Sistemáticamente disparan a los ojos

 

Por AIDA GUTIERRÉZ  H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, desde el 1 de abril al 15 de agosto han arrestado a 5.326 personas en el contexto de las protestas; continúan detenidas 1.048; y 655 civiles han sido presentados ante Tribunales militares de los cuales 389 quedan privados de libertad por la jurisdicción militar. Desde enero de 2014 hasta el 17 de agosto suman 1.213 presos políticos en el país.

En relación a los fallecidos, la versión oficial del Ministerio Público registra 121 personas  muertas. Según un registro extraoficial realizado por Runrun.es hasta el 13 de agosto, murieron 157 personas durante protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y los saqueos principalmente por hambre.

Disparan a los ojos

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), realizó una investigación donde se pudo comprobar que durante 93 días, las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron a los ciudadanos en las protestas, disparándoles directamente a los ojos.

El informe precisa, que 22 personas fueron heridas con disparos certeros a los ojos durante la represión en las manifestaciones que se realizaron en Mérida, entre el 25 de abril y el 27 de julio de este año, contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Según indica la investigación, los disparos fueron con cuerpos metálicos como balas, perdigones y balines y municiones modificadas con objetos como trozos de cabilla.

Advierte el informe del ODH-ULA que “disparar a los ojos es un nuevo patrón de actuación de las fuerzas del Estado que viola el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional”.

También señala el estudio, que al menos una persona fue atacada en los ojos cada cuatro días, generándole así traumas oculares sobre todo a jóvenes ya que la edad promedio de las personas afectadas es de 23 años, siendo el 95,45% hombres y el 4,55% mujeres.

Destaca, que solo en la ciudad de Mérida se registraron 36,36% de los casos de disparos a los ojos.

Estudiantes presos con paludismo

27 estudiantes arrestados en Maracay el 4 de julio, y tras una audiencia de presentación de 10 horas,  un tribunal militar los imputó por los delitos de instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Violación de zona de seguridad y destrucción de fortaleza. Su lugar de reclusión fue El Dorado.

Desde el pasado domingo se conoció que algunos de ellos padecían paludismo, ciertamente los familiares de los recluidos confirmaron los síntomas de esa enfermedad. Los estudiantes más delicados de salud son José Saldivia y Alex González, quienes al día de hoy (17 de agosto) no han sido atendidos por ningún médico.

La denuncia la hizo Dimas Rivas, coordinador del Foro Penal Venezolano en Bolívar, quien destacó que los familiares imploran el traslado de los jóvenes a Maracay para que sean tratados. Informó que uno de los muchachos presos, logró comunicarse con familiares y dijo que los mismos habían convulsionado. Unos exámenes que le realizaron salieron positivos de paludismo.

Por su parte, Luis Andrés García, miembro de la FCE UPEL Miranda, expresó: “Exigimos que sean atendidos de manera inmediata, no se pueden seguir violando derechos humanos a los presos de conciencia del régimen, hemos vuelto al siglo XIX donde proliferan enfermedades que habíamos creído erradicadas”.

Asegura García  que “hay muchas trabas en la cárcel de El Dorado para el acceso a medicinas, alimentos e insumos”. Exige que se le hagan llegar los medicamentos necesarios para la cura de la enfermedad que están padeciendo. Destaca que esta no es la primera ocasión que los estudiantes presentan problemas de salud, por ejemplo, debido a la ingesta de comida descompuesta se han afectado del estómago y no se ha permitido el acceso a medicamentos. (@guti21)

FUENTE N° 2.112 / 18-08-17

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Informe sobre las torturas de la ONU

Foto by EFE

Por Aída Gutiérrez H.

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, desde el 1 de abril al 15 de agosto han arrestado a 5.326 personas en el contexto de las protestas; continúan detenidas 1.048; y 655 civiles han sido presentados ante Tribunales militares de los cuales 389 quedan privados de libertad por la jurisdicción militar. A la fecha, suman 676 los presos políticos en el país.

La semana del 7 al 11 de agosto, no se registraron protestas de gran magnitud en el país, aunque se reportaron dos asesinatos.

El lunes 7 fue asesinado Eduardo Orozco (19), por  el impacto de un proyectil en la cabeza, mientras participaba en una manifestación en el sector Bellas Artes de Cabudure, estado Lara. De acuerdo a testigos que se encontraban en la manifestación, “funcionarios del Conas llegaron disparando hacia un grupo de jóvenes reunidos debajo del distribuidor Bellas Artes”.

También fue asesinado el domingo 6 de agosto, Ramón Rivas (51), dirigente de Avanzada Progresista, mientras funcionarios de seguridad reprimían una protesta en la redoma de Guaparo en Valencia, estado Carabobo

Reporte sobre represión al 31 julio

El FPV publicó su “Reporte sobre la represión del Estado en Venezuela”. Allí indica que desde el 1 de abril hasta el 31 de julio, 133 personas han fallecido en el contexto de las manifestaciones. De estas, 101 fueron asesinadas en manifestaciones. Al menos 4.000 heridos se han registrado y 5.051 personas han sido arrestadas arbitrariamente, siendo que sólo en julio se produjeron 1.414 detenidos.

Entre otros aspectos el informe señala, que se mantiene una reiterada y abusiva violación al debido proceso y el derecho a la defensa contra los detenidos por protestas, y se siguen ejecutando torturas y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos. Las denuncias de abusos sexuales y violación se han incrementado, mientras que las golpizas y humillaciones cuando las personas son detenidas ya se han hecho sistemáticas.

ONU denuncia torturas en Venezuela

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció, que las fuerzas de seguridad venezolanas,  del gobierno de Nicolás Maduro, han maltratado y torturado de forma generalizada, sistemática y arbitraria a los manifestantes y detenidos opositores, en el transcurso de las protestas en los últimos meses.

“Hemos recibido informes creíbles de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura”, declaró en rueda de prensa el 8 de gosto, la portavoz de este organismo, Ravina Shamdasani.

El Alto Comisionado para los DDHH presentó estas conclusiones en un informe elaborado a partir de 135 entrevistas realizadas a distancia, concretamente desde Ginebra y Panamá, debido a que el gobierno de Maduro se negó a permitir el acceso a Venezuela de este órgano de las Naciones Unidas.

Entre las torturas denunciadas por los testigos figuran choques eléctricos, palizas con cascos y porras a detenidos esposados, prácticas como colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados o asfixiarlos con gases, así como abusos sexuales y amenazas de muerte tanto a los detenidos como a sus familiares. Durante los disturbios, además, denuncian el uso por parte de las fuerzas de seguridad de cartuchos de gas lacrimógeno disparados a corta distancia y el empleo de canicas, perdigones, tuercas y tornillos como munición.

Sus conclusiones evidencian que el aparato gubernamental ha aplicado un “patrón evidente” de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes opositores. El documento señala principalmente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales como autores de la mayor parte de estos abusos.

De acuerdo con los relatos de manifestantes y testigos recogidos por el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, estas  fuerzas de seguridad (GNB y PNB) usaron “sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones”. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta N° 2.111 / 11 de agosto de 2017

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Parte de guerra al 28 de julio

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) han ocurrido 4.848 arrestos desde el 1 de abril al 28 de julio, 1.348 aún siguen detenidos, y 527 personas han sido llevadas a tribunales militares en todo el contexto de protestas.

Al respecto, Alfredo Romero director de FPV, dijo que la justicia castrense viola los derechos humanos y la cataloga como una forma de justicia en la que “se pagan y se dan el vuelto”.

Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos que le presentó el FPV, que suman 498 al 25 de julio,  el número más alto desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

“Acordamos con el Foro Penal Venezolano certificar periódicamente la lista, la cual será de referencia absoluta para impulsar el seguimiento de la liberación de todos los presos políticos, así como para el seguimiento de cualquier proceso que lleve adelante el régimen y que afecte la condición de éstos”, expresó Almagro.

Paros cívicos                                                                                             

Durante las jornadas de paro cívico convocadas por la Mesa de la Unidad, el 20 de julio fue el día con mayor número de detenciones alcanzando 367 personas arrestadas.
También hubo una gran cantidad de heridos y 6 personas asesinadas.

Romero denuncia que los heridos son detenidos incluso cuando los tienen en centros médicos. Asegura que conseguir a los detenidos, al menos en Caracas, es cada vez más difícil porque “colocan a dos en un sitio, dos en otro…”, los mueven entre bases militares y comandancias de policías.

En el paro cívico de los días 26 y 27 de julio, hubo más de 230 arrestos. Gran cantidad  de  heridos no calculados aún y 7 personas fallecidas. También se registraron ataques brutales contra la propiedad privada por parte de la GNB, en urbanizaciones del este y oeste de Caracas, igualmente en varias ciudades del interior del país.

Así quedó la entrada a Los Verdes en el Paraíso luego del ataque brutal de la GN.

Asesinados durante las protestas

Según cifras del Ministerio Público los fallecidos suman 106 desde el 1 de abril al 27 de julio, en 118 días de protestas.

Entre los asesinados durante las manifestaciones del paro cívico del 26 y 27 de julio se encuentran: Jean Aponte (16),  herido de bala en Petare. Enderson Caldera (24),  disparo en la cabeza en Mérida. Glimber Tainoba (16)  tiro en la cabeza cuando transitaba por El Paraíso iba a llevarle comida al hermano.

Leonardo Gonzalez (48), acribillado por presunto policarabobo en Naguanagua. Anthony Torrealba (30) en Lara, golpiza propinada por efectivos de GN le dejó una severa fractura de cráneo, estuvo  hospitalizado desde el 22 julio hasta que murió el 27 julio.

Violaciones a los DDHH

El FPV elaboró un Reporte sobre  violaciones a los DDHH durante la represión de los cuerpos de seguridad del estado, en  los primeros 3 meses de protestas. La ONG detectó  patrones represivos que van desde asesinatos hasta detenciones arbitrarias.

En un total de 89 muertos en todo el país al 30 de junio: 67 fueron asesinados; 14 presuntos saqueos; 6 barricadas; 2 presuntos linchamientos. El promedio de edad de las víctimas es de 17 a 28 años.

Durante las detenciones arbitrarias, registró los siguientes hechos de torturas, tratos crueles e inhumanos por parte de los cuerpos de seguridad en los Estados Carabobo, Monagas, Miranda y Bolívar: Amenazas de muerte; patadas y golpes con armas en diversas partes del cuerpo; actos lascivos; insultos; disparos de perdigón; uso de sustancias para adormecer a los detenidos; colgar detenidos de las esposas para conminarlos a inculpar a dirigentes de oposición como financistas de las protestas.

En cuanto a los heridos durante las manifestaciones, el FPV indica 3.500 en tres meses y solo en el mes de junio 1.500. Entre las lesiones se encuentran: Impacto de balas; perdigones; impacto de bombas lacrimógenas; esferas metálicas o de vidrio disparadas en muchos casos a quemarropa; pérdida de órganos; desfiguración y compromiso severo del estado de salud.

Gran número de personas asfixias por gases lacrimógenos utilizados como elementos de agresión y no como persuasión. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta N°2109 / 29-07-2017

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Detenciones y torturas aberrantes

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. /@guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV), desde el 1 de abril al 4 de julio se han registrados 3.616 arrestos, de los cuales 1.141 aún se encuentran detenidos. Hay 452 personas presentadas ante tribunales militares y 438 presos políticos.

En cuanto a los fallecidos al 1 de julio, según cifra oficial del Ministerio Público se han registrado 75 muertos. Por otro lado, de acuerdo un registro extraoficial realizado por Runrun.es hasta a esa fecha han muerto 107 personas durante protestas contra el gobierno y los saqueos.

Esta semana falleció Engler Duque de 24 años, en medio de la represión de la GNB en una protesta en el estado Táchira. Aún no está clara la causa de la muerte, se presume que una bomba lacrimógena disparada por un guardia le impactó en su pecho.

Engler Duque, con solo 24 años fue asesinado en el estado Táchira presunta bomba lacrimógena lanzada por un GN.

Violación de los DDHH

El domingo 2 de julio, quedan en libertad  los 25 estudiantes de las universidades de Oriente, Simón Bolívar, Central de Venezuela y Católica Andrés Bello detenidos arbitrariamente y encerrados en un camión cava sin ventilación, el pasado jueves 29 de junio en El Rosal, Caracas.

En este sentido, Alfredo Romero director del FPV, denuncia que a los estudiantes detenidos se les violaron sus derechos humanos tras el procedimiento policial. “Los jóvenes solo tenían la camisa de la universidad y cuando realizaron las inspecciones “sembraron evidencias”, donde aparecieron líquidos transparentes y morrales que los estudiantes no tenían. Se están sembrando evidencias. Esto es una absoluta violación a los DDHH”.

Fijaron la audiencia para las 8:00 am del 2 de julio donde fueron trasladados al Helicoide en Caracas. La sala estuvo ocupada y tuvieron que trasladarlos a la Yaguara. Denuncia Romero que en la Yaguara “los volvieron a ingresar a una camioneta estilo encava -sin ventanas- y los dejaron encerrados allí por dos horas. Una muchacha sufrió por la claustrofobia un ataque de pánico, incluso vomitó por el calor y la desesperación”.

25 estudiantes universitarios de diferentes casas de estudios fueron detenidos y encerrados en un camión tipo cava sin ventilación, la PNB violó los derechos humanos de estos jóvenes.

Otro caso es la detención arbitraria, de 27 estudiantes de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador (UPEL) Maracay, que el lunes 3 de julio fueron privados de libertad luego de ser juzgados en Tribunales militares. De ellos, 22 hombres serán recluidos en centros de detención: 11 en El Dorado, estado Bolívar, y 11 en la cárcel 26 de julio, en el estado Guárico. Las cinco mujeres de este grupo de detenidos tendrán arresto domiciliario.

Las autoridades de la UPEL denunciaron que el recinto fue violado por sujetos armados, quienes fueron los que llevaron a los estudiantes a la comandancia de la Policía de Aragua en San Jacinto, Maracay. Este hecho ocurrió después de que los jóvenes realizaran la semana pasada varias protestas contra el gobierno.

Por su parte, Orlando Moreno, Secretario Político de Vente Venezuela en Maturín, denunció a través de su cuenta Twitter los maltratos recibidos mientras estuvo detenido: “Me esposaron, me guindaron en un tanque de agua elevado, que se encuentra ubicado en la Pica. Fui golpeado y chantajeado para grabar un video en contra de María Corina Machado y el diputado Juan Pablo García, donde señalará que ellos financian y me dan instrucciones para hacer protestas violentas. Por haberme negado, me mantuvieron en esa tortura por 24 horas, sin poder ingerir ningún alimento y tampoco hidratarme”.

Otro caso, es el narrado por el abogado defensor  Martín Ríos a  BBC Mundo, sobre la tortura de uno de los 10 jóvenes detenidos arbitrariamente en el estado Aragua. Indica que todo pasó en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en esa entidad.

“A los 10 jóvenes los separaron, y a uno de ellos de 19 años, le hicieron algo aberrante y dantesco. Lo forzaron a arrodillarse y, para inmovilizarle los brazos, le amarraron un cable a la altura de las muñecas. Le pusieron gas pimienta y una capucha sobre la cabeza. Después le bajaron el short y le introdujeron un tubo en el recto. Los otros detenidos no podían verlo, pero según su testimonio, lo escuchaban gritar, llorar y pedir ayuda…” (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta 7 de julio de 2017

 

 

 

 

 

 

Crece el número de fallecidos

Parte de guerra al 30 de junio

GNB

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) las cifras de detenciones durante las protestas desde el 1 de abril al 28 de junio suman más de 3.400 personas, de los cuales 1.160 aún continúan arrestadas.

Según Alfredo Romero, director ejecutivo de esta ONG, precisa que solo el 28 de junio se registró al menos 60 arrestos de manifestantes: Altos Mirandinos 7; Aragua 2; Carabobo 6; Caracas 9; Cojedes 2; Lara 2; Miranda 2; Táchira 1; Zulia 29.

Asimismo, el 26 de julio, se registró al menos 55 arrestados por estar participando en el Trancazo: Anzoategui 23 (14liberados); Caracas 11 (1liberado); Mérida 11; Aragua 3; Zulia 3; Táchira 4.

También al 24 de junio, la cifra de presos políticos ascendió a 391 privados formalmente de libertad con fines políticos y sin cometer actos violencia, según Romero.

El Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch  denunciaron que esos detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares, o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Crece la cifra de muertos

 Desde el 1 de abril al 28 de junio la cifra de muertos en protestas ciudadanas se eleva a  85, de las cuales 80 son reconocidas por el  Ministerio Público.

Según un registro extraoficial realizado por Runrun.es hasta el 22 de junio han muerto 94 personas durante protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y los saqueos principalmente por hambre. Aquí sin contar los 5 fallecidos el 28 de junio.

Solo el miércoles 28 de junio fallecieron cinco jóvenes en todo el país, durante las protestas. Algunos de ellos habrían participado en las manifestaciones, mientras que otros solo pasaban cerca del lugar de los hechos.

Cinco familias más están de luto, a continuación los datos de los fallecidos:

Jhonatan Zavatti, de 25 años de edad, fue herido en la cabeza el lunes 26 de junio, durante una manifestación en Petare,   municipio Sucre, Caracas. Fallece el 28 de junio. El joven supuestamente caminaba de noche por la calle, cuando recibió un balazo en la cabeza.

Roberto Durán, de 26 años, murió durante una protesta antigubernamental en la urbanización Sucre de Barquisimeto, en el estado Lara. El joven presentó una herida en el pecho.

 Isael Macadan, de 18 años, fue víctima de dos disparos uno en la cabeza y otro en el brazo derecho, durante las manifestaciones en la madrugada del miércoles, en el sector Tronconal de Anzoátegui.

Víctor Betancourt, de 18 años, murió  durante una protesta  en Cumaná, estado Sucre, según informó el diputado, José Manuel Olivares.

Luis Paz, 20 años, murió atropellado en la noche del miércoles 28 durante un trancazo,  en Maracaibo, estado Zulia.

Aumentan las agresiones a los periodistas

Durante los 3 meses de protestas pacíficas contra el gobierno de Nicolás Maduro, los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido brutalmente atacados, principalmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB). Aparte de ser agredidos, han sido robados y destruidos sus equipos de trabajo.

De acuerdo a cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), desde el 31 de abril hasta el 24 de junio, se han registrado 376 casos de agresiones a trabajadores de la comunicación (periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, transporte). Los efectivos de seguridad son responsables de 170 de estos ataques.

Durante estas coberturas, el sindicato también registró un total de 33 detenciones ilegales a comunicadores.

Según la ONG Espacio Público, entre abril y mayo se registraron 278 violaciones a los derechos de los periodistas. Coincide con el SNTP en que los principales atacantes son los efectivos de la GNB y  PNB con 43% del total de los registros. También los grupos civiles armados, aparecen como victimarios. (@guti21)

 FUENTE: Revista ZETA 30 de julio de 2017

 

 

 

El Defensor del Pueblo debe ser la voz de las víctimas

Gabriela Ramírez, ex Defensora del Pueblo

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

La ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, considera que la vocería por parte de las víctimas de la represión en las protestas de la oposición, “la debe asumir el Defensor del Pueblo, porque tiene esa obligación, tiene ese mandato”.

-¿Qué  hemos visto en los últimos días? – se pregunta y responde-, al Defensor enfrentado a la Fiscal, colocándose del lado del gobierno y mientras, las víctimas están desamparadas.

-Debe impulsar la investigación, reunirse con la Fiscal porque él es quien va a defender a las víctimas para obtener justicia. Las acciones del Defensor no son vinculantes, pero él sí podría impulsar frente al Ministerio Público la agilización de las investigaciones.

-En el caso específico de Los Verdes en El Paraíso, la forma cómo esos funcionarios entraron, no fue un allanamiento, fue una incursión en un edificio lleno de familias, no se puede interpretar como un allanamiento.

-En los últimos días las propias concentraciones han sido repelidas con gas, entonces la gente ni siquiera se puede concentrar y adicionalmente, vimos el día lunes (19junio) tres funcionarios de la GN violando la Constitución, con armas de fuego en una concentración. Estas situaciones deben ser reclamadas y expresadas a viva voz por el Defensor del Pueblo.

-Tengo entendido por declaraciones del propio ministro Reverol que esos funcionarios están privados de libertad, aunque hay que definir cuál de ellos específicamente fue quien mató a Fabián. Como muy bien lo dijo la Fiscal, eso ya no es “uso desproporcionado de la fuerza” sino  homicidio, y cuando lo comete un funcionario, es violación de los derechos humanos.

Refiere que muchas de las investigaciones de los detenidos en las protestas, “han sido conducidas a través de la jurisdicción militar lo cual no es lo idóneo y también es violatorio de los derechos humanos de los civiles”.

-Una acción noble del Defensor del Pueblo sería, en este momento, un amparo contra la jurisdicción militar, para que se restituyan los juicios a través del juez natural en personas civiles.

-Así el Defensor estaría mostrando  que está al lado de las víctimas más vulnerables y de la importancia de que la justicia tome su cauce, quizás de pronto a él no le gusta la Fiscal en lo personal, pero en lo institucional siempre hemos dicho que debemos hacer lo correcto.

Por otro lado, el pasado 31 de mayo Ramírez renunció a su cargo como asesora de la consultoría jurídica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por no apoyar la decisión del Ejecutivo de convocar una Constituyente sin consultar previamente al pueblo venezolano.

“Rechazo la Constituyente porque poder constituido no forma poder constituyente, esa Asamblea no tiene ese carácter y no tendría la facultad de redactar una nueva Constitución, ni tampoco las personas que resulten electas en ese proceso tendrían la facultad de hacer cesar  los demás poderes, porque no es el mandato del pueblo, y eso lo vicia de ilegalidad e inconstitucional”, expresa Ramírez en entrevista exclusiva con El Nuevo País.

La Fiscal y el TSJ

Preguntamos su opinión sobre el juicio que pretende iniciar el TSJ contra La Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

-El TSJ lo puede iniciar pero previa autorización de la Asamblea Nacional, y eso no ha ocurrido, y como no tiene la autorización de la plenaria de la AN, si se produjera esa destitución, estarían disolviendo los poderes sin legalidad.

-El TSJ no puede pagarse y darse el vuelto –prosigue Ramírez-, son mecanismo de protección a las instituciones, que confluyan dos o más poderes cuando se están hablando de sustituir a una autoridad del Estado, por ejemplo en el caso de un magistrado, primero debe ser sancionado moralmente por el Consejo Moral Republicano y después la AN aprueba esa destitución, como Velázquez Alvaray en su momento.

-Quiere decir que es un mecanismo de protección de la Constitución, porque cuando hablas de un funcionario de esa envergadura hay que protegerlo. Entonces el TSJ no  solamente va a violar la ley, sino va a violar el espíritu constitucional.

FUENTE: El Nuevo País – 25 de junio 2017

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Acumulación de violencia delictiva

Parte de guerra al 20.06.2017

Crece la lista de presuntos delitos: a los de asesinato, lesiones, abuso de autoridad, se agregan las violaciones del domicilia.
Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)
De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) se han registrado  desde el 1de abril al 20 de junio 3.264  arrestos, de los cuales 1.268 aún están detenidos. Durante el mes de junio se han producido 248 arrestos de manifestantes. El Área Metropolitana es dónde más detenidos hay, le sigue el estado Anzoátegui.
Según Alfredo Romero, director del FPV, el número de presos políticos ha llegado a 359. “Es importante destacar que antes del inicio de las protestas el  1 de abril el  número era de 117”.
Por su parte, el Ministerio Público reporta las siguientes cifras al 20 de junio: se han registrado 74 fallecidos, 1.413 lesionados, de los cuales 1.138 civiles y 275 efectivos militares o policiales; 3.971 procesados, 63 de ellos por derechos fundamentales.
En relación a los tribunales militares, Foro Penal registra 388 personas presentadas ante la justicia militar, de las cuales 201 han quedado privados de libertad.
Al respecto, Romero comenta que  en mayo se activa la presentación de las personas ante los tribunales militares, arbitrariamente para detenerlas y procesarlas. “Pero esto ha venido disminuyendo, hemos encontrado hoy , que hay muy pocos casos que se han llevado a tribunales militares en Junio, comparado con Mayo, eso quiere decir que la denuncia, y que también se ha llevado a instancias internacionales, ha sido de alguna manera efectiva para parar esa atrocidad”, dijo.
Abuso sexual
Alfredo Romero, denunció en la audiencia pública de la comisión de Derechos Humanos del Parlasur, casos de presunto abuso sexual por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra detenidos en las protestas de la oposición.
“Lamentablemente dentro del abanico de la represión se ha abierto este otro rubro que no existía dentro de la historia de este régimen, agresiones a mujeres por abuso sexual”, advirtió.
Mencionó el caso de una joven que el pasado 6 de junio intentó suicidarse desde el piso 1 del Palacio de Justicia tras conocer la sentencia que la privaba de su libertad, ella era parte de las 51 personas detenidas el pasado 3 junio, que iban a bordo de una unidad de TransChacao y había denunciado, junto a otras mujeres, haber sido víctima de abusos sexuales por parte de funcionarios de la PNB que les ofrecieron dinero a cambio de favores.
Por otra parte, en el mes de Mayo 10 jóvenes que fueron detenidos en el sector El Limón, Maracay, durante una actividad  convocada por la MUD, describieron en la audiencia de presentación cómo fueron agredidos física y psicologicamente por efectivos policiales. El caso más cruento, fue el de un joven que denunció haber sido violado. Según su testimonio, los funcionarios que lo aprehendieron le insertaron un tubo por el ano poco después de detenerlo. Lo mismo sucedió con un joven detenido en las primeras semanas de protestas, quien relató cómo un efectivo de la GN intentó violarlo con los dedos, luego de haber recibido una salvaje golpiza por lo cual fue internado en un hospital caraqueño.
Violación del domicilio
Los allanamientos sin orden judicial, ni presencia de un fiscal ni un abogado, son prácticas que se repiten sistemáticamente en las últimas semanas. La más reciente fue en El Paraíso el 13 de junio.
“No es “allanamiento” cuando entran a viviendas sin orden judicial. Eso es burda violación de domicilio arbitraria y grave violación a los derechos humanos. Al menos 10 personas detenidas desde ayer en Res Los Verdes, El Paraíso fueron sacadas de sus casas sin orden judicial”, escribe Alfredo Romero en su cuenta  Twitter en relación a la toma militar del 13 de junio.
 “Fueron horas de angustia, de terror, porque la forma en que accionaron fue bestial. No respetaron que aquí hay niños, personas de la tercera edad, personas enfermas. Simplemente entraron a robar y a destruir todo a su paso”, testimonio de una vecina de Los Verdes.
Por su parte, Alberto Arteaga escribe en Twitter:: “Homicidios, lesiones, violación de domicilio, violencia con abuso de autoridad, crueldad con los animales: parte de la crónica del horror”. (@guti21)
FUENTE: Revista Zeta N°2103 – 16-06-17

 

“No fueron allanamientos sino saqueos”

Por Aída Gutiérrez H. /@guti21
Los vecinos de San Antonio de Los Altos recuerdan con terror la mañana del 22 de mayo cuando de manera violenta irrumpieron en las viviendas Guardias Nacionales (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Sebin y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). “Dicen que allanamientos, más bien fueron asaltos, para ser más preciso fueron saqueos,” sentencia un vecino del sector.

Según los vecinos del municipio Los Salias, la acción de los efectivos dejo como saldo: puertas derribadas, apartamentos saqueados, detenciones arbitrarias, ventanas destruidas, vehículos destrozados. Los edificios más afectados fueron las Residencias OPS, Sierra Brava y Páramo.

Testimonios

“Ahora (26Mayo) en San Antonio hay 4 vehículos de asalto blancos de la GN, y 2 negros del CONAN. Están aquí desde el lunes 22, cuando ocurrieron los hechos. Los estudiantes tenía una semana protestando y todos los vecinos los apoyábamos con medicinas, comida, franelas. El problema viene por culpa de unos “sapos”, ellos son un coronel del ejército y un capitán de la guardia o del ejército que es fiscal. Estos señores indicaron los apartamentos donde los muchachos se refugiaban y también señalaron exactamente quienes eran sus familiares. El lunes 22 a las 6 de la mañana la GN y el CONAS hicieron una operación comando con saña, odio y alevosía. Había gente del Sebin, Conas, PNB y la GN. Yo conté aproximadamente 200 guardias nacionales. Rompieron las cámaras de seguridad de los edificios, rompieron las rejas del Centro Comercial OPS, disparaban perdigones y bombas lacrimógenas sin compasión. Tumbaban las puertas de los apartamentos, eso no fueron allanamientos sino asaltos y saqueos. Se robaron las baterías de los carros que estaban en los estacionamientos. Usaban la sirena fuerte cuando comenzaban a disparar, para que no se escucharan los disparos…”, señala un vecino de la zona quien pidió resguardo de su nombre.

“Estábamos mis hijos de 12 y 19 años y mi madre de 85 años. Vimos desde el balcón que al edificio entraban agentes del Conas, inmediatamente se escucharon gritos, fuerte golpes a las puertas. De pronto nos tocaron, no quise abrir la puerta, estaba aterrada, hasta que la tumbaron y entraron más de 30 funcionarios, tenían armas largas y cortas luego, todo fue un caos. A mi hijo mayor lo agarraron por la franela y lo tumbaron en el piso le gritaban, terrorista, guarimbero. Yo traté de defenderlo y les dije que no podían allanar la casa sin orden judicial, se rieron en mi cara, me dijeron terrorista, “malparida”, me mandaron a callar, y como insistía que era un procedimiento ilegal, me golpearon. Mi pequeño hijo me defendió y lo amenazaron con llevárselo a un retén de menores. Entretanto mi madre lloraba y les imploraba piedad, la mandaron a callar y la insultaron. Destrozaron todo el apartamento, me robaron mis pocas joyas, los celulares, Tablets, hasta comida se llevaron, esto fue un vulgar robo. Estuvieron como 45 minutos en mi apartamento hasta que se llevaron detenido a mi hijo a punta de golpes”, narra con lagrimas en sus ojos la señora María.

Después de la jornada, la Comisión de Derechos Humanos del Municipio Los Salias contabilizó 17 detenidos: 13 hombres y 4 mujeres.

Torturas
Provea informa que ha recibido denuncias de los vecinos de San Antonio de los Altos sobre torturas y cruel represión durante la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado el lunes 22 de mayo. “En la torre 2 de las Residencias OPS, los funcionarios de la PNB arrodillaron a un adolescente en el piso 15 y le rociaron líquido extintor dentro de su boca. Luego los PNB, según denuncia, golpearon al adolescente con el propio extintor”.

“La brutal arremetida”

El alcalde del municipio Los Salias, Josy Fernández, rechaza la actuación violenta y desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado el lunes 22, contra los habitantes de San Antonio de los Altos. Denuncia “la brutal arremetida contra las residencias OPS. La PNB rompió rejas, puertas, ventanas. Entraron a la fuerza a los edificios. Rechazamos esta terrible arbitrariedad”. Informa que en la Alcaldía de Los Salias tienen abogados para asesorar a los familiares de las personas detenidas.

Fernández informa que por los allanamientos dejaron un total de siete heridos, entre ellos un adolescente por impacto de una bomba lacrimógena en el tórax y un hombre de 70 años de edad, por impacto de perdigones en la cara.

Por su parte, el concejal Héctor Medina, presidente de la Comisión de DDHH del Concejo de Los Salias, asegura que los allanamientos se hicieron sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público, testigos, un abogado y sin orden judicial, condiciones dictadas por la ley venezolana para hacer estos procedimientos legales.

Otros “allanamientos”

Entre el 24 y el 25 de mayo, se reportaron allanamientos en diferentes regiones del país: En San Juan de los Morros hubo más de 15 allanamientos buscando a los jóvenes que protestaban en días anteriores. En Valencia se registraron allanamientos ilegales en los sectores 4 y 5 de la Isabelica, hay detenidos. El SEBIN allanó varias residencias en Colón, Santa Bárbara del Zulia, para practicar detenciones arbitrarias. También en Barinas, en la Cinqueña, Cuatricentenaria y Pozones.

El abogado Jesús Rodríguez precisa que son procedimientos irregulares, al margen de la ley, allí se está violentando el derecho a la propiedad privada y los derechos humanos. Se viola el Artículo 47 de la Constitución que dice: “El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrían ser allanados sino mediante orden judicial (…) , respetando siempre la dignidad del ser humano.”

FUENTE: El Nuevo País – Domingo 28 de Mayo 2017 

PARTE DE GUERRA al 25 de mayo 2017

Las cifras de detenidos lesionados y asesinados en Venezuela, desde el 1 de abril al 25 de mayo 2017.

Por Aída Gutiérrez H / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) desde el 1 de abril al 24 de mayo, registraron  2.815 arrestos por protestas, 1.240 permanecen aún detenidos. 341 fueron presentados ante tribunales militares  y  178 quedaron a la orden de la justicia militar. Asimismo, han calificado 297 presos políticos, al 1 de abril 2017 había sólo 117.

En relación a los caídos desde el 1 de abril al 24 de mayo, Alfredo Romero informa que FPV registra 64 personas fallecidas, de las cuales 45 fueron asesinadas directamente en protestas es decir, por represión. 13 por presuntos saqueos; y 6 por barricadas. Estas muerte se localizaron en: Miranda 3; Caracas 21; Carabobo 8; Lara 5; Zulia 2; Táchira 9; Mérida 4; Trujillo 1; Barinas 11.

Cifras del Ministerio Público

Por su parte, el miércoles 24 de mayo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa expuso el balance de muertos, detenidos y lesionados durante las protestas desde el 6 de abril.

“55 personas fallecidas, de las víctimas 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo hemos registrado un total hoy de 1.000 lesionados, de los cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares”, expresó la Fiscal.

Sobre los detenidos en las manifestaciones precisó: “Hemos iniciado 1.475 investigaciones: 1.329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. En materia de delitos comunes, los fiscales han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, hurto, robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, entre muchos otros delitos. De estas personas solamente 284 han sido privadas de libertad”

También refirió los grupos civiles armados, en este sentido destacó el caso de unos estudiantes que estaban manifestando “de forma pacífica” en un liceo de La Pastora, a lo cual expresó: “Llegaron grupos civiles a amenazarlos con pistolas. Si hay una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados. Es necesario el desarme de la población. Nosotros tenemos 16 investigaciones abiertas contra grupos civiles armados al margen de la ley. Y preocupa la proliferación de estos grupos”.

La acción criminal de los colectivos armados va acompañada con el amparo de la PNB y GN.

En relación a los juicios militares Ortega Díaz dijo: “Hemos solicitado la declinatoria de la competencia a la justicia ordinaria de dos casos que cursan en la justicia militar: uno en el estado Nueva Esparta y otro en Zulia. El día de hoy vamos a presentar un amparo por abstención de uno de estos tribunales a negarse a pronunciarse. No ha habido el pronunciamiento debido. Asimismo dirigimos una comunicación a la Fiscal General Militar para que nos informara al Ministerio Público el número de procesos y detenidos. Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas. Nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.”

La Fiscar Ortega Díaz sentenció que llevar civiles ante tribunales militares, viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.

La Fiscal también confirmó que Juan Pernalette fue asesinado por una bomba lacrimógena de GN.

Al cierre

El miércoles 24 de mayo se confirmó la muerte en protesta pacífica de dos jóvenes: Augusto Puga (22) en Ciudad Bolívar, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente falleció tras recibir un impacto en la cabeza durante una represión policial a manifestantes opositores.

Augusto Pugas (22), estudiante de enfermería, asesinado de un tiro en la cabeza.

Adrián Duque (24) recién egresado como Contador Público de la Universidad José Gregorio Hernández en Maracaibo, según testigos cuando escapaba de una tanqueta que iba a gran velocidad persiguiendo a un grupo de jóvenes, perdió el equilibrio y cayó al pavimento, allí fue víctima de un disparo de un presunto guardia nacional, sus compañeros que lograron salvarse no pudieron rescatarlo porque los guardias lo impedían. Con estos asesinados, según la cuenta del Ministerio Público, daría un total de 57 fallecidos. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº 2100 – 26-05-2017

Civiles ante la justicia militar

El experto en Derecho Constitucional y catedrático José Vicente Haro, conocedor de los problemas que confrontan los civiles enjuiciados ante tribunales militares, explica la situación jurídica, procesal y de derechos humanos que la medida implica. Recalca que es violatoria a los artículos 261 y 49-4 de la Constitución Nacional.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

“La forma mas efectiva de una dictadura para crear  miedo y terror en los ciudadanos, es llevarlos a la justicia militar, que es el peor de los mundos dentro del ámbito judicial, prácticamente, los están llevando al infierno judicial”, así lo considera el abogado constitucionalista, defensor de los DDDHH y profesor de la UCV, José Vicente Haro.

De acuerdo al jurista, presentar civiles a la justicia militar no es nada nuevo. Se hizo con el caso del diputado Gliber Caro y su novia Steicy Scalona (enero). También en el caso del Profesor Santiago Guevara (febrero).

Según el Foro Penal Venezolano (FPV), 137 personas  han sido presentadas ante instancias militares, dentro del marco de las protestas contra el régimen. De allí, 73 civiles han sido privados de la libertad por decisión de tribunales militares.

“Quienes deciden llevar a los civiles a los tribunales militares son los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Los detienen y son puestos a la orden de un fiscal militar. El tribunal lo improvisan dentro del propio comando, incluso en un comedor se ha llegado a armar el sitio del juicio. En la audiencia no hay civiles excepto por el imputado; todos los demás son uniformados con armas”, expresa Alfredo Romero directivo del FPV.

Sergio Contreras director de redes sociales del Nuevo País y Zeta, fue detenido mientras que protestaba pacíficamente, y llevado ante tribunales militares. Se le imputaron 3 delitos y está preso en Ramo Verde. Su condición de salud es delicada porque es un paciente neurológico, debe tomar una pastilla diaria para evitar convulsiones. La familia está desesperada porque los militares no le permiten el acceso al medicamento.

“La justicia militar es perversa”

Precisa el abogado Haro que la justicia militar es la más controlada por el gobierno, el presidente es quien nombra a los jueces de control, la corte marcial, la fiscalía militar. Además, se establecen penas mucho más altas que las penas que establece la justicia ordinaria, cuando se le imputa a alguien un delito militar, generalmente son delitos que van desde 15 años en adelante, no es cualquier cosa, son hechos muy graves.

-Es un sistema procesal totalmente anacrónico, el Código de justicia militar es anterior a la Constitución de 1999, muchas normas que se siguen aplicando son contrarias a esta Constitución. Es una justicia totalmente  viciada por una serie de patrones y  procedimientos abiertamente inconstitucionales, no garantiza la justicia ni lo principios básicos  (derecho a la defensa ni al debido proceso, a la presunción de inocencia, ser juzgados en libertad); tampoco las garantías que establece la Constitución.

Cuando los civiles son arrestados por la GN, no les permiten hablar con ningún abogado que ellos escojan, sino que les imponen de inmediato un defensor público militar, lo cual viola el derecho a la legítima defensa.

Para el experto, la jurisdicción militar forma parte de una política de estado. “En los momentos en que estamos viviendo, la política de estado es trata de crear terror y miedo en la gente, para que no salga a protestar. Entonces –se pregunta Haro- ¿con qué amenazan? con la justicia militar, porque la justicia militar es perversa, es totalmente contrario a los derechos humanos y es la demostración mas clara que estamos en una dictadura militar”.

-Yo veo aquí una política de estado que incluso se plantea en el Plan Zamora, uno allí lee que las líneas estratégicas son básicamente militares. Esto es una política de estado, que forma parte de un régimen militar. Y cito a  Luis Almagro cuando dice “llevar a civiles a jueces militares es una clara demostración que en Venezuela gobierna una dictadura militar”.

El 9 de mayo en la noche, desde el Fuerte Tiuna el equipo de FPV, denunció que a los jóvenes detenidos y presentados ante la justicia militar, no se les permitió contacto con ningún abogado, les impusieron defensores públicos.

Al respecto, Haro expresa que “la justicia militar te impone todo, impera un régimen militar. Es una especie de paraestado judicial militar, donde solo imperan las ordenes superiores jerárquicas del ministro de la defensa, que sigue instrucciones del presidente de la república, y que están ejecutando algo que ellos llaman el Plan Zamora, bajo esas premisas ellos actúan, y eso se ve tanto en la represión aplicada a las protestas como en las detenciones arbitrarias”.

Juzgar a civiles mediante Jurisdicción Militar viola el Art.261 de la Constitución: “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
También viola el Art.49-4: “(…)toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales(…). (@guti21)

 FUENTE: Revista ZETA Nº 2.098 – 12-05-2017

 

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