Sistemáticamente disparan a los ojos

 

Por AIDA GUTIERRÉZ  H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, desde el 1 de abril al 15 de agosto han arrestado a 5.326 personas en el contexto de las protestas; continúan detenidas 1.048; y 655 civiles han sido presentados ante Tribunales militares de los cuales 389 quedan privados de libertad por la jurisdicción militar. Desde enero de 2014 hasta el 17 de agosto suman 1.213 presos políticos en el país.

En relación a los fallecidos, la versión oficial del Ministerio Público registra 121 personas  muertas. Según un registro extraoficial realizado por Runrun.es hasta el 13 de agosto, murieron 157 personas durante protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y los saqueos principalmente por hambre.

Disparan a los ojos

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), realizó una investigación donde se pudo comprobar que durante 93 días, las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron a los ciudadanos en las protestas, disparándoles directamente a los ojos.

El informe precisa, que 22 personas fueron heridas con disparos certeros a los ojos durante la represión en las manifestaciones que se realizaron en Mérida, entre el 25 de abril y el 27 de julio de este año, contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Según indica la investigación, los disparos fueron con cuerpos metálicos como balas, perdigones y balines y municiones modificadas con objetos como trozos de cabilla.

Advierte el informe del ODH-ULA que “disparar a los ojos es un nuevo patrón de actuación de las fuerzas del Estado que viola el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional”.

También señala el estudio, que al menos una persona fue atacada en los ojos cada cuatro días, generándole así traumas oculares sobre todo a jóvenes ya que la edad promedio de las personas afectadas es de 23 años, siendo el 95,45% hombres y el 4,55% mujeres.

Destaca, que solo en la ciudad de Mérida se registraron 36,36% de los casos de disparos a los ojos.

Estudiantes presos con paludismo

27 estudiantes arrestados en Maracay el 4 de julio, y tras una audiencia de presentación de 10 horas,  un tribunal militar los imputó por los delitos de instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Violación de zona de seguridad y destrucción de fortaleza. Su lugar de reclusión fue El Dorado.

Desde el pasado domingo se conoció que algunos de ellos padecían paludismo, ciertamente los familiares de los recluidos confirmaron los síntomas de esa enfermedad. Los estudiantes más delicados de salud son José Saldivia y Alex González, quienes al día de hoy (17 de agosto) no han sido atendidos por ningún médico.

La denuncia la hizo Dimas Rivas, coordinador del Foro Penal Venezolano en Bolívar, quien destacó que los familiares imploran el traslado de los jóvenes a Maracay para que sean tratados. Informó que uno de los muchachos presos, logró comunicarse con familiares y dijo que los mismos habían convulsionado. Unos exámenes que le realizaron salieron positivos de paludismo.

Por su parte, Luis Andrés García, miembro de la FCE UPEL Miranda, expresó: “Exigimos que sean atendidos de manera inmediata, no se pueden seguir violando derechos humanos a los presos de conciencia del régimen, hemos vuelto al siglo XIX donde proliferan enfermedades que habíamos creído erradicadas”.

Asegura García  que “hay muchas trabas en la cárcel de El Dorado para el acceso a medicinas, alimentos e insumos”. Exige que se le hagan llegar los medicamentos necesarios para la cura de la enfermedad que están padeciendo. Destaca que esta no es la primera ocasión que los estudiantes presentan problemas de salud, por ejemplo, debido a la ingesta de comida descompuesta se han afectado del estómago y no se ha permitido el acceso a medicamentos. (@guti21)

FUENTE N° 2.112 / 18-08-17

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Parte de guerra al 28 de julio

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) han ocurrido 4.848 arrestos desde el 1 de abril al 28 de julio, 1.348 aún siguen detenidos, y 527 personas han sido llevadas a tribunales militares en todo el contexto de protestas.

Al respecto, Alfredo Romero director de FPV, dijo que la justicia castrense viola los derechos humanos y la cataloga como una forma de justicia en la que “se pagan y se dan el vuelto”.

Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos que le presentó el FPV, que suman 498 al 25 de julio,  el número más alto desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

“Acordamos con el Foro Penal Venezolano certificar periódicamente la lista, la cual será de referencia absoluta para impulsar el seguimiento de la liberación de todos los presos políticos, así como para el seguimiento de cualquier proceso que lleve adelante el régimen y que afecte la condición de éstos”, expresó Almagro.

Paros cívicos                                                                                             

Durante las jornadas de paro cívico convocadas por la Mesa de la Unidad, el 20 de julio fue el día con mayor número de detenciones alcanzando 367 personas arrestadas.
También hubo una gran cantidad de heridos y 6 personas asesinadas.

Romero denuncia que los heridos son detenidos incluso cuando los tienen en centros médicos. Asegura que conseguir a los detenidos, al menos en Caracas, es cada vez más difícil porque “colocan a dos en un sitio, dos en otro…”, los mueven entre bases militares y comandancias de policías.

En el paro cívico de los días 26 y 27 de julio, hubo más de 230 arrestos. Gran cantidad  de  heridos no calculados aún y 7 personas fallecidas. También se registraron ataques brutales contra la propiedad privada por parte de la GNB, en urbanizaciones del este y oeste de Caracas, igualmente en varias ciudades del interior del país.

Así quedó la entrada a Los Verdes en el Paraíso luego del ataque brutal de la GN.

Asesinados durante las protestas

Según cifras del Ministerio Público los fallecidos suman 106 desde el 1 de abril al 27 de julio, en 118 días de protestas.

Entre los asesinados durante las manifestaciones del paro cívico del 26 y 27 de julio se encuentran: Jean Aponte (16),  herido de bala en Petare. Enderson Caldera (24),  disparo en la cabeza en Mérida. Glimber Tainoba (16)  tiro en la cabeza cuando transitaba por El Paraíso iba a llevarle comida al hermano.

Leonardo Gonzalez (48), acribillado por presunto policarabobo en Naguanagua. Anthony Torrealba (30) en Lara, golpiza propinada por efectivos de GN le dejó una severa fractura de cráneo, estuvo  hospitalizado desde el 22 julio hasta que murió el 27 julio.

Violaciones a los DDHH

El FPV elaboró un Reporte sobre  violaciones a los DDHH durante la represión de los cuerpos de seguridad del estado, en  los primeros 3 meses de protestas. La ONG detectó  patrones represivos que van desde asesinatos hasta detenciones arbitrarias.

En un total de 89 muertos en todo el país al 30 de junio: 67 fueron asesinados; 14 presuntos saqueos; 6 barricadas; 2 presuntos linchamientos. El promedio de edad de las víctimas es de 17 a 28 años.

Durante las detenciones arbitrarias, registró los siguientes hechos de torturas, tratos crueles e inhumanos por parte de los cuerpos de seguridad en los Estados Carabobo, Monagas, Miranda y Bolívar: Amenazas de muerte; patadas y golpes con armas en diversas partes del cuerpo; actos lascivos; insultos; disparos de perdigón; uso de sustancias para adormecer a los detenidos; colgar detenidos de las esposas para conminarlos a inculpar a dirigentes de oposición como financistas de las protestas.

En cuanto a los heridos durante las manifestaciones, el FPV indica 3.500 en tres meses y solo en el mes de junio 1.500. Entre las lesiones se encuentran: Impacto de balas; perdigones; impacto de bombas lacrimógenas; esferas metálicas o de vidrio disparadas en muchos casos a quemarropa; pérdida de órganos; desfiguración y compromiso severo del estado de salud.

Gran número de personas asfixias por gases lacrimógenos utilizados como elementos de agresión y no como persuasión. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta N°2109 / 29-07-2017

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PARTE DE GUERRA al 14 de julio

Foto by Miguel Angel Gutiérrez / EFE

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) desde el 1 de abril al 12 de julio, han registrado 3.880 arrestos de manifestantes, de los cuales 1.140 permanecen detenidos. De esa cifra, 80% son estudiantes.

Ante tribunales militares fueron presentados 454 personas, de esta cifra 283 han sido privados de libertad. En relación a los presos políticos al 12 de julio hay 444 entre rejas. Explica Alfredo Romero, director de FPV, que se está dando el efecto “puerta giratoria”, mientras liberan a algunos presos políticos, encarcelan a otro número similar

Graves intentos de encarcelar a testigos

Romero, en rueda de prensa el lunes 10 de julio ofreció un reporte de las violaciones de derechos humanos durante los 100 primeros días de protestas en contra del gobierno.

Entre las denuncias, refiere que los cuerpos de seguridad aplican detenciones selectivas contra los opositores. Destaca que sin orden judicial penetran en las viviendas y detienen a las personas, como es el caso de uno de los testigos de la muerte de Fabián Urbina y del escudero que trató de salvar del disparo a David Vallenilla en La Carlota. Considera grave que “a los testigos de los asesinatos, en vez de llamarlos para identificar la verdad, los persiguen”.

En el caso de Juan Pernalete, los testigos se encuentran escondidos debido a que recibieron amenazas de detención.

Romero señala que al  10 de julio, 96 personas han fallecido en el contexto de las manifestaciones y de ellas 69 han sido “asesinadas durante la represión”. Agregó que solo en el mes de junio, fallecieron 24 personas bajo estas condiciones.

En promedio de edades de los fallecidos es entre 17 y 28 años. Los estados con mayor número de muertos son: Miranda, Lara, Táchira y Carabobo. Entre las causas de las muertes precisa: Armas de fuego  60; barricadas 6; bombas lacrimógenas 3; arrollamiento 3; linchamiento 2; accidente de tránsito 2.

Informa Romero que el Ministerio Publico ha comisionado a fiscales para investigar cada uno de los casos, pero no ha habido persona sentenciada por muertes. Asegura que “los agentes del Estado no han tenido ningún tipo de colaboración a los efectos de entregar a los responsables de los asesinatos”.  Destaca en el caso de Tony Canelón fueron imputados por la Fiscalía 14 guardias nacionales, pero el cuerpo castrense se niega a entregarlos.

Por otro lado, según un registro extraoficial realizado por Runrun.es hasta el 12 de julio han muerto 115 personas durante protestas y los saqueos. La versión oficial del Ministerio Público registra 93 personas fallecidas.

El 10 de julio fue asesinado Rubén Darío González, de 16 años. El menor de edad falleció por un disparo de arma de fuego la tarde del lunes en el sector 5 de La Isabelica, estado Carabobo. Se presume que el impacto fue realizado por un funcionario de la GNB.

El 11 de julio muere el estudiante Oswaldo Rafael Britt, de 17 años,  luego de haber sido arrollado por un camión de Hidrobolívar en el Paseo Meneses, Ciudad Bolívar, lugar donde se registró una protesta.

GN arremete contra mujeres

Cinco estudiantes detenidas por la Policía de Aragua el 2 julio, junto con otros 21 alumnos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay, denunciaron ante los tribunales haber sido víctimas de actos lascivos por funcionarios durante la aprehensión

“Las manosearon dentro de sus camisas, les abrieron los sostenes. No les quitaron la ropa, pero sí trataron de introducir objetos en sus zonas intimas”, denuncia Romero.

Por otra parte, Paula Colmenárez Boscán, de 17 años, estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, fue arbitrariamente detenida el lunes 10 de julio en Caracas. Las fotos tomadas por el reportero gráfico de la Agencia EFE, Miguel Angel  Gutiérrez,  dieron la vuelta al mundo y causaron indignación. Actuaron en su arresto al menos 25 guardias nacionales, según declaraciones de su padre, Andrés Colmenárez, vocero de la Asociación Civil Funpaz.

Mas de 25 guardias nacionales arrestan a Paula Colmenarez. Foto by Miguel Angel Gutiérrez. EFE

“Cuando la agarraron, la golpearon en la espalda y la pisaron, la herida en la mano fue producto de unos vidrios que se encontraban en el asfalto. En el trayecto hacia el lugar de reclusión la amenazaron con lanzarla al río Guaire, en el sitio de detención recibió más golpes, fueron siete horas de vejaciones, incluso la amenazaron de ultraje”, dijo el padre de Paula.

Según el padre de la víctima, gracias a estas imágenes de Miguel Ángel Gutiérrez de la Agencia EFE se hizo público tal aberración y a Paula la liberan, pero después de 7 horas de maltrato físico y psicológico.

Asimismo, la periodista Mireya Vivas, fue víctima de ataques de los efectivos de la GN, quienes tras tomarla por su cabello la arrastraron varios metros por el piso, la detuvieron y la torturaron por más de tres horas. Fue detenida en El Hatillo cuando defendía a un joven que estaba siendo golpeado por un guardia. “Me identifiqué como periodista y le pedí que no lo golpeara más. Su respuesta fue agarrarme por el cabello y arrastrarme”, narra Vivas, quien también dijo que después la metieron en un cuarto lleno de orina, le arrojaron una bomba lacrimógena y cerraron la puerta para asfixiarla.

Denuncia Vivas que seis guardia nacionales, la golpearon repetidas veces, jugaron “tiro al blanco” con perdigones dirigidos a su rostro y le hicieron comer polvo de gas lacrimógeno.

Dijo que los guardias mostraban saña contra su persona, se debía a que uno ellos se encontraba gravemente herido, por lo que recibió amenazas. “Me decían si mi compañero se muere, tiene que morir uno de ustedes”, narra la periodista del portal ElHatillano.com. (@gut21)

(@guti21)

Fuente: Revista Zeta N°2107 / 14-07-2017

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Saldos de presos, muertos y heridos

Desde el 4 de abril al 1 de mayo, las cifras de muertos, heridos y detenidos arrojan un cuadro que tarde o temprano, colocará en el banquillo de acusados a los jefes que ordenaron la represión.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

Alfredo Romero, directivo del Foro Penal Venezolana informa que hay 1.664 personas arrestadas por protestar desde el 4 de abril hasta el 1 de mayo de 2017. Se mantienen 556 detenidos. 183 presos políticos (privados por orden judicial). Denuncia, ausencia absoluta del Estado de derecho en Venezuela. Y considera que la represión de manifestaciones opositoras “ya es generalizada y sistemática”.

En relación a la violación de los Derechos Humanos, dijo que el Foro Penal  está documentando los casos para posteriormente denunciarlo. Hizo un llamado a los funcionarios y efectivos de los cuerpos de seguridad: “no sean esclavos de la represión, ustedes son pueblo exactamente igual como el manifestante“.

Por su parte Gonzalo Himiob, directivo del FPV, enfatiza que “la persona que viola los Derechos Humanos puede ser perseguida aquí en Venezuela como en cualquier otro parte del mundo. El llamado es a los cuerpos de seguridad del Estado en particular a los funcionarios subalternos que reciben órdenes. Quizá mañana los van a olvidar y a ustedes los van a recordar como violadores de los Derechos Humanos“.

Un ejemplo de violación de DDHH es el caso del ciudadano  Máximo León que en una protesta pacífica en  Carabobo, recibió una bomba lacrimógena en la cara. “Las fuerzas de seguridad no solo están utilizando los gases para asfixiar sino para impactar al ciudadano con el disparo. Por esto, exhorto al Ministerio Público, a los tribunales y a la Defensoría del Pueblo a citar a los comandantes que dieron las órdenes”.

Los jóvenes cuando son detenidos por la GNB o por la PNB son sometidos a los más terribles maltratos inhumanos, son torturados, golpeados y vejados, en algunos casos hasta violados.

También destaca, que entre Chacao y el Rosal fue agredida con una bomba lacrimógena en la cara Yoliter Rodríguez, de 57 años, este 26 de abril.

En relación a los recientes asesinatos de jóvenes, Romero señala que “la responsabilidad no sólo es del ejecutor directo, sino también del Comandante que los dirige. Por ser funcionarios del Estado, los oficiales que comandan operaciones de agresión al pueblo deben rendir cuentas”.

Entre Chacao y el Rosal fue agredida con una bomba lacrimógena en la cara Yoliter Rodríguez, de 57 años, este 26 de abril.

Balance de la Fiscal General

En rueda de prensa la Fiscal General Luisa Ortega Díaz,  precisó que al 25 de abril la situación es: 26 personas fallecidas: 4 adolescentes y 22 adultos; 437 lesionados; 1.289 detenidos durante las protestas; 65 personas privada de libertad; de los arrestados 217 son presentados ante tribunales este 25 de abril.

Expresó la necesidad de que las actas policiales tengan el debido proceso, en este sentido La Fiscal refirió un caso que calificó de “anómalo”, ocurrido el 19 de abril, cuando funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a 38 personas en Nueva Esparta que fueron trasladados por el CICPC sin conocer la circunstancia de las actuaciones de los aprehendidos.

La Fiscal destacó que el CICPC notificó al Ministerio Público que tenía a esas personas detenidas, pero que el acta que entregaron “no narra las circunstancias del tiempo, modo y lugar en las que fueron aprehendidas las personas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es la conducta que desarrolló la persona para aprenderla?”. Advirtió que esos datos son “lo importante” de un acta policial debido a que la labor del fiscal no es atender la seguridad ciudadana ni el orden público ni las manifestaciones. Por consiguiente, la Fiscal solicitó “la nulidad de tal detención por carecer de sustento”.

“De pronto sí hay un delito. Pero vuelvo a insistir en el tema de las actas policiales“, dijo. “Incluso en los estados de excepción, uno de los pocos derechos que no se puede suspender es el del debido proceso, el 337 constitucional. Yo estoy obligada como Fiscal General a garantizar el debido proceso. El país necesita seguridad jurídica (…) Si la persona no cometió delito, no puede ser sancionada”.

Jóvenes asesinados

El 25 de abril en la mañana la Fiscal General dio un balance de los fallecidos, sumaban 26  personas. Al día siguiente, se reportaron otro 3 asesinatos: 1) Durante protestas pacíficas en Carabobo, Christian Humberto Ochoa Soriano de 22 años, según narra su padrastro Eleazar Guerra “un funcionario de la Policía de Carabobo, a pesar de que el joven se arrodilló con las manos en la cabeza y le dijo que se entregaba pero que no lo fuera a matar, el policía le apoyó la escopeta en la barriga y le disparó”.  2) En horas de la tarde del 26 de abril en Altamira,  Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años de edad, falleció por un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. 3) En la noche del 26, una salvaje arremetida de GNB, acabó con la vida  de un joven en el Barrio 22 de la Urb. Sucre en Barquisimeto.

 

Durante protestas pacíficas en Carabobo, Christian Humberto Ochoa Soriano de 22 años, según narra su padrastro Eleazar Guerra “un funcionario de la Policía de Carabobo, a pesar de que el joven se arrodilló con las manos en la cabeza y le dijo que se entregaba pero que no lo fuera a matar, el policía le apoyó la escopeta en la barriga y le disparó”.

 

En horas de la tarde del 26 de abril en Altamira, Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años de edad, falleció por un impacto de bomba lacrimógena en el pecho.

Al 27 de abril los fallecidos alcanzan la cifra de 29 personas asesinadas durante las protestas pacíficas de la oposición venezolana. Al 2 de mayo los asesinados pasan de 30.

De acuerdo a los expertos, la estrategia del gobierno es apagar “como sea” las manifestaciones. Y por tal razón activa el Plan Zamora 200, el cual dejó un saldo -en el primer día de su aplicación el 19 de abril en llamada “fase verde”- de más de 500 detenidos, tres muertos y cientos de heridos.

Periodistas detenidos

En Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, denunció en un comunicado que “en 25 días de protestas, se han presentados hechos que vulneran el derecho al trabajo y a la información.  90 reporteros y trabajadores de los medios han sido agredidos. 106 detenidos de manera ilegal durante la cobertura de los acontecimientos”. También informaron que el 50% de las detenciones contra periodistas y trabajadores de medios son practicadas  por la Guardia Nacional.

El 1 de mayo fueron detenidos dos periodistas de Vivo Play y los dos conductores de las motos donde se trasladaban. Fueron confiscados sus equipos como también las motos. Por unas horas no se supo el paradero de los profesionales,  pero sí hay testigos que hombres vestidos de negro con pasamontañas se los habían llevado.  Luego tarde en la noche,  fueron liberados.

“Silencio a la fuerza”

Por otra parte es importante destacar, las denuncias de Amnistía Internacional (AI),  organismo que ha tenido conocimiento y ha corroborado efectivamente la existencia de detenciones llevadas a cabo sin orden judicial y aun cuando la persona no esté cometiendo un delito in fraganti. Estas detenciones tienen como denominador común que la persona que es aprehendida por las autoridades estatales tiene una postura crítica o disidente de las políticas gubernamentales.

Las denuncias de detenciones arbitrarias en Venezuela para “acallar a la disidencia política”,  son recogidas en el informe “Silencio a la fuerza” que la ONG difundió este miércoles 25 de abril en México.

En este documento AI expone “las tendencias graves de violaciones de derechos humanos en cuestiones de las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Especialmente, aquellos casos en los que se afecta la integridad de las personas o se viola el debido proceso de diversas formas, demostrando que no hay independencia entre el sistema de justicia y el Poder Ejecutivo”.

El Foro Penal recomienda que si usted ha sido víctima de maltratos o torturas, has sido herido en protestas, comuníquelo al  http://foropenal.com   o al  0414 -2694287/ 0412 -5568211. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº2096 – 28-04-17 – Versión actualizada por el autor para la Web

El lento camino de la Amnistía

PoliciasMetropolitanosPresos-2016

El 11 enero la Asamblea Nacional recibió el Anteproyecto de Ley de Amnistía presentado por el Foro Penal. Entretanto, algunos casos de presos políticos siguen siendo un interminable recuento de torturas y tratos crueles.

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. (@guti21)

El próximo 21 de abril cumplirán 13 años presos  los efectivos de la Policía Metropolitana condenados por los hechos del 11 de abril de 2002.

La organización internacional Venezuela Awareness denunció que desde 2007 les corresponden medidas alternativas de cumplimiento de condena pero se les ha negado este derecho.

Marco Hurtado, Héctor Rovain, Arube Pérez, Luis Molina y Erasmo Bolívar fueron condenados a penas que van desde los 16 a 30 años de prisión por su supuesta responsabilidad en 2, de las 19 muertes ocurridas durante los eventos del 11A.

Según la acusación judicial, ellos habrían sido dirigidos por los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonóvis, todos ellos hoy bajo libertad condicional por razones humanitarias.

“Venezuela Awareness continuara exigiendo la libertad de los funcionarios policiales y puedan finalmente regresar a sus hogares, además pedimos a la comunidad internacional y al pueblo venezolano, solidaridad para quienes salvaron las vidas de miles de venezolanos en ese fatídico día”, señala la ONG a través de un comunicado.

“A pesar que se encuentran en la cárcel militar de Ramo Verde donde permanecen en prisión política con presos políticos emblemáticos, los funcionarios policiales no son ni visitados ni mencionados ni existe el interés de que sean incluidos en las gestiones por la libertad de los casos renombrados”, denuncia la ONG.

Anteproyecto de Ley de Amnistía

El 11 de enero la Asamblea Nacional (AN) recibió del Foro Penal Venezolano un Anteproyecto de Ley de Amnistía, donde participaron renombrados juristas, académicos, abogados, defensores derechos humanos y Organizaciones No Gubernamentales.

Este proyecto podría significar la libertad de los presos políticos que existen en Venezuela, entre ellos los policías metropolitanos, quienes tiene el mayor tiempo tras las rejas.

Alfredo Romero, directivo del Foro Penal, dijo que entre las novedades del anteproyecto, está la suspensión de las condenas y los procedimientos administrativos y penales.

Alfredo Romero, directivo de Foro Penal Venezolano.

Alfredo Romero, directivo de Foro Penal Venezolano.

-Un grupo de abogados y activistas locales de derechos humanos entregamos en la Asamblea Nacional, la iniciativa de 27 artículos que contempla el beneficio de amnistía para los llamados presos y perseguidos políticos, -señala Romero.

Entre las novedades que contempla el proyecto está la identificación de los beneficiarios; procedimientos especiales para individualizar la amnistía; la suspensión de las condenas y los procedimientos administrativos y penales; y la constitución de una comisión especial para hacer seguimiento a los casos.

Romero asegura que de aprobarse la ley bajo los parámetros propuestos podrían beneficiarse “más de 5.000 personas” y empresas que fueron afectadas por “procedimientos expropiatorios con fines políticos”. Asimismo se contempla la posibilidad de indemnización por parte del Estado.

Beneficiados

Las presas políticas en Venezuela se enfrentan a torturas y a tratos crueles e inhumanos, ejemplo de ello son Araminta Gonzalez y Laided Salazar. La primera  acusada de “asociación para delinquir y fabricación de artefactos explosivos”. Y la segunda,  fue sentenciada a 8 años y 7 meses de prisión por “instigación a la rebelión y contra el decoro militar”. Dos casos de injusticia y de violación de derechos humanos.

Araminta se encuentra con depresión crónica y en el INOF se niegan a trasladarla para hacerle los exámenes psiquiátricos.

Araminta se encuentra con depresión crónica y en el INOF se niegan a trasladarla para hacerle los exámenes psiquiátricos.

 

La Capitana Laided Salazar fue trasladada de la cárcel de Uribana a Ramo Verde. Pesa sólo 35 kilos, espera por una medida humanitaria.

La Capitana Laided Salazar fue trasladada de la cárcel de Uribana a Ramo Verde. Pesa sólo 35 kilos, espera por una medida humanitaria.

Al conocer en profundidad los casos de Araminta y la Laided, se podría pensar que estamos en presencia de un Poder Judicial misógino, por los tratos crueles que han sufrido estas dos venezolanas y también otras víctimas como Inés González y María Lourdes Afiuni.

Con la ley de Amnistía, estas damas presas podrían salir en libertad.

Araminta fue víctima de las peores torturas inimaginables para un ser humano. Y el caso de Laided es dramático, según sus familiares, a la capitana la están matando de hambre, pesa 45 kilos, la Defensoría del Pueblo pidió una medida humanitaria para ella: casa por cárcel.

Ola represiva

De acuerdo a cifras del Foro Penal Venezolano, desde el 4 de febrero de 2014 hasta el 7 de enero de 2015 se registraron: 3.414 detenciones arbitrarias, entre ellas 287 menores de edad. En Libertad con medidas cautelares se encuentran 1.922 personas (173 Menores de edad). En Libertad plena: 615 (42 Menores de edad). Y privados de libertad: 62.

La ola represiva con la criminalización de la protesta iniciada en Febrero 2014, dejó un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos.

Romero expresa que “ya se ha hecho sistemático el trato cruel a los presos políticos y sus familiares. Casos como el de Leopoldo López, Vasco Da Costa, Leonel Sánchez, Yeimi Varela, Yoselin Prato, Marcelo Crovato, Juan Carlos Nieto y Gerardo Carrero son sólo algunos ejemplos”.

-El caso de Yoselín Prato, quien fue detenida por 68 días en la Penitenciaría de Coro, por abucheos contra la Ministra de Tursimo, esposa de Diosdado Cabello, y quien fuera torturada, vejada y sometida a tratos crueles e inhumanos, poco es lo que se sabe.

Menciona a Marcelo Crovato, que es uno de los casos de presos políticos que se conoce, pero que pocos recuerdan. Hoy día lo mantienen bajo arresto domiciliario. Señala que la familia de Crovato ha sido tan agredida como él.

Gerardo Carrero, su único "delito" fue participar en el campamento frente a las oficinas del PNUD en Caracas, pero las torturas que le fueron infligidas en el Sebin han sido un escándalo nacional.

Gerardo Carrero, su único “delito” fue participar en el campamento frente a las oficinas del PNUD en Caracas, pero las torturas que le fueron infligidas en el Sebin han sido un escándalo nacional.

También está el caso de Gerardo Carrero: “Es un caso muy relevante ya el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU lo consideró como detención arbitraria, según comunicación del 28 de octubre de 2015”.

Carrero denunció que fue torturado por el jefe de servicios del SEBIN.  El joven fue guindado por 12 horas con esposas sujetadas a un tubo en el techo y golpeado brutalmente con tablas. Esto porque había enviado una carta al presidente Nicolás Maduro señalando que iniciaría una huelga de hambre.

En vez de ser trasladado a otro lugar y comenzar alguna investigación por este caso, la juez de la causa María Eugenia Núñez, del tribunal 12 de juicio de Caracas,  ordenó el traslado de Carrero, en vez de algún lugar que lo mantuviera a salvo de la tortura, a una celda de castigo, en confinamiento solitario, conocida como La Tumba, en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, también supervisada por el mismo torturador Carlos Calderón, donde fue sometido a tortura blanca por 6 meses, sin tomar sol, con luz artificial prendida día y noche, sin acceso a sus abogados y sin noción de tiempo.

Hoy día Carrero se encuentra nuevamente en el Helicoide supervisado por el mismo funcionario Carlos Calderón que lo torturó. Gerardo sufre severos problemas de salud, incluyendo problemas estomacales. Le han aparecido más de 30 abscesos en la piel. Se le han partido dientes que no han sido tratados lo que le causa dolores constantes.

El caso de Rodolfo González es emblemático, ya que la tortura psicológica lo obligó al suicidio dentro del Helicoide. Un señor de 60 años de edad quien dejó a una esposa y una familia.  

El presidente se niega

El grupo de juristas que elaboraron el anteproyecto de Ley de Amnistía,  deja abierta la posibilidad para que la Asamblea Nacional,  apruebe la nueva normativa de amnistía por la vía de una ley o un decreto administrativo.

Entretanto, el presidente Nicolás Maduro ha planteado que no está dispuesto a promulgar ninguna Ley de Amnistía, pero la mayoría opositora sostiene que cuenta con el respaldo legal para llevar adelante la ley sin el apoyo del mandatario. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº2035 – 29—01-16

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“Los custodios caminan sobre reja que es el techo”

Quizás lo más significativo de las condiciones en las que estuvo recluido Daniel Ceballos en una celda de castigo de la cárcel 26 de Julio en el estado Guárico, es que el techo de la celda es una reja sobre la que caminan los custodios. Son sistemas ideados para quebrar la resistencia de un preso, calcados en cárceles de las dictaduras. Al cierre de esta edición de Zeta, la salud de Ceballos según médicos de la Fiscalía, no presentaba señales de peligro, pese a la huelga de hambre iniciada el 22 de mayo.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

El exAlcalde Daniel Ceballos, antes de ser detenido y haber rebajado 13 kilos en la huelga de hambre levantada el jueves 11 de junio.

El exAlcalde Daniel Ceballos, antes de ser detenido y haber rebajado 13 kilos en la huelga de hambre levantada el jueves 11 de junio.

Daniel Ceballos levantó la huelga de hambre el jueves 11 de junio en horas de la tarde, al tiempo que fue trasladado a la sede del Sebin en el Helicoide en Caracas, como nuevo sitio de reclusión. Estos acontecimientos suceden mientras esta edición de Zeta ya había sido impresa. A continuación conocerán qué pasó en los dos últimos días de la huelga de hambre de Ceballos, según informa su abogado Juan Carlos Gutiérrez. Esta actualización de los hechos, es sólo para la publicación en el Blog de @guti21.

Continúa en huelga de hambre

La cárcel donde se encuentra preso el ex Alcalde de San Cristobal, Daniel Ceballos, es una de las peores del país. Allí se encontraba Ceballos en condiciones infrahumanas, “al lado de una letrina con un techo que son unas rejas donde diariamente caminan los custodios”, según expresa su abogado Juan Carlos Gutiérrez.

Ceballos junto con el líder de su partido Voluntad Popular y también encarcelado, Leopoldo López, comenzaron el 22 y el 24 de mayo respectivamente una huelga de hambre hasta que el Gobierno venezolano cumpla con una serie de exigencias.

La liberación de los presos políticos, la fijación de la fecha para las elecciones parlamentarias y también la observación internacional calificada de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), son las peticiones de los líderes en huelga de hambre.

Sobre el particular, entrevistamos al abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez. El primer contacto fue el día lunes 8 de junio. El jurista había visitado el viernes a Ceballos.

Describe el lugar donde está detenido Ceballos: “El Centro para Procesados 26 de Julio, en el estado Guárico, es una cárcel que tiene escasos meses de ser inaugurada. A mi manera de ver, no está terminada, está en bloques de concreto, con paredes sin frisar, piso de cemento. Ceballos  estaba colocado en una celda de castigo, donde tiene una letrina y el techo es una reja donde los custodios continuamente caminan. Él le dijo a su esposa en una llamada telefónica que le hizo hoy (lunes) que lo iban a pasar a la enfermería, por sus condiciones de salud, por si requiere atención médica la obtiene allí mismo.”

-Estamos a la espera de los resultados de los  exámenes médicos que le hicieron por parte de la Fiscalía. Estuvimos con él el viernes, lo vimos muy delgado pero consiente y ubicado en tiempo y espacio, muy bien mentalmente, muy decidido a continuar la huelga. Se le propuso que levantara la huelga de hambre, estaba su señora madre y su esposa con nosotros. Fuimos acompañados por unos médicos, pero no les permitieron que le hicieran ningún tipo de exámenes… Las pruebas médicas las hizo la Fiscalía. Se comprometieron que iban a consignar los resultados de esos exámenes en tribunales hoy (lunes).

-Hasta el viernes el estaba decidido a continuar la huelga de hambre. Mañana martes tiene visita de abogados, y estaremos otra vez con él viendo cómo se encuentra y esperemos tener los resultados de la fiscalía.

-La recomendación de su familia y de mucha gente de la colectividad es que levante la huelga de hambre, -agrega el abogado.

De acuerdo al abogado defensor  Juan Carlos Gutiérrez, a Ceballos lo quieren llevar a juicio por rebelión civil.

De acuerdo al abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez, a Ceballos lo quieren llevar a juicio por rebelión civil.

“No tiene daños hasta los momentos”

El martes 9 en la noche, conversamos de nuevo con el abogado Gutiérrez sobre el estado de salud de Ceballos y sobre su proceso judicial.

-Ya la Fiscal dio la información de la salud de Ceballos, a pesar de lo que se había pactado el viernes pasado que el Ministerio Publico se iba a reservar la exclusividad de los resultados de los exámenes, solo para la familia de Ceballos. Quienes  tenían que saber antes sobre el estado de salud de Ceballos, era su madre y esposa. Pero no fue así, aunque, sin embargo, le agradecemos al Ministerio Público su gestión. Lo más importante es que ya sabemos que Daniel está bien, no tiene daños hasta los momentos, a pesar de la perdida de peso que ha tenido. Por lo menos podemos decir, entre comillas, que está bien, con todo lo que esto conlleva.

-Daniel está decidido a continuar la huelga de hambre. No tiene fecha de término hasta que sus peticiones sean escuchadas. Nosotros creemos que se ha avanzado mucho con el tema de Samper, de la Unasur, con el comunicado que hizo en la tarde de ayer (lunes) relativo a la conveniencia de la intervención de la Unión Europea y de la OEA, eso lo hemos visto muy positivo y esto puede generar ya el pronunciamiento de las fechas de las elecciones, y la observación internacional, que eran uno de los petitorios que se habían planteado.

Cabe destacar que el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, planteó la tarde de este lunes la posibilidad de que el petitorio impulsado a través de una huelga de hambre por López y  Ceballos, se convierta durante las próximas horas en hechos concretos.

A través de su cuenta en tuiter @ernestosamperp Samper expresó: “UNASUR estará en las próximas elecciones en Venezuela y espera que organismos internacionales como la OEA y UE cumplan su tarea.”

Continúa el abogado Gutiérrez diciendo, que la observación de la Unión Europea es muy importante por que tienen unos protocolos de observación internacional de muy alta confiabilidad y también la OEA. Estos planteamientos los consideran como un avance.

-Otros de los avances que esperamos que haga la Defensoría del Pueblo, tienen que ver con  las gestiones para procurar liberar algunos presos políticos, lo cual permitiría que se levantara la huelga de hambre lo más pronto posible.

¿En que fase se encuentra el proceso judicial de Daniel Ceballos?

-El juicio de Ceballos está en la etapa de las pruebas, ha recibido todas las pruebas de la Fiscalía, ahora lo que viene es la recepción de las pruebas de la defensa. De 57 testigos sólo nos aceptaron 12,  por lo menos nos permitieron esos testigos, a pesar que el recurso de apelación que presentamos contra la negativa de pruebas no ha sido resuelto, tenemos 12 testigos para acreditar la verdad.

-El tema de Ceballos es que la Fiscalía dice que él dio discursos públicos y declaraciones ante los medios, donde estaba llamando a la rebelión. La recopilación que hicimos de todos los discursos y todas las declaraciones y los contenidos de sus cuentas en las redes sociales demuestran todo lo contrario. Todo lo que es prueba documental: de medios, audiovisual, prensa y redes sociales, se admitió. Ahora viene la parte de testigos que van a demostrar la verdad, que Ceballos hace un contenido critico al gobierno nacional pero en ningún momento hizo un llamado a producir el  derrocamiento del presidente de la República, lo quieren llevar a juicio por rebelión civil.

-La juez de Ceballos (Josmar González), en un halo de sensatez suspendió el juicio durante la huelga de hambre. Lo cual nos parece muy sensato. En una audiencia que tuvimos con la juez y el Ministerio Público, ella propuso eso, la Fiscalía también lo aceptó y todos las partes firmamos el acta, se considero suspender el juicio, para reanudarlo una vez termine la huelga de hambre.

Al cierre de esta edición aún se encuentra Ceballos en huelga de hambre, la que, según el abogado Gutiérrez, podría levantar en cualquier momento si sus peticiones son escuchadas. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº2004 – 12-06-15

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País con más presos políticos

LeopoldoLopez

El mundo entero se indigna ante los informes que catalogan a Venezuela como el país latinoamericano con el mayor número de presos políticos. Pese al clamor universal, estas son las cifras de los presos políticos en Venezuela en la presente fecha.

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. (@guti21)

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) desde febrero de 2014 aún quedan privados de libertad por protestar 39 personas. En libertad con medidas cautelares: 2.007 (196 Menores de edad). En libertad plena: 767 (61 Menores de edad); liberados sin presentación: 631 (93 Menores de edad). Por verificar: 274 (10 Menores de edad). En total fueron  3.718 detenciones (360 Menores de edad).

Indica Alfredo Romero director del FPV que  “la situación es crítica. No había una cifra de mayor cantidad de presos políticos en el tiempo que tenemos en el Foro Penal Venezolano. Solo el año pasado casi llegamos a las 300 personas presas por motivos políticos”.

Recluidos en cárceles comunes

Según el Foro Penal, cinco de los detenidos producto de las manifestaciones de 2014, con procesos penales abiertos, siguen recluidos en cárceles comunes. En el grupo se encuentran Chamel Akl, Vasco Da Costa, José Luis Santamaría y Efraín Ortega, presos en Rodeo II, y Araminta González que está en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

 

Araminta González estudiante recluida   en el INOF, desde 2014.

Araminta González estudiante recluida en el INOF, desde 2014.

Chamel Akl, estudiante recluido con presos comunes en  el Rodeo II, desde abril de 2014.

Chamel Akl, estudiante recluido con presos comunes en el Rodeo II, desde abril de 2014.

Señala Romero que esta cifra es registrada por el FPV luego de las medidas cautelares y los arrestos domiciliarios otorgados en los últimos dos meses. Considera estos casos, como detenciones arbitrarias. “Akl fue detenido junto a su hermano Richard, en Santa Rosa de Lima, luego de una protesta en abril de 2014”, dijo.

“Da Costa, Santamaría, Ortega y González comparten la misma causa y el pasado 28 de abril fue suspendida por segunda vez la audiencia preliminar. A Da Costa, detenido en julio del año pasado, se le acusa de los delitos de asociación para delinquir, agavillamiento e instigación a la violencia”.

85 presos políticos

Precisa Romero que en  Venezuela aún hay 85 personas presas por motivos políticos, entre ellas 39 lo están por protestar contra el gobierno. Señala que en 2015, se han liberado a 26 personas que se encontraban tras las rejas por manifestar.

Explica que entre quienes aún están presos por protestar figuran 21 estudiantes; 3 dirigentes políticos reconocidos,  Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos; 8 mujeres y otras 5 personas detenidas por escribir mensajes en Twitter.

Romero destaca que son 2.007 personas que tienen procesos judiciales pendientes por manifestar y continúan sometidas a medidas sustitutivas de libertad. “Muchos tienen prohibición de salida del país. No se puede considerar que están libres por completo”, -aclara.

Por otra parte, Romero observa que el 8 de mayo cumplen un año en prisión: Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Ángel Contreras, Carlos Pérez y Gerardo Carrero. “Esas personas cumplen un año presas sin que exista una condena en su contra, mientras siguen inmersos en un proceso lleno de retardos e irregularidades como las torturas y los tratos crueles”. El juicio contra los estudiantes apresados el pasado 8 de mayo de 2014 estaba celebrándose al cierre de estas páginas de Zeta. Se albergaba la esperanza de ver a los jóvenes libres si así lo decidía el tribunal.

Funcionarios ocultaron evidencias de torturas

 De acuerdo  al informe titulado “Que no quede rastro”  del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), “al menos diez estrategias utilizaron los órganos del Poder Público venezolano para deliberadamente ocultar evidencias de tratos crueles o tortura, así como para evitar que las mismas fuesen denunciadas oportunamente”, durante las detenciones en las protestas ocurridas a partir de febrero 2014.

Este nuevo informe del CDH-UCAB,  documenta la violación del derecho a la integridad física durante las manifestaciones y detenciones que tuvieron lugar el año pasado, cuando se registraron al menos 854 heridos y lesionados.

Entre las estrategias utilizadas por el gobierno mencionan: “la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura, y presiones a médicos”.

El informe del CDH-UCAB enfatiza que fue “evidente la dificultad para presentar quejas por malos tratos o torturas y a la realización oportuna del examen médico, violando el Conjunto de Principios para la protección de personas sometidas a prisión de Naciones Unidas y el Protocolo de Estambul”.

“Este tipo de conductas por parte de los funcionarios aprehensores se tornaron reiteradas, al punto de llegar a poner en peligro la vida de algunos de los jóvenes que habían sido detenidos, dado que, al impedir el acceso a ellos y a tener conocimiento sobre las condiciones físicas en las cuales se encontraban, se vio agravado el cuadro y el estado de salud de los mismos, poniendo en riesgo sus vidas”, precisa el informe del CDH-UCAB.

El documento también expone los diversos casos en los que las víctimas presentaban heridas de gravedad, y que fueron trasladadas por las autoridades a instituciones médicas de carácter militar, violando las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas.

También registra testimonios según los cuales “funcionarios amenazaron a las víctimas con hacerles más daño o simplemente no prestarles la ayuda médica requerida si no se abstenían de declarar la verdad sobre lo acontecido”.

Según el informe se observó “una fuerte insistencia en que los jóvenes aceptaran la representación de defensores públicos designados por el Estado, cuyo comportamiento pareció estar orientado a evitar que se dejara constancia de las lesiones en las audiencias de presentación”.

El informe también expone la “actuación irregular de jueces” al momento de las audiencias, cuando los detenidos fueron presentados para declarar aún heridos y sin importar su condición de salud.

En este sentido se lee en el documento: “Varios de ellos se encontraban aún bajo el efecto de los medicamentos o éstos les fueron suspendidos para el traslado a tribunales. Incluso algunos fueron sometidos a audiencia en el mismo hospital, debido a la gravedad de su estado”.

TACOS

DIFERIMIENTO.- Debido a la ausencia de los fiscales del Ministerio Público, ayer (martes 5) se difirió por décima quinta vez la audiencia preliminar del estudiante de Derecho de la UC Andrés León, detenido el 5 de mayo de 2014 en el sector de Naguanagua (Carabobo) cuando protestaba. El joven permanece detenido en la Comandancia de Policarabobo en Navas Spinola.

CUATRO LIBERADOS.- Recientemente fueron liberadas cuatro personas detenidas durante las protestas y hechos violentos registrados en julio de 2014. Ellas son: Raúl López, Pablo Estrada, Rosa Rivas y Eduardo Colmenarez, detenidos desde 21-7-14. Así lo informó Alfredo Romero, a través de su cuenta Twitter. Dijo también que quedan 39 presos por manifestaciones y 85  en total  por motivos políticos.

MALOS TRATOS.- El relator de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra un informe del que concluye que Venezuela ha violado el derecho internacional “al no tomar medidas para prevenir actos de malos tratos” de manifestantes y detenidos. (@guti21)

 

FUENTE: Revista Zeta Nº1999 – 08-05-15

 

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