“Quieren impedir que el MP abra averiguaciones a los militares”

Dr Román Duque Corredor

Por Aída Gutiérrez H. /@guti21

“Contra la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz no hay un Antejuicio de Mérito, sino un juicio anticipado sin derecho a defenderse, con violación de reglas fundamentales que rigen la garantía del debido proceso”, así lo expresa el Exmagistrado Román Duque Corredor en respuesta a las medidas cautelares que declaró el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la alta funcionaria.

A la Fiscal le prohíben la salida del país y enajenar los bienes, también le congelan sus cuentas. Al respecto el jurista explica: “Se trata de un Antejuicio y no de un juicio, la medida de esta naturaleza solo se dicta si hay un juicio ya iniciado. De manera que el TSJ está cometiendo una violación gravísima al derecho al debido proceso y a la defensa”.

-Además –continua- el Código Orgánico Procesal Penal establece que en los tramites de los Antejuicios de Mérito a un funcionario, se debe aplicar la regla del proceso ordinario, los jueces no pueden dictar medidas cautelares contra ninguna persona sin que no hubiera juicio en contra. El Antejuicio es una formalidad para determinar si se abre un juicio, pero no es un juicio.

Por otro lado, en la sentencia 470 publicada el 27 junio, el TSJ indica que: “la Defensoría del Pueblo tiene amplias competencias de actuación las cuales no son sólo preventivas sino también de acción y reparación”.

Al respecto, Duque Corredor considera que “el TSJ está inmerso dentro de un plan de desestabilización del Estado de Derecho, porque si existiera Estado de Derecho la Sala Constitucional debería ser la guardiana de la Constitución y no su destructora”. Explica que la Constitución es muy clara en qué funciones tiene el Ministerio Público (MP) y qué funciones tiene la Defensoría del Pueblo

-El MP es un órgano de sistema de justicia, por lo tanto es a él que corresponde únicamente el ejercicio de la acción penal y eso implica las averiguaciones previas y posteriormente, las acusaciones ante los tribunales penales en el supuesto que hubieran llegado a concluir que se cometió un delito. De manera que la Defensoría del Pueblo no es defensora, ni tampoco pudiera ser juez, es investigadora y  preparatoria del juicio penal.

-Las investigaciones que puede realizar el Defensor del Pueblo se refieren a las violaciones de los derechos humanos.

-El TSJ quiere sustituir al MP, que tiene una aptitud crítica contra las violaciones del Estado de Derecho y que está sosteniendo que el gobierno junto al TSJ, están cometiendo un golpe de estado continuado, para que el Defensor del Pueblo asuma la investigación de aquellos delitos que han podido cometer funcionarios militares y policiales.

A juicio del académico, quieren impedir que el MP abra averiguaciones a los militares que han violentado los derechos humanos.

En relación a lo expresado por Nicolás Maduro: ”si no es con votos es con armas”, dijo que “es uno de los crímenes más graves, porque se está atentando contra la población civil que ejerza su voto en contra del gobierno. Evidentemente es un crimen que tarde o temprano tendrá que ser juzgado en la Corte Penal Internacional”.

FUENTE: El Nuevo País, domingo 2 de julio de 2017

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El Defensor del Pueblo debe ser la voz de las víctimas

Gabriela Ramírez, ex Defensora del Pueblo

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

La ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, considera que la vocería por parte de las víctimas de la represión en las protestas de la oposición, “la debe asumir el Defensor del Pueblo, porque tiene esa obligación, tiene ese mandato”.

-¿Qué  hemos visto en los últimos días? – se pregunta y responde-, al Defensor enfrentado a la Fiscal, colocándose del lado del gobierno y mientras, las víctimas están desamparadas.

-Debe impulsar la investigación, reunirse con la Fiscal porque él es quien va a defender a las víctimas para obtener justicia. Las acciones del Defensor no son vinculantes, pero él sí podría impulsar frente al Ministerio Público la agilización de las investigaciones.

-En el caso específico de Los Verdes en El Paraíso, la forma cómo esos funcionarios entraron, no fue un allanamiento, fue una incursión en un edificio lleno de familias, no se puede interpretar como un allanamiento.

-En los últimos días las propias concentraciones han sido repelidas con gas, entonces la gente ni siquiera se puede concentrar y adicionalmente, vimos el día lunes (19junio) tres funcionarios de la GN violando la Constitución, con armas de fuego en una concentración. Estas situaciones deben ser reclamadas y expresadas a viva voz por el Defensor del Pueblo.

-Tengo entendido por declaraciones del propio ministro Reverol que esos funcionarios están privados de libertad, aunque hay que definir cuál de ellos específicamente fue quien mató a Fabián. Como muy bien lo dijo la Fiscal, eso ya no es “uso desproporcionado de la fuerza” sino  homicidio, y cuando lo comete un funcionario, es violación de los derechos humanos.

Refiere que muchas de las investigaciones de los detenidos en las protestas, “han sido conducidas a través de la jurisdicción militar lo cual no es lo idóneo y también es violatorio de los derechos humanos de los civiles”.

-Una acción noble del Defensor del Pueblo sería, en este momento, un amparo contra la jurisdicción militar, para que se restituyan los juicios a través del juez natural en personas civiles.

-Así el Defensor estaría mostrando  que está al lado de las víctimas más vulnerables y de la importancia de que la justicia tome su cauce, quizás de pronto a él no le gusta la Fiscal en lo personal, pero en lo institucional siempre hemos dicho que debemos hacer lo correcto.

Por otro lado, el pasado 31 de mayo Ramírez renunció a su cargo como asesora de la consultoría jurídica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por no apoyar la decisión del Ejecutivo de convocar una Constituyente sin consultar previamente al pueblo venezolano.

“Rechazo la Constituyente porque poder constituido no forma poder constituyente, esa Asamblea no tiene ese carácter y no tendría la facultad de redactar una nueva Constitución, ni tampoco las personas que resulten electas en ese proceso tendrían la facultad de hacer cesar  los demás poderes, porque no es el mandato del pueblo, y eso lo vicia de ilegalidad e inconstitucional”, expresa Ramírez en entrevista exclusiva con El Nuevo País.

La Fiscal y el TSJ

Preguntamos su opinión sobre el juicio que pretende iniciar el TSJ contra La Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

-El TSJ lo puede iniciar pero previa autorización de la Asamblea Nacional, y eso no ha ocurrido, y como no tiene la autorización de la plenaria de la AN, si se produjera esa destitución, estarían disolviendo los poderes sin legalidad.

-El TSJ no puede pagarse y darse el vuelto –prosigue Ramírez-, son mecanismo de protección a las instituciones, que confluyan dos o más poderes cuando se están hablando de sustituir a una autoridad del Estado, por ejemplo en el caso de un magistrado, primero debe ser sancionado moralmente por el Consejo Moral Republicano y después la AN aprueba esa destitución, como Velázquez Alvaray en su momento.

-Quiere decir que es un mecanismo de protección de la Constitución, porque cuando hablas de un funcionario de esa envergadura hay que protegerlo. Entonces el TSJ no  solamente va a violar la ley, sino va a violar el espíritu constitucional.

FUENTE: El Nuevo País – 25 de junio 2017

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Politización de planteles denunciada por inconstitucional

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Al  iniciar la aplicación práctica de la Resolución 058, el Estado estaría violando los artículos 2, 75, 76, 104 y 106 de la Constitucional Nacional, afirman los gremios y organizaciones que se niegan a aceptar lo que consideran “una Resolución que tiene como fin construir ´el nuevo modelo socialista´” 

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. (@guti21)

En el mes de octubre venció el periodo de gracia para la aplicación de la Resolución 058. Quienes tienen hijos en edad escolar han recibido comunicaciones llamando a constituirlos. Sin embargo, todavía hay dudas y desconocimiento sobre este instrumento legal. El rechazo a esta medida, recorre los planteles y los hogares de Venezuela.

La Resolución 058, es el instrumento jurídico que establece la normativa y procedimiento para la creación y funcionamiento del Consejo Educativo. A partir del 16 de octubre de 2012, en Gaceta Oficial Nº 40.029, el Ministerio de Educación oficializó la creación del Consejo Educativo (CE).

El Consejo Educativo

De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación y la Resolución Nº 058 del MEPP, los Consejos Educativos son las asociaciones creadas para organizar el funcionamiento de la comunidad educativa.  El Consejo Educativo es la instancia de participación ciudadana en toda institución educativa del subsistema de educación básica, integrado por los niveles de educación inicial, educación primaria y educación media.

 La Resolución 058 deroga la 751, vigente desde el año 1986 la cual establecía una normativa sobre la organización y funcionamiento de la Comunidad Educativa, es así como se eliminan las Sociedades de Padres y Representantes, para crear los Consejos Educativos como instancias ejecutivas, donde las decisiones académicas y administrativas no son materia exclusiva de los docentes y el director.

De acuerdo al artículo 4 de la Resolución, el Consejo Educativo está conformado por: Padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y trabajadoras administrativas, obreros y obreras de las instituciones educativas, desde la educación inicial hasta la educación media general y media técnica y todas las modalidades del subsistema de educación básica.

También podrán formar parte de la comunidad educativa las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones educativas.

En relación a las funciones, la Resolución 058 señala que corresponde al Consejo Educativo promover la participación de los integrantes de la comunidad educativa en la gestión del centro educativo. Una de sus tareas específicas es el diseño del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) y los Proyectos de Aprendizajes (PA) a partir “de la concepción de la escuela como uno de los centros del quehacer comunitario y la comunidad como centro del quehacer educativo”. Estos Proyectos deben orientarse a vincular el proceso educativo dentro del entorno social en el cual se ubica la comunidad educativa.

Por otro lado, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación, los centros educativos forman parte de una comunidad integrada por los distintos sujetos que participan en la gestión de la educación. Todos estos sujetos integran la Comunidad Educativa, que se organiza a través del Consejo Educativo.

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El rechazo

Desde la salida en Gaceta Oficial de la Resolución 058 que crea los Consejos Educativos, en octubre de 2012, se prendieron las alarmas entre padres y representante, docentes, gremios, colegios privados y todas las organizaciones que los agrupan. Debido a que la diversidad de actores y amplias atribuciones de los CE distorsiona la gestión escolar.

La aplicación de la Resolución 058, se revistió de incertidumbre a partir del acto de suspensión de efectos solicitada por la Red de Padres y Representantes, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarada improcedente el 16 de mayo de este año.

De acuerdo con la percepción de la Red de Padres y Representantes de Caracas, que ha venido denunciando el impacto de la Resolución 058, esta restringe el poder de los padres en las decisiones que se tomen dentro del sistema escolar… “Es ilegítima de origen, ya que viola derechos fundamentales establecidos en la Constitución”.

La Resolución 058 establece la figura de los Consejos Educativos, que sustituyen a las comunidades educativas que venían funcionando hasta ahora. Estos deben registrarse en una taquilla única que funcionará en las oficinas de las Zonas Educativas, y estarán conformados por distintos comités: de madres, padres y representantes; académico, de seguridad y defensa integral; comunicación e información; ambiente, salud integral y alimentación; de educación física y cultura; de infraestructura; de estudiantes y de contraloría social.

También se establece que los CE tendrán potestad para modificar los programas y pensa de estudios, y se instalarán en los centros educativos de educación inicial hasta educación media y técnica, y en todas las modalidades del sistema.

En contra de la Resolución 058

Josefina Rivera de Suarez, es madre de dos pequeños que cursan primaria en un reconocido colegio privado de Caracas. Ella, junto a otras madres, se niega a apoyar la Resolución 058 porque la normativa y procedimiento de los Consejos Educativos, es abiertamente inconstitucional.

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Asegura que viola los artículos 2, 75, 76, 104 y 106 de la Constitución Nacional. “Se afirma que la Resolución tiene como fin construir “el nuevo modelo socialista”. Esta intención es inconstitucional y violenta la voluntad que los venezolanos expresamos en las urnas en diciembre 2007”.

Puntualiza Rivera, que el Consejo Educativo y los colectivos que lo integran dependen de un órgano superior: La Asamblea. Explica que la Resolución 058 no especifica límites geográficos ni cualitativos para definir quiénes integran esa instancia encargada de evaluar, aprobar y revocar el trabajo de los colectivos que integran el Consejo Educativo. Por tanto, cualquier persona que se considere corresponsable en la educación puede tocar la puerta del colegio y exigir participar en el proceso educativo.

“Esta Resolución no oculta la intención del gobierno de ideologizar la educación de nuestros niños y jóvenes, y el deseo de intervenir en los asuntos propios de los planteles, imponiendo formas de organización manipuladas y politizadas”, sentencia la madre preocupada.

Reacciones

Por su parte, el Secretario de Asuntos Académicos del Colegio de Profesores de Venezuela, Luis Rosas Rosas, dijo a El Universal  que la Resolución 058 esconde una gran paradoja: “Se excluye la participación de los docentes en la toma de decisiones y restringe el protagonismo del personal directivo en el desarrollo de la gestión escolar”.

En otras palabras, todos intervienen menos el personal formado y capacitado. Ese reclamo lo comparte la directiva de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), presidida por Sor Nubia Marín, quien alerta que “al atribuirle al Consejo Educativo un carácter ejecutivo y no consultivo se estaría menguando la responsabilidad de los directivos”.

Desde la AVEC denuncian que los CE “sobrecargarán las funcionen del director que además deberán lidiar con las quejas de los consejos comunales”.

Al respecto, el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jhonatan Sayago, dijo a El Universal: “Se rompe la estructura de la democracia representativa de los planteles limitada sólo a un grupo. Ahora todos los actores tienen poder de decisión”.

Para el presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep), Octavio De Lamo, no hay participación sino “control político de los centros educativos. No aceptaremos su aplicación y vamos a enfrentarla”, enfatizó. (@guti21)

Fuente: Revista Zeta Nº1925 – 25-10-13

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