Olvidado y violado el derecho a la salud

Este es el contenido del informe sobre la salud en Venezuela, presentado el pasado 17 de marzo por dos ONG venezolanas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, brazo judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por AÍDA GUTIERREZ H. (@guti21)

CrisisHumanitariaSalud

“El Estado venezolano no ofrece seguridad de garantías mínimas de atención a la salud de las personas en los centros asistenciales del país. Agravando más la situación, la crisis de desabastecimiento de insumos y medicamentos importados, que se ha prolongado en el tiempo y ha provocado suspensión o cierre de servicios en los centros de salud públicos, por lo cual hay personas con necesidades de salud que se encuentran con serias dificultades para conseguir atención y medicinas y por ende se están perdiendo vidas humanas”.

Así se lee en el informe “El Derecho a la Salud en Venezuela” presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 17 de marzo de 2015, por PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) y CODEVIDA (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida).

La infraestructura

De acuerdo al informe, una de las fallas que más afecta los centros de salud públicos es el deterioro de la infraestructura (filtraciones en paredes y techos, inundaciones, roturas de aguas negras, falta de agua e interrupciones de energía eléctrica). Estas reducen los espacios, producen hacinamiento y problemas de contaminación.

Entre 2009 y 2013, se redujo drásticamente el número de camas operativas en los hospitales públicos, pasando de 30.964 a 21.770. La mayoría de los hospitales ha tenido una disminución de 50% en camas operativas.

En relación al personal de salud,  los hospitales y ambulatorios de la salud pública han perdido 6.700 médicos, según estadísticas de la Federación Médica Venezolana (FMV), lo cual equivale a 24% del personal profesional disponible.

A ello se suma un 30% menos de médicos en formación o residentes, alcanzando en algunas especialidades, como anestesiología, casi 90%. Además, persiste un déficit de personal de enfermería que los gremios calculan en 60% y en los últimos años también se redujo el personal de laboratorio.

Desabastecimiento de insumos y medicamentos

La carencia de insumos médico-quirúrgicos, repuestos para equipos y reactivos para laboratorios, es otra condición restrictiva frecuente de la prestación de servicios en centros de salud públicos, que se agravó desde 2010 con el aumento de la inflación y las políticas de control y asignación de divisas.

Desde 2013, existe una crisis severa de desabastecimiento de estos materiales – dado que 84% son importados- produciendo de forma alarmante la suspensión de cirugías electivas y de emergencias, y de otras áreas de servicio como radiología, laboratorios y bancos de sangre.

Una encuesta de la organización Médicos x La Salud (Red de Médicos Residentes), realizada en 130 hospitales de 19 estados del país, encontró: 61% de hospitales con fallas graves o absolutas de material médico quirúrgico; 65% con fallas graves o absolutas de catéteres y sondas; 86% con equipos de Rayos X dañados; 94% con tomógrafos dañados o sin funcionar; 94% con laboratorios con falla de reactivos y 44% de los quirófanos cerrados o inoperativos.

Por otra parte, la crisis de desabastecimiento afecta también el acceso a medicamentos, ya que 70% de estos son importados. En hospitales públicos, Médicos x la Salud reportó que 67% de 130 hospitales se encontraban con fallas graves o absolutas de medicamentos.

La cámara de empresas farmacéutica (FEFARVEN) reportó que, entre 2011 y 2015, el nivel de falla subió de 15% a 60% en la ciudad de Caracas y sube a 70% en el resto de los estados del país.

En sus inventarios existen 98 medicamentos en falla, que afectan con mayor severidad a personas con problemas del sistema nervioso central, hipo e hipertiroidismo, diabetes, hipertensión, cuadros de convulsión, asma, psicosis y enfermedades neuromusculares.

Las denuncias recogidas por Provea en sus bases de información indican que entre 2004 y 2013 aumentó de 89 a 178 el número de hospitales y ambulatorios públicos con denuncias de restricción grave o severa en diferentes áreas de funcionamiento.

Hospital de Niños J.M. de los Ríos (HJMR)

El HJMR, centro especializado en pediatría, ubicado en Caracas, recibe niños y niñas de escasos recursos económicos. Se encuentra en extremas condiciones de deterioro, con problemas de infraestructura, insalubridad, hacinamiento, déficit de personal y escasez de insumos médico-quirúrgicos.

Con una capacidad de 420 camas, el hospital sólo tiene 160 habilitadas. Se han cerrado las áreas de infectología, neurocirugía y la emergencia, por inundación de aguas negras, trasladando el servicio a un espacio improvisado, en el que sólo caben 6 camas. En 2015, familiares denunciaron el fallecimiento de tres niños con leucemia por enfermedades oportunistas. A todos los niños que ingresan se prescriben antibióticos para prevenir infecciones bacterianas por posibles contaminaciones en áreas del hospital.

La falta de insumos médico-quirúrgicos es de 50 a 60 % y los equipos de tomografía y resonancia no funcionan. Existe una lista de espera de 4.428 niños desde 2012, por suspensión de cirugías electivas. En 2013, el Ministerio de la Salud remodeló 7 quirófanos que estuvieron 5 años parados por remodelación, pero nada más cuentan con 6 de los 36 anestesiólogos que antes había; sólo disponen de 4 cupos de terapia intensiva y no están funcionando los aires acondicionados. En 2015, los médicos advirtieron del cierre técnico de los servicios de cirugía electiva y de emergencia.

Hospital Universitario de Caracas (HUC)

El HUC presenta una situación grave de falta de insumos médico-quirúrgicos, medicamentos y equipos. 300 de 1.200 camas se encuentran inoperativas.

Este hospital tiene una lista de espera de 5.000 personas por diferentes tipos de cirugía (cardiovascular, oncológica y hernia umbilical, entre otras). 600 niños y niñas esperan un turno de cirugía pediátrica y otros por emergencias urológicas. No hay tomógrafo en el servicio de radiodiagnóstico e imageneología y se espera por la reparación de un resonador y de mamógrafo.

En 2014, fallecieron más de 50 personas en lista de espera del servicio de cirugía cardiovascular; de estas, 13 estaban hospitalizadas. En 2015, se suspendieron todas las cirugías por falta de suturas, compresas, sangre, anestesia, prótesis, instrumental, equipos, laboratorio y medicamentos, y las personas hospitalizadas fueron dadas de alta para evitar más muertes.

Atención de urgencia e intervenciones

250 personas al año, con accidentes cerebro-vasculares (ACV) y 500 con obstrucción de arterias coronarias, están en alto riesgo por fallas del instrumental, equipos y repuestos para cirugías; los marcapasos para 750 personas que cada año presentan deficiencias de corazón no se encuentran en el país; 500 personas que requieren salvar sus miembros inferiores, están en riesgo de amputaciones por falta de instrumentos que permitan evitarlas.

Personas con heridas de bala, quemaduras graves o traumatismos, tienen alta probabilidad de enfrentar serios obstáculos para recibir una atención médica inmediata y adecuada, por el alto déficit de ambulancias, camas y medicamentos y la escasez de material médico-quirúrgico, oxígeno, bancos de sangre, equipos de rayos X y personal de salud en emergencias de los hospitales públicos.

Desde 2012, aumentaron las denuncias de personas fallecidas en traslados o “ruleteo” de un centro otro para conseguir atención. Asimismo, 300 personas, en promedio, se encuentran anotadas en listas de espera por intervenciones quirúrgicas electivas en diferentes hospitales del país.

Denuncia el informe que la situación actual del derecho a la salud en Venezuela reviste características críticas extraordinarias y, por consiguiente, es obligación del Estado venezolano abordarla de manera urgente e inmediata y tomar todas las medidas necesarias. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta – Nº1994 -27-03-15

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La represión en cifras

Esposado y llevado preso en una moto, apretado entre dos guardias nacionales, el joven viene a engrosar el número de "presos políticos", que en total ya suman 3.162 detenciones, de las que 217 son de menores de edad.

Esposado y llevado preso en una moto, apretado entre dos guardias nacionales, el joven viene a engrosar el número de “presos políticos”, que en total ya suman 3.162 detenciones, de las que 217 son de menores de edad.

Según cifras de PROVEA,  Foro Penal Venezolano y Espacio Público, la represión a manifestantes en protestas aumentó 485% en comparación con años anteriores, mientras que los lesionados y heridos aumentaron 270%.

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. (@guti21)

Las organizaciones que velan por el cumplimiento de Derechos Humanos, presentaron el martes 10 junio, un informe que recoge las incidencias y cifras de las protestas ocurridas desde febrero hasta la actualidad.

En la rueda de prensa, las ONG –PROVEA, Foro Penal Venezolano y Espacio Público-, revelaron que de 854 heridos y lesionados entre febrero y mayo, 333 casos fueron responsabilidad de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Asimismo, 41 víctimas en varios estados del país evidencian la violación del derecho a la vida durante las protestas. De estas, 27 fueron asesinadas con armas de fuego. La cifra representa un aumento del 270% en relación con 2013.

Se conoció, que 6 casos de amenazas de abuso sexual contra mujeres detenidas se han reportado desde el inicio de las protestas en febrero.

 

Al igual que los varones, las chicas también son víctimas de los tratos crueles e inhumanos. También son víctimas de amenazas de violación y manoseo por parte de los efectivos de la GN.

Al igual que los varones, las chicas también son víctimas de los tratos crueles e inhumanos. También son víctimas de amenazas de violación y manoseo por parte de los efectivos de la GN.

 

El informe de PROVEA

Durante los meses de febrero y mayo la represión del gobierno de Nicolás Maduro a manifestaciones aumentó 485% en comparación a los registros de los mandatos de Hugo Chávez.

Este  incremento se traduce en la cifra más alta en los últimos 25 años de protestas, duplicando el número de detenciones registradas entre los años 1989-1990 durante el segundo mandato del ex Presidente Carlos Andrés Pérez.

Al presentar el informe “Venezuela 2014: Protestas y Derechos Humanos” los integrantes de PROVEA –junto a otras ocho organizaciones de DDHH- atribuyeron el incremento de las detenciones a la política  de mano dura del gobierno contra las protestas.

El informe destaca que entre 1989 y 2013, 10.400 personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado durante la organización o el desarrollo de manifestaciones.

En 4 meses, la cifra de detenciones (3.127 detenidos, de los cuales 2.463 han sido presentadas ante Tribunales) representa el 30% del total de detenciones a manifestantes realizadas en 25 años de protestas.

En relación al trato recibido por las personas detenidas, Provea asegura que este año se han registrado 157 casos de torturas y tratos crueles e inhumanos contra las personas privadas de libertad.

Igualmente, Provea informa que este año se contabilizan 174 casos de violaciones a la libertad de expresión y ataques a periodistas, lo que representa un aumento de 240% respecto a 2013.

El  informe se divide en siete capítulos: Violaciones al derecho a la manifestación pacífica; Uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad personal; Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso; Violaciones a la libertad de expresión y ataques a periodistas; Ataques a civiles en áreas residenciales; y, finalmente, Violaciones al derecho a la vida.

Sobre las vulneraciones al derecho a la manifestación, el informe afirma que las declaraciones de altos funcionarios del Ejecutivo sobre los responsables de las tres primeras víctimas, asesinadas el 12.02.14 en Caracas, violando el debido proceso, escalaron peligrosamente el conflicto.

En estos 4 meses de protestas pacíficas, es común observar los ataques crueles de los efectivos de la GN:  un solo estudiante  es agredido por mas de 5 GN.

En estos 4 meses de protestas pacíficas, es común observar los ataques crueles de los efectivos de la GN: un solo estudiante es agredido por mas de 5 GN.

Durante los meses de febrero y marzo de 2014, se calculó que en 16 estados del país se habían desplegado por lo menos 20 modalidades diferentes de protestas, las cuales contaron con la participación de 800.000 personas.

Según una muestra tomada en 7 estados del país (Distrito Capital, Lara, Táchira, Bolívar, Mérida, Carabobo y Zulia) entre los meses de febrero y abril de 2014, el 93.35% de las manifestaciones fueron de carácter pacífico y el 34,05% fueron reprimidas. Esta última cifra contrasta con la cifra más alta de las reprimidas por el gobierno del presidente Chávez, 7% para el año 2009.

Por otra parte, la GNB es el organismo responsable de más protestas reprimidas, siendo los estados Zulia y Lara donde se registraron proporcionalmente las mayores cifras. En esos estados, de cada 2 manifestaciones realizadas, una fue reprimida.

Sobre el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a la integridad personal, en los casos registrados ninguno de los funcionarios policiales y militares actuó apegado a criterios de proporcionalidad en el empleo de la fuerza y en atención a la reducción al mínimo de los posibles daños que generaran sus actuaciones.

Entre los meses de febrero y abril de 2014, el informe registró e individualizó un total de 854 heridos y lesionados en el contexto de las protestas. Del total, 138 fueron heridas de bala mientras que 330 fueron heridas causadas por perdigones.

Asimismo, el número de heridos y lesionados representa la cifra más alta registrada en los últimos 10 años. 333 de los casos registrados tuvieron como responsable a la GNB.

Las torturas

"El tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas frecuentemente propinadas con bota militar". (Informe PROVEA)

“El tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas frecuentemente propinadas con bota militar”. (Informe PROVEA)

Al cierre del informe, se habían registrado 157 casos de torturas y malos tratos, lo cuales se  produjeron en diversos centros de detención y muchos de los detenidos fueron víctimas de abusos en más de un centro de detención e incluso durante los traslados.

El tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas, frecuentemente, propinadas con bota militar. Se registraron también golpes con las cachas de armas cortas o culatazos con arma larga, en ocasiones, de manera repetida.

El informe detalla casos con nombres y apellidos, como el de Marco Coello, a quien funcionarios del CICPC le envolvieron el cuerpo con goma espuma, para después propinarle golpes con bates y otros objetos contundentes. Este joven aún se encuentra privado de libertad desde el 12 de febrero en los calabozos del Sebin.

 

Marco Coello, tiene apenas 18 años, estudiante de bachillerato y futbolista. Está recluido en los calabozos del Sebín desde el 12 de febrero. Fue cruelmente torturado por la GN.

Marco Coello, tiene apenas 18 años, estudiante de bachillerato y futbolista. Está recluido en los calabozos del Sebín desde el 12 de febrero. Fue cruelmente torturado por la GN.

El derecho a la protesta pacífica

Las organizaciones reivindican el derecho a la manifestación pacífica, rechazan la criminalización de la protesta y condenan la violencia, tanto la perpetrada por el Estado mediante un uso excesivo de la fuerza como la practicada por particulares.

Exigen investigación de todas las violaciones a los derechos humanos y sanción a los responsables, así como de los delitos cometidos por particulares que dejaron innumerables víctimas muertas o heridas y daños a la propiedad. Condenan los ataques perpetrados contra comunicadores sociales y rechazan las diversas formas de violaciones a la libertad de expresión que se produjeron.

Para los integrantes de Provea las cifras presentadas dejan constancia sobre “el tratamiento no democrático del Gobierno al descontento social que se viene reflejando en las calles a través de múltiples formas y, en segundo lugar, dar una visión integral de las violaciones a los derechos humanos para que la sociedad exija investigación y sanción a los responsables”.

 

CIFRAS DEL FORO PENAL

Este joven estudiante, va a sumar la escalofriante cifra de 3.162 detenciones en tan sólo 4 meses.

Este joven estudiante, va a sumar la escalofriante cifra de 3.162 detenciones en tan sólo 4 meses.

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, desde el 4 de febrero al 10 de junio, en todo  el país, se han registrado: 3.162 detenciones (217 menores de edad), de las cuales, están en Libertad con medidas cautelares 1.948 personas (109 menores de edad); Por verificar 440 (15 menores de edad); en Libertad plena 407 (55 menores de edad); Liberados sin presentación 250 (38 menores de edad); Privados de libertad 117. (@guti21)

Fuente: Revista Zeta Nº1955 – 13-06-14

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