trejo, actuaron en el homicidio  de Liana Herguetta quien fue descuartizada; ellos confesaron ese delito, -enfatiza Haro.

-Todo el conflicto surge cuando una amiga de Pérez Venta y Trejo  convence a Araminta, sabiendo que ella vivía sola en su apartamento en Guarenas, que los aloje en su casa, porque son del interior y están participando en las manifestaciones.

-Araminta al principio se rehúsa pero al final accede. Luego pasan los días y al ver el comportamiento de ellos en su casa tuvo varias discusiones, hasta que los echa del apartamento. Ellos hábilmente le quitan las llaves y le roban una lapto aparte de otros objetos tecnológicos. Cuando Araminta regresa del trabajo no podía entrar, duerme esa noche en las escaleras frente a su casa. Luego tuvo que llamar a un cerrajero y es cuando se da cuenta de que la habían robado.

-De inmediato los llama y les dice que va a poner la denuncia y ellos la amenazan con meterla presa, que  van a utilizar sus influencias con el Sebin y sus contactos en el Cicpc concretamente, en la Brigada Antiterrorismo.

-Al persistir Araminta con la amenaza de denunciarlos, si no le devuelven todos sus objetos, un día llega la División Antiterrorismo del Cicpc con una supuesta información de que ella era terrorista -lógicamente los informantes eran Pérez Venta y Trejo- y allanan el apartamento y como ella no estaba, al día siguiente es capturada en el Centro Comercial Lido y es llevada a la sede del Cicpc, a la División de Antiterrorismo, donde permanece allí incomunicada y fue víctima de graves torturas.

-Pasada esta dramática situación, días después es llevada ante los tribunales a la Audiencia de Presentación, donde es acusada inicialmente de terrorismo, asociación para delinquir y fabricación de artefactos explosivos. Las abogadas de Araminta, para ese momento, le prohíben declarar sobre las torturas. Ellas no querían indisponerse con el Ministerio Público, ni meterse en problemas, tenían miedo y no querían sufrir las consecuencias de denunciar torturas.

Foto reciente de Araminta en el INOF. La vemos visiblemente más delgada. Lo vivido por  la infortunada mujer desde que la detuvieron en julio de 2014, supera en horror las más truculenta películas de terror. Su audiencia ante el juez, en más de un año ha sido diferida 15 veces y siguen sin celebrarse.

Foto reciente de Araminta en el INOF. La vemos visiblemente más delgada. Lo vivido por la infortunada mujer desde que la detuvieron en julio de 2014, supera en horror las más truculenta películas de terror. Su audiencia ante el juez, en más de un año ha sido diferida 15 veces y siguen sin celebrarse.

Tratos crueles en el INOF

Haro indica que en la Audiencia se ordena como sitio de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Aclara que en el Cicpc le aplicaron torturas a diferencia que en el INOF, donde la someten a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

-Allí estuvo encerrada –continua el abogado- en la celda que la llaman del castigo o reflexión, donde permaneció incomunicada, aislada de la luz del sol. No tenía acceso a alimentos ni agua, solamente un día a la semana le suministraban algo de comer, pero lo que le daban, según cuenta Araminta, era algo incomible, por le que pasaba días sin comer, allí estuvo por 24 días.

-Luego que la sacan de esa celda es víctima de constantes insultos y agresiones. Por ejemplo, cuando ella se negaba hacer los cantos alegóricos a Hugo Chávez que se acostumbra a realizar en el INOF, la castigaban llevándola  a una zona  llamada “El Tigrito”: es una área inhóspita que está llena de ratas y de todo tipo de insectos y a la intemperie. Allí es donde van las reclusas  que se niegan hacer los cantos en honor a Chávez.

-Además de los insultos, ataques psicológicos,  verbales y físicos por parte del personal del INOF, hubo un día que fue sometida a horas de ayuno: sin derecho a comer ni a tomar agua a plena luz del sol, la obligaban a ver hacia arriba un retrato de Hugo Chávez, hubo momentos en que estaba a punto de desmayarse y dice ella que hacía esfuerzo sobrehumanos por no caerse.

El proceso

Denuncia Haro, que después de un año y dos meses, todavía el proceso judicial de Araminta no ha pasado de  la Audiencia de Presentación. “Esto significa que hay una grave irregularidad, desde el punto de vista procesal y del debido proceso”.

-Usualmente una Audiencia Preliminar se debe dar a los dos meses después de la detención de una persona. Araminta lleva más de un año esperando la Audiencia Preliminar, la cual es reiteradamente diferida. Ha sido diferida 15 veces: 9 veces por incomparecencia del Ministerio Público y 6 veces por incomparecencia de las otras personas que están en el mismo proceso, porque no se les efectúa el traslado a los tribunales. Son 4 personas en ese caso, incluyendo a Araminta que es la única dama.

-Ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial del Estado Miranda extensión Barlovento, hemos solicitado, a través de más de 7 escritos, una medida sustitutiva a la privativa de libertad, es decir una medida menos gravosa, como régimen de presentación, para que Araminta pueda asumir su juicio en libertad. El tribunal ha hecho caso omiso a todas esas solicitudes.

-¿De qué manera su equipo llega al caso de Araminta?

-Sus padres fallecieron cuando ella era muy niña,  tiene sólo 2 hermanas una en Caracas y otra en Madrid. Miriam González, quien  está en Madrid, al ver que los abogados no habían hecho nada y además de que no le permitieron declarar en la Audiencia de Presentación sobre las torturas que sufrió en el Cicpc, viene a Caracas en abril de 2015 y nos solicita ayuda.

-Nosotros asumimos la defensa gratuitamente, por las condiciones humanitarias y delicadas del caso, y desde entonces hasta ahora lo primero que hicimos fue denunciar las torturas sufridas en el Cicpc y los tratos crueles, inhumanos y degradantes infringidos en el INOF.

-Además hemos denunciado que Araminta es una víctima de Pérez Venta y Carlos Eduardo Trejo, que son delincuentes que se dedicaban a aprovecharse de personas con las mismas características de Araminta, gracias a Dios ella está viva.

-Pérez Venta también ha participado en otros homicidios y descuartizamiento, como por ejemplo el caso de Yesenia Mujica que apareció descuartizada en agosto del año pasado. También participó en el caso de María Gabriela López, reportera gráfica, que logró escapar.

Explica José Vicente Haro,  que los funcionarios del Cicpc la estaban obligando a que se confesara como terrorista.

Explica José Vicente Haro, que los funcionarios del Cicpc la estaban obligando a que se confesara como terrorista.

La Defensoría del Pueblo no responde

-Hemos consignado 8 denuncias, la última fue  el 11 de septiembre, ante la Defensoría del Pueblo sobre todas las  torturas y los tratos crueles e inhumanos.  Y hasta la fecha, no hemos tenido respuesta.

-También acudimos ante la dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, las torturas son delitos que le corresponde al MP hacer la investigación. En 3 escritos,  denunciamos con nombres y apellidos y cargo a los funcionarios de la División Antiterrorismo de Cicpc, que incurrieron en las torturas contra Araminta.

-También denunciamos los tratos crueles e inhumanos que fue victima en el INOF. Igualmente denunciamos a Carlos Trejo y José Pérez Venta, quienes acusaron injustamente a Araminta ante el Cicpc y le robaron sus pertenencias.

Araminta sigue presa en el INOF con delincuentes comunes. Está muy deprimida y aterrada. “Cada vez que va a tribunales nos agarra por los brazos y no nos suelta. Tiembla. Está muy delgada y hay áreas de su cabeza en las que no le ha vuelto a crecer el cabello…” (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº2019 – 25-09-15

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