Detenciones y torturas aberrantes

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. /@guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV), desde el 1 de abril al 4 de julio se han registrados 3.616 arrestos, de los cuales 1.141 aún se encuentran detenidos. Hay 452 personas presentadas ante tribunales militares y 438 presos políticos.

En cuanto a los fallecidos al 1 de julio, según cifra oficial del Ministerio Público se han registrado 75 muertos. Por otro lado, de acuerdo un registro extraoficial realizado por Runrun.es hasta a esa fecha han muerto 107 personas durante protestas contra el gobierno y los saqueos.

Esta semana falleció Engler Duque de 24 años, en medio de la represión de la GNB en una protesta en el estado Táchira. Aún no está clara la causa de la muerte, se presume que una bomba lacrimógena disparada por un guardia le impactó en su pecho.

Engler Duque, con solo 24 años fue asesinado en el estado Táchira presunta bomba lacrimógena lanzada por un GN.

Violación de los DDHH

El domingo 2 de julio, quedan en libertad  los 25 estudiantes de las universidades de Oriente, Simón Bolívar, Central de Venezuela y Católica Andrés Bello detenidos arbitrariamente y encerrados en un camión cava sin ventilación, el pasado jueves 29 de junio en El Rosal, Caracas.

En este sentido, Alfredo Romero director del FPV, denuncia que a los estudiantes detenidos se les violaron sus derechos humanos tras el procedimiento policial. “Los jóvenes solo tenían la camisa de la universidad y cuando realizaron las inspecciones “sembraron evidencias”, donde aparecieron líquidos transparentes y morrales que los estudiantes no tenían. Se están sembrando evidencias. Esto es una absoluta violación a los DDHH”.

Fijaron la audiencia para las 8:00 am del 2 de julio donde fueron trasladados al Helicoide en Caracas. La sala estuvo ocupada y tuvieron que trasladarlos a la Yaguara. Denuncia Romero que en la Yaguara “los volvieron a ingresar a una camioneta estilo encava -sin ventanas- y los dejaron encerrados allí por dos horas. Una muchacha sufrió por la claustrofobia un ataque de pánico, incluso vomitó por el calor y la desesperación”.

25 estudiantes universitarios de diferentes casas de estudios fueron detenidos y encerrados en un camión tipo cava sin ventilación, la PNB violó los derechos humanos de estos jóvenes.

Otro caso es la detención arbitraria, de 27 estudiantes de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador (UPEL) Maracay, que el lunes 3 de julio fueron privados de libertad luego de ser juzgados en Tribunales militares. De ellos, 22 hombres serán recluidos en centros de detención: 11 en El Dorado, estado Bolívar, y 11 en la cárcel 26 de julio, en el estado Guárico. Las cinco mujeres de este grupo de detenidos tendrán arresto domiciliario.

Las autoridades de la UPEL denunciaron que el recinto fue violado por sujetos armados, quienes fueron los que llevaron a los estudiantes a la comandancia de la Policía de Aragua en San Jacinto, Maracay. Este hecho ocurrió después de que los jóvenes realizaran la semana pasada varias protestas contra el gobierno.

Por su parte, Orlando Moreno, Secretario Político de Vente Venezuela en Maturín, denunció a través de su cuenta Twitter los maltratos recibidos mientras estuvo detenido: “Me esposaron, me guindaron en un tanque de agua elevado, que se encuentra ubicado en la Pica. Fui golpeado y chantajeado para grabar un video en contra de María Corina Machado y el diputado Juan Pablo García, donde señalará que ellos financian y me dan instrucciones para hacer protestas violentas. Por haberme negado, me mantuvieron en esa tortura por 24 horas, sin poder ingerir ningún alimento y tampoco hidratarme”.

Otro caso, es el narrado por el abogado defensor  Martín Ríos a  BBC Mundo, sobre la tortura de uno de los 10 jóvenes detenidos arbitrariamente en el estado Aragua. Indica que todo pasó en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en esa entidad.

“A los 10 jóvenes los separaron, y a uno de ellos de 19 años, le hicieron algo aberrante y dantesco. Lo forzaron a arrodillarse y, para inmovilizarle los brazos, le amarraron un cable a la altura de las muñecas. Le pusieron gas pimienta y una capucha sobre la cabeza. Después le bajaron el short y le introdujeron un tubo en el recto. Los otros detenidos no podían verlo, pero según su testimonio, lo escuchaban gritar, llorar y pedir ayuda…” (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta 7 de julio de 2017

 

 

 

 

 

 

Crece el número de fallecidos

Parte de guerra al 30 de junio

GNB

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) las cifras de detenciones durante las protestas desde el 1 de abril al 28 de junio suman más de 3.400 personas, de los cuales 1.160 aún continúan arrestadas.

Según Alfredo Romero, director ejecutivo de esta ONG, precisa que solo el 28 de junio se registró al menos 60 arrestos de manifestantes: Altos Mirandinos 7; Aragua 2; Carabobo 6; Caracas 9; Cojedes 2; Lara 2; Miranda 2; Táchira 1; Zulia 29.

Asimismo, el 26 de julio, se registró al menos 55 arrestados por estar participando en el Trancazo: Anzoategui 23 (14liberados); Caracas 11 (1liberado); Mérida 11; Aragua 3; Zulia 3; Táchira 4.

También al 24 de junio, la cifra de presos políticos ascendió a 391 privados formalmente de libertad con fines políticos y sin cometer actos violencia, según Romero.

El Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch  denunciaron que esos detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares, o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Crece la cifra de muertos

 Desde el 1 de abril al 28 de junio la cifra de muertos en protestas ciudadanas se eleva a  85, de las cuales 80 son reconocidas por el  Ministerio Público.

Según un registro extraoficial realizado por Runrun.es hasta el 22 de junio han muerto 94 personas durante protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y los saqueos principalmente por hambre. Aquí sin contar los 5 fallecidos el 28 de junio.

Solo el miércoles 28 de junio fallecieron cinco jóvenes en todo el país, durante las protestas. Algunos de ellos habrían participado en las manifestaciones, mientras que otros solo pasaban cerca del lugar de los hechos.

Cinco familias más están de luto, a continuación los datos de los fallecidos:

Jhonatan Zavatti, de 25 años de edad, fue herido en la cabeza el lunes 26 de junio, durante una manifestación en Petare,   municipio Sucre, Caracas. Fallece el 28 de junio. El joven supuestamente caminaba de noche por la calle, cuando recibió un balazo en la cabeza.

Roberto Durán, de 26 años, murió durante una protesta antigubernamental en la urbanización Sucre de Barquisimeto, en el estado Lara. El joven presentó una herida en el pecho.

 Isael Macadan, de 18 años, fue víctima de dos disparos uno en la cabeza y otro en el brazo derecho, durante las manifestaciones en la madrugada del miércoles, en el sector Tronconal de Anzoátegui.

Víctor Betancourt, de 18 años, murió  durante una protesta  en Cumaná, estado Sucre, según informó el diputado, José Manuel Olivares.

Luis Paz, 20 años, murió atropellado en la noche del miércoles 28 durante un trancazo,  en Maracaibo, estado Zulia.

Aumentan las agresiones a los periodistas

Durante los 3 meses de protestas pacíficas contra el gobierno de Nicolás Maduro, los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido brutalmente atacados, principalmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB). Aparte de ser agredidos, han sido robados y destruidos sus equipos de trabajo.

De acuerdo a cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), desde el 31 de abril hasta el 24 de junio, se han registrado 376 casos de agresiones a trabajadores de la comunicación (periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, transporte). Los efectivos de seguridad son responsables de 170 de estos ataques.

Durante estas coberturas, el sindicato también registró un total de 33 detenciones ilegales a comunicadores.

Según la ONG Espacio Público, entre abril y mayo se registraron 278 violaciones a los derechos de los periodistas. Coincide con el SNTP en que los principales atacantes son los efectivos de la GNB y  PNB con 43% del total de los registros. También los grupos civiles armados, aparecen como victimarios. (@guti21)

 FUENTE: Revista ZETA 30 de julio de 2017

 

 

 

El Defensor del Pueblo debe ser la voz de las víctimas

Gabriela Ramírez, ex Defensora del Pueblo

Por Aída Gutiérrez H. / @guti21

La ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, considera que la vocería por parte de las víctimas de la represión en las protestas de la oposición, “la debe asumir el Defensor del Pueblo, porque tiene esa obligación, tiene ese mandato”.

-¿Qué  hemos visto en los últimos días? – se pregunta y responde-, al Defensor enfrentado a la Fiscal, colocándose del lado del gobierno y mientras, las víctimas están desamparadas.

-Debe impulsar la investigación, reunirse con la Fiscal porque él es quien va a defender a las víctimas para obtener justicia. Las acciones del Defensor no son vinculantes, pero él sí podría impulsar frente al Ministerio Público la agilización de las investigaciones.

-En el caso específico de Los Verdes en El Paraíso, la forma cómo esos funcionarios entraron, no fue un allanamiento, fue una incursión en un edificio lleno de familias, no se puede interpretar como un allanamiento.

-En los últimos días las propias concentraciones han sido repelidas con gas, entonces la gente ni siquiera se puede concentrar y adicionalmente, vimos el día lunes (19junio) tres funcionarios de la GN violando la Constitución, con armas de fuego en una concentración. Estas situaciones deben ser reclamadas y expresadas a viva voz por el Defensor del Pueblo.

-Tengo entendido por declaraciones del propio ministro Reverol que esos funcionarios están privados de libertad, aunque hay que definir cuál de ellos específicamente fue quien mató a Fabián. Como muy bien lo dijo la Fiscal, eso ya no es “uso desproporcionado de la fuerza” sino  homicidio, y cuando lo comete un funcionario, es violación de los derechos humanos.

Refiere que muchas de las investigaciones de los detenidos en las protestas, “han sido conducidas a través de la jurisdicción militar lo cual no es lo idóneo y también es violatorio de los derechos humanos de los civiles”.

-Una acción noble del Defensor del Pueblo sería, en este momento, un amparo contra la jurisdicción militar, para que se restituyan los juicios a través del juez natural en personas civiles.

-Así el Defensor estaría mostrando  que está al lado de las víctimas más vulnerables y de la importancia de que la justicia tome su cauce, quizás de pronto a él no le gusta la Fiscal en lo personal, pero en lo institucional siempre hemos dicho que debemos hacer lo correcto.

Por otro lado, el pasado 31 de mayo Ramírez renunció a su cargo como asesora de la consultoría jurídica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por no apoyar la decisión del Ejecutivo de convocar una Constituyente sin consultar previamente al pueblo venezolano.

“Rechazo la Constituyente porque poder constituido no forma poder constituyente, esa Asamblea no tiene ese carácter y no tendría la facultad de redactar una nueva Constitución, ni tampoco las personas que resulten electas en ese proceso tendrían la facultad de hacer cesar  los demás poderes, porque no es el mandato del pueblo, y eso lo vicia de ilegalidad e inconstitucional”, expresa Ramírez en entrevista exclusiva con El Nuevo País.

La Fiscal y el TSJ

Preguntamos su opinión sobre el juicio que pretende iniciar el TSJ contra La Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

-El TSJ lo puede iniciar pero previa autorización de la Asamblea Nacional, y eso no ha ocurrido, y como no tiene la autorización de la plenaria de la AN, si se produjera esa destitución, estarían disolviendo los poderes sin legalidad.

-El TSJ no puede pagarse y darse el vuelto –prosigue Ramírez-, son mecanismo de protección a las instituciones, que confluyan dos o más poderes cuando se están hablando de sustituir a una autoridad del Estado, por ejemplo en el caso de un magistrado, primero debe ser sancionado moralmente por el Consejo Moral Republicano y después la AN aprueba esa destitución, como Velázquez Alvaray en su momento.

-Quiere decir que es un mecanismo de protección de la Constitución, porque cuando hablas de un funcionario de esa envergadura hay que protegerlo. Entonces el TSJ no  solamente va a violar la ley, sino va a violar el espíritu constitucional.

FUENTE: El Nuevo País – 25 de junio 2017

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Acumulación de violencia delictiva

Parte de guerra al 20.06.2017

Crece la lista de presuntos delitos: a los de asesinato, lesiones, abuso de autoridad, se agregan las violaciones del domicilia.
Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)
De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) se han registrado  desde el 1de abril al 20 de junio 3.264  arrestos, de los cuales 1.268 aún están detenidos. Durante el mes de junio se han producido 248 arrestos de manifestantes. El Área Metropolitana es dónde más detenidos hay, le sigue el estado Anzoátegui.
Según Alfredo Romero, director del FPV, el número de presos políticos ha llegado a 359. “Es importante destacar que antes del inicio de las protestas el  1 de abril el  número era de 117”.
Por su parte, el Ministerio Público reporta las siguientes cifras al 20 de junio: se han registrado 74 fallecidos, 1.413 lesionados, de los cuales 1.138 civiles y 275 efectivos militares o policiales; 3.971 procesados, 63 de ellos por derechos fundamentales.
En relación a los tribunales militares, Foro Penal registra 388 personas presentadas ante la justicia militar, de las cuales 201 han quedado privados de libertad.
Al respecto, Romero comenta que  en mayo se activa la presentación de las personas ante los tribunales militares, arbitrariamente para detenerlas y procesarlas. “Pero esto ha venido disminuyendo, hemos encontrado hoy , que hay muy pocos casos que se han llevado a tribunales militares en Junio, comparado con Mayo, eso quiere decir que la denuncia, y que también se ha llevado a instancias internacionales, ha sido de alguna manera efectiva para parar esa atrocidad”, dijo.
Abuso sexual
Alfredo Romero, denunció en la audiencia pública de la comisión de Derechos Humanos del Parlasur, casos de presunto abuso sexual por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra detenidos en las protestas de la oposición.
“Lamentablemente dentro del abanico de la represión se ha abierto este otro rubro que no existía dentro de la historia de este régimen, agresiones a mujeres por abuso sexual”, advirtió.
Mencionó el caso de una joven que el pasado 6 de junio intentó suicidarse desde el piso 1 del Palacio de Justicia tras conocer la sentencia que la privaba de su libertad, ella era parte de las 51 personas detenidas el pasado 3 junio, que iban a bordo de una unidad de TransChacao y había denunciado, junto a otras mujeres, haber sido víctima de abusos sexuales por parte de funcionarios de la PNB que les ofrecieron dinero a cambio de favores.
Por otra parte, en el mes de Mayo 10 jóvenes que fueron detenidos en el sector El Limón, Maracay, durante una actividad  convocada por la MUD, describieron en la audiencia de presentación cómo fueron agredidos física y psicologicamente por efectivos policiales. El caso más cruento, fue el de un joven que denunció haber sido violado. Según su testimonio, los funcionarios que lo aprehendieron le insertaron un tubo por el ano poco después de detenerlo. Lo mismo sucedió con un joven detenido en las primeras semanas de protestas, quien relató cómo un efectivo de la GN intentó violarlo con los dedos, luego de haber recibido una salvaje golpiza por lo cual fue internado en un hospital caraqueño.
Violación del domicilio
Los allanamientos sin orden judicial, ni presencia de un fiscal ni un abogado, son prácticas que se repiten sistemáticamente en las últimas semanas. La más reciente fue en El Paraíso el 13 de junio.
“No es “allanamiento” cuando entran a viviendas sin orden judicial. Eso es burda violación de domicilio arbitraria y grave violación a los derechos humanos. Al menos 10 personas detenidas desde ayer en Res Los Verdes, El Paraíso fueron sacadas de sus casas sin orden judicial”, escribe Alfredo Romero en su cuenta  Twitter en relación a la toma militar del 13 de junio.
 “Fueron horas de angustia, de terror, porque la forma en que accionaron fue bestial. No respetaron que aquí hay niños, personas de la tercera edad, personas enfermas. Simplemente entraron a robar y a destruir todo a su paso”, testimonio de una vecina de Los Verdes.
Por su parte, Alberto Arteaga escribe en Twitter:: “Homicidios, lesiones, violación de domicilio, violencia con abuso de autoridad, crueldad con los animales: parte de la crónica del horror”. (@guti21)
FUENTE: Revista Zeta N°2103 – 16-06-17

 

“No fueron allanamientos sino saqueos”

Por Aída Gutiérrez H. /@guti21
Los vecinos de San Antonio de Los Altos recuerdan con terror la mañana del 22 de mayo cuando de manera violenta irrumpieron en las viviendas Guardias Nacionales (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Sebin y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). “Dicen que allanamientos, más bien fueron asaltos, para ser más preciso fueron saqueos,” sentencia un vecino del sector.

Según los vecinos del municipio Los Salias, la acción de los efectivos dejo como saldo: puertas derribadas, apartamentos saqueados, detenciones arbitrarias, ventanas destruidas, vehículos destrozados. Los edificios más afectados fueron las Residencias OPS, Sierra Brava y Páramo.

Testimonios

“Ahora (26Mayo) en San Antonio hay 4 vehículos de asalto blancos de la GN, y 2 negros del CONAN. Están aquí desde el lunes 22, cuando ocurrieron los hechos. Los estudiantes tenía una semana protestando y todos los vecinos los apoyábamos con medicinas, comida, franelas. El problema viene por culpa de unos “sapos”, ellos son un coronel del ejército y un capitán de la guardia o del ejército que es fiscal. Estos señores indicaron los apartamentos donde los muchachos se refugiaban y también señalaron exactamente quienes eran sus familiares. El lunes 22 a las 6 de la mañana la GN y el CONAS hicieron una operación comando con saña, odio y alevosía. Había gente del Sebin, Conas, PNB y la GN. Yo conté aproximadamente 200 guardias nacionales. Rompieron las cámaras de seguridad de los edificios, rompieron las rejas del Centro Comercial OPS, disparaban perdigones y bombas lacrimógenas sin compasión. Tumbaban las puertas de los apartamentos, eso no fueron allanamientos sino asaltos y saqueos. Se robaron las baterías de los carros que estaban en los estacionamientos. Usaban la sirena fuerte cuando comenzaban a disparar, para que no se escucharan los disparos…”, señala un vecino de la zona quien pidió resguardo de su nombre.

“Estábamos mis hijos de 12 y 19 años y mi madre de 85 años. Vimos desde el balcón que al edificio entraban agentes del Conas, inmediatamente se escucharon gritos, fuerte golpes a las puertas. De pronto nos tocaron, no quise abrir la puerta, estaba aterrada, hasta que la tumbaron y entraron más de 30 funcionarios, tenían armas largas y cortas luego, todo fue un caos. A mi hijo mayor lo agarraron por la franela y lo tumbaron en el piso le gritaban, terrorista, guarimbero. Yo traté de defenderlo y les dije que no podían allanar la casa sin orden judicial, se rieron en mi cara, me dijeron terrorista, “malparida”, me mandaron a callar, y como insistía que era un procedimiento ilegal, me golpearon. Mi pequeño hijo me defendió y lo amenazaron con llevárselo a un retén de menores. Entretanto mi madre lloraba y les imploraba piedad, la mandaron a callar y la insultaron. Destrozaron todo el apartamento, me robaron mis pocas joyas, los celulares, Tablets, hasta comida se llevaron, esto fue un vulgar robo. Estuvieron como 45 minutos en mi apartamento hasta que se llevaron detenido a mi hijo a punta de golpes”, narra con lagrimas en sus ojos la señora María.

Después de la jornada, la Comisión de Derechos Humanos del Municipio Los Salias contabilizó 17 detenidos: 13 hombres y 4 mujeres.

Torturas
Provea informa que ha recibido denuncias de los vecinos de San Antonio de los Altos sobre torturas y cruel represión durante la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado el lunes 22 de mayo. “En la torre 2 de las Residencias OPS, los funcionarios de la PNB arrodillaron a un adolescente en el piso 15 y le rociaron líquido extintor dentro de su boca. Luego los PNB, según denuncia, golpearon al adolescente con el propio extintor”.

“La brutal arremetida”

El alcalde del municipio Los Salias, Josy Fernández, rechaza la actuación violenta y desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado el lunes 22, contra los habitantes de San Antonio de los Altos. Denuncia “la brutal arremetida contra las residencias OPS. La PNB rompió rejas, puertas, ventanas. Entraron a la fuerza a los edificios. Rechazamos esta terrible arbitrariedad”. Informa que en la Alcaldía de Los Salias tienen abogados para asesorar a los familiares de las personas detenidas.

Fernández informa que por los allanamientos dejaron un total de siete heridos, entre ellos un adolescente por impacto de una bomba lacrimógena en el tórax y un hombre de 70 años de edad, por impacto de perdigones en la cara.

Por su parte, el concejal Héctor Medina, presidente de la Comisión de DDHH del Concejo de Los Salias, asegura que los allanamientos se hicieron sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público, testigos, un abogado y sin orden judicial, condiciones dictadas por la ley venezolana para hacer estos procedimientos legales.

Otros “allanamientos”

Entre el 24 y el 25 de mayo, se reportaron allanamientos en diferentes regiones del país: En San Juan de los Morros hubo más de 15 allanamientos buscando a los jóvenes que protestaban en días anteriores. En Valencia se registraron allanamientos ilegales en los sectores 4 y 5 de la Isabelica, hay detenidos. El SEBIN allanó varias residencias en Colón, Santa Bárbara del Zulia, para practicar detenciones arbitrarias. También en Barinas, en la Cinqueña, Cuatricentenaria y Pozones.

El abogado Jesús Rodríguez precisa que son procedimientos irregulares, al margen de la ley, allí se está violentando el derecho a la propiedad privada y los derechos humanos. Se viola el Artículo 47 de la Constitución que dice: “El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrían ser allanados sino mediante orden judicial (…) , respetando siempre la dignidad del ser humano.”

FUENTE: El Nuevo País – Domingo 28 de Mayo 2017 

PARTE DE GUERRA al 25 de mayo 2017

Las cifras de detenidos lesionados y asesinados en Venezuela, desde el 1 de abril al 25 de mayo 2017.

Por Aída Gutiérrez H / @guti21

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) desde el 1 de abril al 24 de mayo, registraron  2.815 arrestos por protestas, 1.240 permanecen aún detenidos. 341 fueron presentados ante tribunales militares  y  178 quedaron a la orden de la justicia militar. Asimismo, han calificado 297 presos políticos, al 1 de abril 2017 había sólo 117.

En relación a los caídos desde el 1 de abril al 24 de mayo, Alfredo Romero informa que FPV registra 64 personas fallecidas, de las cuales 45 fueron asesinadas directamente en protestas es decir, por represión. 13 por presuntos saqueos; y 6 por barricadas. Estas muerte se localizaron en: Miranda 3; Caracas 21; Carabobo 8; Lara 5; Zulia 2; Táchira 9; Mérida 4; Trujillo 1; Barinas 11.

Cifras del Ministerio Público

Por su parte, el miércoles 24 de mayo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa expuso el balance de muertos, detenidos y lesionados durante las protestas desde el 6 de abril.

“55 personas fallecidas, de las víctimas 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo hemos registrado un total hoy de 1.000 lesionados, de los cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares”, expresó la Fiscal.

Sobre los detenidos en las manifestaciones precisó: “Hemos iniciado 1.475 investigaciones: 1.329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. En materia de delitos comunes, los fiscales han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, hurto, robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, entre muchos otros delitos. De estas personas solamente 284 han sido privadas de libertad”

También refirió los grupos civiles armados, en este sentido destacó el caso de unos estudiantes que estaban manifestando “de forma pacífica” en un liceo de La Pastora, a lo cual expresó: “Llegaron grupos civiles a amenazarlos con pistolas. Si hay una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados. Es necesario el desarme de la población. Nosotros tenemos 16 investigaciones abiertas contra grupos civiles armados al margen de la ley. Y preocupa la proliferación de estos grupos”.

La acción criminal de los colectivos armados va acompañada con el amparo de la PNB y GN.

En relación a los juicios militares Ortega Díaz dijo: “Hemos solicitado la declinatoria de la competencia a la justicia ordinaria de dos casos que cursan en la justicia militar: uno en el estado Nueva Esparta y otro en Zulia. El día de hoy vamos a presentar un amparo por abstención de uno de estos tribunales a negarse a pronunciarse. No ha habido el pronunciamiento debido. Asimismo dirigimos una comunicación a la Fiscal General Militar para que nos informara al Ministerio Público el número de procesos y detenidos. Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas. Nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.”

La Fiscar Ortega Díaz sentenció que llevar civiles ante tribunales militares, viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.

La Fiscal también confirmó que Juan Pernalette fue asesinado por una bomba lacrimógena de GN.

Al cierre

El miércoles 24 de mayo se confirmó la muerte en protesta pacífica de dos jóvenes: Augusto Puga (22) en Ciudad Bolívar, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente falleció tras recibir un impacto en la cabeza durante una represión policial a manifestantes opositores.

Augusto Pugas (22), estudiante de enfermería, asesinado de un tiro en la cabeza.

Adrián Duque (24) recién egresado como Contador Público de la Universidad José Gregorio Hernández en Maracaibo, según testigos cuando escapaba de una tanqueta que iba a gran velocidad persiguiendo a un grupo de jóvenes, perdió el equilibrio y cayó al pavimento, allí fue víctima de un disparo de un presunto guardia nacional, sus compañeros que lograron salvarse no pudieron rescatarlo porque los guardias lo impedían. Con estos asesinados, según la cuenta del Ministerio Público, daría un total de 57 fallecidos. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta Nº 2100 – 26-05-2017

Civiles ante la justicia militar

El experto en Derecho Constitucional y catedrático José Vicente Haro, conocedor de los problemas que confrontan los civiles enjuiciados ante tribunales militares, explica la situación jurídica, procesal y de derechos humanos que la medida implica. Recalca que es violatoria a los artículos 261 y 49-4 de la Constitución Nacional.

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

“La forma mas efectiva de una dictadura para crear  miedo y terror en los ciudadanos, es llevarlos a la justicia militar, que es el peor de los mundos dentro del ámbito judicial, prácticamente, los están llevando al infierno judicial”, así lo considera el abogado constitucionalista, defensor de los DDDHH y profesor de la UCV, José Vicente Haro.

De acuerdo al jurista, presentar civiles a la justicia militar no es nada nuevo. Se hizo con el caso del diputado Gliber Caro y su novia Steicy Scalona (enero). También en el caso del Profesor Santiago Guevara (febrero).

Según el Foro Penal Venezolano (FPV), 137 personas  han sido presentadas ante instancias militares, dentro del marco de las protestas contra el régimen. De allí, 73 civiles han sido privados de la libertad por decisión de tribunales militares.

“Quienes deciden llevar a los civiles a los tribunales militares son los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Los detienen y son puestos a la orden de un fiscal militar. El tribunal lo improvisan dentro del propio comando, incluso en un comedor se ha llegado a armar el sitio del juicio. En la audiencia no hay civiles excepto por el imputado; todos los demás son uniformados con armas”, expresa Alfredo Romero directivo del FPV.

Sergio Contreras director de redes sociales del Nuevo País y Zeta, fue detenido mientras que protestaba pacíficamente, y llevado ante tribunales militares. Se le imputaron 3 delitos y está preso en Ramo Verde. Su condición de salud es delicada porque es un paciente neurológico, debe tomar una pastilla diaria para evitar convulsiones. La familia está desesperada porque los militares no le permiten el acceso al medicamento.

“La justicia militar es perversa”

Precisa el abogado Haro que la justicia militar es la más controlada por el gobierno, el presidente es quien nombra a los jueces de control, la corte marcial, la fiscalía militar. Además, se establecen penas mucho más altas que las penas que establece la justicia ordinaria, cuando se le imputa a alguien un delito militar, generalmente son delitos que van desde 15 años en adelante, no es cualquier cosa, son hechos muy graves.

-Es un sistema procesal totalmente anacrónico, el Código de justicia militar es anterior a la Constitución de 1999, muchas normas que se siguen aplicando son contrarias a esta Constitución. Es una justicia totalmente  viciada por una serie de patrones y  procedimientos abiertamente inconstitucionales, no garantiza la justicia ni lo principios básicos  (derecho a la defensa ni al debido proceso, a la presunción de inocencia, ser juzgados en libertad); tampoco las garantías que establece la Constitución.

Cuando los civiles son arrestados por la GN, no les permiten hablar con ningún abogado que ellos escojan, sino que les imponen de inmediato un defensor público militar, lo cual viola el derecho a la legítima defensa.

Para el experto, la jurisdicción militar forma parte de una política de estado. “En los momentos en que estamos viviendo, la política de estado es trata de crear terror y miedo en la gente, para que no salga a protestar. Entonces –se pregunta Haro- ¿con qué amenazan? con la justicia militar, porque la justicia militar es perversa, es totalmente contrario a los derechos humanos y es la demostración mas clara que estamos en una dictadura militar”.

-Yo veo aquí una política de estado que incluso se plantea en el Plan Zamora, uno allí lee que las líneas estratégicas son básicamente militares. Esto es una política de estado, que forma parte de un régimen militar. Y cito a  Luis Almagro cuando dice “llevar a civiles a jueces militares es una clara demostración que en Venezuela gobierna una dictadura militar”.

El 9 de mayo en la noche, desde el Fuerte Tiuna el equipo de FPV, denunció que a los jóvenes detenidos y presentados ante la justicia militar, no se les permitió contacto con ningún abogado, les impusieron defensores públicos.

Al respecto, Haro expresa que “la justicia militar te impone todo, impera un régimen militar. Es una especie de paraestado judicial militar, donde solo imperan las ordenes superiores jerárquicas del ministro de la defensa, que sigue instrucciones del presidente de la república, y que están ejecutando algo que ellos llaman el Plan Zamora, bajo esas premisas ellos actúan, y eso se ve tanto en la represión aplicada a las protestas como en las detenciones arbitrarias”.

Juzgar a civiles mediante Jurisdicción Militar viola el Art.261 de la Constitución: “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
También viola el Art.49-4: “(…)toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales(…). (@guti21)

 FUENTE: Revista ZETA Nº 2.098 – 12-05-2017

 

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Las presas políticas del gobierno venezolano

PresasPoliticas-nov2015

Las presas políticas en Venezuela se enfrentan a torturas y a tratos crueles e inhumanos, ejemplo de ello son Araminta Gonzalez y Laided Salazar. La primera  acusada de “asociación para delinquir y fabricación de artefactos explosivos”. Y la segunda,  fue sentenciada a 8 años y 7 meses de prisión por “instigación a la rebelión y contra el decoro militar”. Dos casos de injusticia y de violación de derechos humanos.

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. (@guti21)

Al conocer en profundidad los casos de Araminta González y la Laided Salazar, presas políticas del gobierno, se podría pensar que estamos en presencia de un Poder Judicial misógino, por los tratos crueles que han sufrido estas dos venezolanas y también otras víctimas como Inés González y María Lourdes Afiuni. Durante el año 2015 esta periodista escribió sobre ambas historias. Hoy volvemos a retomar el tema, para dar a conocer cómo se encuentran los procesos judiciales de estas desafortunadas mujeres.

Caso Araminta González

Araminta se encuentra con depresión crónica y en el INOF se niegan a trasladarla para hacerle los exámenes psiquiátricos.

Araminta se encuentra con depresión crónica y en el INOF se niegan a trasladarla para hacerle los exámenes psiquiátricos.

Araminta es detenida por funcionarios del Cicpc,  el 24 de julio de 2014. Sometida a horrendas torturas en el Cicpc  y a tratos crueles e inhumanos  en el INOF, donde actualmente se encuentra recluida. Tiene 33 años, es técnico superior en química, y está presa por haber sido víctima de los delincuentes José Pérez Venta y Carlos Trejo, quienes mataron y descuartizaron a otra víctima de ellos, Liana Herguetta. Fue detenida por funcionarios del Cicpc,  el 24 de julio de 2014.

Después de un año y tres meses, todavía el proceso judicial de Araminta no ha pasado de la Audiencia de Presentación, según su abogado José Vicente Haro, la Audiencia Preliminar ha sido diferida  19 veces.  “No quieren afrontar las torturas que hizo el Cicpc”, asegura el jurista.

Dijo: El 12 de noviembre visité a Araminta y la encontré muy mal, quebrada en llanto y con una condición psicológica muy débil y me dijo: “ya quiero morir”.

-Araminta sufre de un cuadro depresivo muy grande y de ansiedad, resultado de las torturas a que fue sometida en el Cicpc. El jueves pasado fui a visitarla, y cuando llegué a la entrada del INOF fui testigo de como la hermana de una reclusa, reclamaba a viva voz, por qué su hermana no le habían permitido el examen psiquiátrico, y el resultado de esta negligencia fue el suicidio. Este suceso no fue reseñado por ningún medio. La mujer dijo “yo traje dos veces las ordenes de exámenes psiquiátricos y ustedes se negaron a trasladarla. Es responsabilidad de ustedes de que mi hermana se suicidó”. Ciertamente esta mujer tenía una condición psiquiátrica grave.

-En el INOF se niegan  hacer ese tipo de traslado –continua Haro- especialmente  con los  presos políticos, porque la intención es destruirte, es desgastarte psicológicamente. Así sucedió con “el Aviador” Rodolfo González que se suicidó en su calabozo del Sebin. Eso es parte de lo que se hace con los presos políticos, son tratos inhumanos y degradantes, para que vayan desgastados desde el punto de vista psicológico al juicio.

-Todos en el INOF se enteraron del suicidio de la reclusa, presuntamente por ahorcamiento, y Araminta me dijo que ella también se quería suicidar. Le vi unos morados en los brazos y confesó que ella misma se había dado golpes con las rejas. La juez que lleva la causa, Mariam Altuve Arteaga se ha negado a insistir a que se haga ese examen psiquiátrico y en el INOF no la trasladan. Sólo le gritaron de forma amenazante: “A ti, ni se te ocurra suicidarte…”.

-El 11 de septiembre le mandaron hacer el examen psiquiátrico urgente y aun no la han trasladado. Cada vez que la visito la veo peor, la única visita que tiene es la de una hermana y sólo una vez al mes y por unos minutos.

Enfatiza Haro: “Responsabilizamos a la Juez del caso, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al CICPC de lo que pueda sucederle a Araminta”.

-He tenido que acudir al Comité Contra la Tortura de la ONU. Ya agoté todas las instancias nacionales, lo que me queda son las internacionales, -precisa Haro.

Tortura en el CICPC

En la edición de Zeta Nº2019 del 25-09-15, esta periodista realizó una entrevista al abogado Haro, donde detalla las torturas a que fue sometida Araminta: “En el Cicpc, durante más de 4 horas fue victima de unas  terribles torturas. Una de ellas es el método que  se conoce como “el masaje del Cicpc”, que fue la misma tortura que le aplicaron a Marcos Coello cuando lo detuvieron yo lo conversé personalmente con él. “El masaje del Cicpc” que hacen los funcionarios de la Brigada Antiterrorismo, se lo aplicaron a Araminta: la envolvieron en una colchoneta, le amarraron la cabeza con papel periódico con tirro hasta un punto de asfixia; luego fue brutalmente golpeada con hierros, palos y objetos contundentes. Le arrancaron parte del cabello a través de un dispositivo que en el Cicpc  se conoce como “el helicóptero”  que le va arrancando mechones de cabello por lo que va quedando huecos o superficies vacías en el cuero cabelludo. Le colocaron  en el oído un percutor o un taladro,  diciendo que la iban a picar en pedacitos hasta matarla. Con un  dispositivo le iban  arrancando las uñar de los pies.  También se le van montando encima los funcionarios, cometiendo actos lascivos. Y para más sufrimiento, le colocaron  electricidad en los senos.”

Caso Laided Salazar

Laided Salazar fue condenada a 8 años de prisión. Ya ha perdido 30 kilos y no fue trasaladada a la audiencia de apelación debido a su estado físico.

Laided Salazar fue condenada a 8 años de prisión. Ya ha perdido 30 kilos y no fue trasladada a la audiencia de apelación debido a su estado físico.

Laided tiene 43 años, es casada y tiene un hijo de 11 años. Es odontólogo y en 2002 se asimiló a la Fuerza Aérea Venezolana (FAV). “Mi hermana vivió maltrato psicológico en la Dirección de Contrainteligencia Militar, le decían: ‘te vamos a mandar al INOF que allá te van a violar’. Luego en el INOF sufrió aislamiento. Actualmente está presa en la cárcel de Uribana”, -expresa Carlos Salazar, hermano y abogado.

Detenida en abril de 2014 junto a otros oficiales de la FAV, por el intento de derrocamiento, denominado por el gobierno “Golpe azul” u “Operación Jericó”. Fue  sentenciada a 8 años y 7 meses de prisión por “instigación a la rebelión y contra el decoro militar”.

Destaca Salazar que Laided no asistió a la Audiencia de Apelación ante la Corte Marcial porque no fue trasladada. Asegura que no la trasladaron para que los jueces no la vieran en el estado en que se encuentra, ya que ha perdido 30 kilos. “Está muy delgada, impresiona su aspecto. Iba a causar estupor.”

– Estamos esperando la sentencia de la Corte Marcial, queremos ver como van a justificar esos magistrados, porque allí no hay hechos ni pruebas para culpar a esos militares. Son 5 jueces que revisaran la sentencia de la primera instancia.

-Laided aparte de lo delgada, sufre de infecciones en la piel, uñas encarnadas, problemas digestivos porque el agua está contaminada y la comida aparte de incomible, es mal manipulada.

Por otra parte, a través de una carta abierta, Ana Teresa de Salazar, madre de Laided, envía un mensaje al presidente Nicolás Maduro pidiendo “tenga un poco de clemencia con mi hija que es una más de no sé cuántos presos políticos que su gobierno mantiene cautivos tan sólo por pensar diferente”.

Asimismo, exhorta al Mandatario: “Usted con mucha vehemencia aseguró ante la ONU que en Venezuela no se violan los derechos humanos, entonces tomando como ciertas sus palabras, yo humildemente le solicito que revise detenidamente el caso de mi hija”.

“Le pido encarecidamente que por favor saque a mi hija de esa celda de aislamiento Nº 3 en la que la tienen encerrada 23 horas al día en la Cárcel FENIX en Uribana Estado Lara.
Mi hija está muy desnutrida, pesando ya casi 40 kilos, porque en esa cárcel donde una mano peluda la trasladó sin orden judicial se pasa hambre y sed. Ella ha ido perdiendo peso de manera progresiva por la mala alimentación y la deshidratación constante que ahí se sufre”, escribe la mamá de Laided, quien sufre de una grave depresión. (@guti21)

FUENTE: REVISTA ZETA Nº2027 – 20-11-15

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Violan los DDHH a los presos políticos

PresoPolitico

Por Aída Gutiérrez H. (@guti21)

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV), de 2014 a 2015 por motivo de manifestaciones se encuentran privados de libertad 29 personas. Y el total de presos políticos en Venezuela a junio de 2015 es de 75 ciudadanos.

El Estado Venezolano fue interpelado el 29 y 30 de junio por el Comité de DDHH de la ONU. Esta interpelación ocurre como parte de las funciones regulares de este comité, que evalúa la situación de los DDHH en los países del mundo.

El FPV, como ONG registrada ante este comité, representada por Alfredo Romero, Director Ejecutivo y Tamara Sujú, Coordinadora Internacional, participó en la discusión y presentó un informe ante dicho organismo.

En el informe se presentan los casos de presos políticos, las violaciones a los DDHH, detención arbitraria, tortura, trato cruel e inhumano, falta de atención médica en el centro de reclusión. En este sentido, el caso de Gerardo Carrero es ejemplo de todo lo mencionado, quien también fue víctima de aislamiento por 6 meses en la llamada “tumba” del Sebin.

También refiere el documento las víctimas asesinadas en manifestaciones del año pasado, incluyendo los casos más dramáticos como el de José Alejandro Márquez, asesinado a golpes por la Guardia del Pueblo, luego de ser detenido en una manifestación en la Candelaria Caracas, caso por el que hay 2 ordenes de captura contra oficiales de la Guardia del Pueblo que no han sido ejecutadas.

En el informe se contempla que desde el 4 de febrero de 2014 al 31 de mayo de 2015, el Foro Penal Venezolano registró 3.758 detenciones en Venezuela relacionadas con las manifestaciones de protesta ocurridas desde 2014, dentro de los cuales se encuentran 370 menores de edad o adolescentes. De este grupo de personas, 296 fueron privadas de libertad por orden de un tribunal, es decir que estuvieron o están presos y las demás estuvieron detenidas entre 1 y 4 días y luego liberadas por orden judicial.

Ejemplo de ello es el estudiante Chistian Holdack, quien estuvo detenido por un año, desde el 12 de febrero de 2014. Sin embargo, en libertad restringida o bajo medidas cautelares se encuentran todavía 2.048 personas que participaron en manifestaciones. Es decir, que se encuentran sometidas a procesos penales y con medidas que condicionan su libertad, tales como medidas de presentación ante los tribunales, prohibición de salida del país, libertad bajo fianza, prohibición de declarar antes los medios de comunicación, entre otras.

Indica el informe que 767 personas detenidas les ha sido otorgada libertad plena, y al menos 638 personas fueron liberadas sin ser siquiera presentadas ante un tribunal, lo cual constituye detención arbitraria.

 Se lee en el documento que para el 31 de mayo de 2015, se mantienen 31 personas encarceladas como consecuencia de las manifestaciones, y además otras 46 personas se mantienen privadas de libertad por motivos políticos, para sumar un total de 77 personas encarceladas por motivos políticos, de los cuales 12 de ellos son estudiantes y 6 son mujeres.

“Los 77 presos a los que hacemos referencia, y cuya lista reservada y confidencial podemos hacer llegar a solicitud de instituciones de Derechos Humanos reconocidas, se encuentran: 36 de ellos en centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), 12 en cárceles militares, 17 en cárceles comunes, 5 en comandancias policiales y 7 bajo arresto domiciliario. Muchos de los detenidos se encuentran relacionados con las manifestaciones, pero también hay otros presos políticos, como es el caso de Iván Simonovis con más de 9 años encarcelado, hoy día bajo arresto domiciliario, el Alcalde Antonio Ledezma, detenido por supuesta conspiración, hoy bajo arresto domiciliario e incluso personas detenidas por emitir mensajes en Twitter, contrarios a funcionarios del gobierno, tales como Inés Gonzalez, Víctor Ugas y Lessy Marcano”, precisa el informe del FPV.

En relación al número de presos políticos, que en dicho documento del FPV refiere  77 y de los cuales 31 son por protestar, Alfredo Romero informó en su cuenta Twitter el 24 de junio que:  ”Luego de la liberación de Gerardo Resplandor y Douglas Murillo se reducen a 75 el número de presos políticos”.

En otro Tweet Romero aclara: “Dentro de los 75 presos políticos restantes, 29 están relacionados con las manifestaciones 2014-15”.

Torturas y tratos crueles

El informe del FPV hace especial mención a los casos de torturas y tratos crueles. En este sentido, precisa: el uso de descargas eléctricas al menos en 12 casos; violación sexual (1 caso), actos lascivos, amenazas de violación y otros en al menos 8 casos. Asfixia con bolsas de plástico en al menos 11 casos; múltiples fracturas, politraumatismos en al menos 10 casos, incluyendo dos con fractura de cráneo. Agresiones severas producto de utilización de disparos de perdigones a quemarropa en al menos 10 casos, en uno de ellos la persona perdió un ojo. Quemaduras con destornilladores calentados con fuego en 3 casos, donde en uno de ellos se intentó introducir a la víctima un destornillador por el ano. Golpes y maltratos severos en la mayoría de los casos, con hematomas y lesiones en al menos 75 casos. En al menos 9 casos se ha denunciado que a las víctimas les cortan el cabello a manera de castigo, incluyendo 7 mujeres y una menor de edad en Barquisimeto, Estado Lara.

“Además de las denuncias sobre torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes que detallamos en nuestro informe completo, y las torturas ocurridas en centros de reclusión, hemos notado la sistemática negativa de asistencia médica a detenidos por motivos políticos como forma de trato cruel e inhumano o incluso tortura. Muchos de los detenidos por motivos políticos han denunciado problemas diversos de salud, por las condiciones infrahumanas de los sitios de reclusión. Por ello, se han realizado diversas solicitudes de atención médica que no se han realizado”, denuncia el FPV.

El caso de @InesitaTerrible

Inés Gonzalez, mejor conocida como @InesitaTerrible, presa por escribir su opinión en Twitter, recluida en el Sebin en Helicoide, Caracas.

Inés Gonzalez, mejor conocida como @InesitaTerrible, presa por escribir su opinión en Twitter, recluida en el Sebin en El Helicoide, Caracas.

Inés González conocida como @InesitaTerrible tiene 42 años, licenciada en Química Pura y Magister egresada del IVIC. Está presa por opinar y twitear contra el gobierno. Recluida en el Helicoide de Caracas, fue detenida por el Sebin Maracaibo tres días después del asesinato de Robert Serra, en donde fue imputada el 8 de octubre por los delitos de instigación pública, ultraje violento y ultraje contra funcionario.

Inés decidió una tarde desahogarse a través de su cuenta Twittter y opinar en contra del régimen. Días después la zuliana recibió una visita inesperada por parte del Sebin.

El Sebin la mantuvo detenida incluso después de que un tribunal le dictara una boleta de excarcelación. En el juicio ofreció disculpas a los familiares del diputado Serra, a quien había llamado delincuente y señalado de “armar” a niños en el 23 de Enero.

Sobre este caso, Alfredo Romero explica: “Pidió disculpas, como es un escarmiento. La acusan de instigación pública, pero ese es un delito que hay que definirlo, delimitarlo, y probarlo, porque, ¿cómo se demuestra que alguien que publica un mensaje tiene influencia sobre otros? No estoy de acuerdo con insultar, humillar y difamar en redes sociales, pero debe existir proporcionalidad. Podrían acarrear multas, castigos, pero nunca encarcelamiento”.

Inés reconoció delitos de instigación pública y el MP desistió los cargos de ultraje a funcionario y ultraje violento. Su familia y abogados acudieron a la Embajada de España, país del que también es ciudadana, y solicitaron ayuda legal y diplomática. Se desconoce si el Gobierno de España adelantó alguna diligencia. Padece endometriosis, que le produce fuertes dolores abdominales. Requiere someterse a una operación. Espera por la suspensión de su pena. (@guti21)

FUENTE: Revista Zeta 14/07/2015.  (La publicación impresa no pudo salir por falta de papel)

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País con más presos políticos

LeopoldoLopez

El mundo entero se indigna ante los informes que catalogan a Venezuela como el país latinoamericano con el mayor número de presos políticos. Pese al clamor universal, estas son las cifras de los presos políticos en Venezuela en la presente fecha.

Por AÍDA GUTIÉRREZ H. (@guti21)

De acuerdo al Foro Penal Venezolano (FPV) desde febrero de 2014 aún quedan privados de libertad por protestar 39 personas. En libertad con medidas cautelares: 2.007 (196 Menores de edad). En libertad plena: 767 (61 Menores de edad); liberados sin presentación: 631 (93 Menores de edad). Por verificar: 274 (10 Menores de edad). En total fueron  3.718 detenciones (360 Menores de edad).

Indica Alfredo Romero director del FPV que  “la situación es crítica. No había una cifra de mayor cantidad de presos políticos en el tiempo que tenemos en el Foro Penal Venezolano. Solo el año pasado casi llegamos a las 300 personas presas por motivos políticos”.

Recluidos en cárceles comunes

Según el Foro Penal, cinco de los detenidos producto de las manifestaciones de 2014, con procesos penales abiertos, siguen recluidos en cárceles comunes. En el grupo se encuentran Chamel Akl, Vasco Da Costa, José Luis Santamaría y Efraín Ortega, presos en Rodeo II, y Araminta González que está en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

 

Araminta González estudiante recluida   en el INOF, desde 2014.

Araminta González estudiante recluida en el INOF, desde 2014.

Chamel Akl, estudiante recluido con presos comunes en  el Rodeo II, desde abril de 2014.

Chamel Akl, estudiante recluido con presos comunes en el Rodeo II, desde abril de 2014.

Señala Romero que esta cifra es registrada por el FPV luego de las medidas cautelares y los arrestos domiciliarios otorgados en los últimos dos meses. Considera estos casos, como detenciones arbitrarias. “Akl fue detenido junto a su hermano Richard, en Santa Rosa de Lima, luego de una protesta en abril de 2014”, dijo.

“Da Costa, Santamaría, Ortega y González comparten la misma causa y el pasado 28 de abril fue suspendida por segunda vez la audiencia preliminar. A Da Costa, detenido en julio del año pasado, se le acusa de los delitos de asociación para delinquir, agavillamiento e instigación a la violencia”.

85 presos políticos

Precisa Romero que en  Venezuela aún hay 85 personas presas por motivos políticos, entre ellas 39 lo están por protestar contra el gobierno. Señala que en 2015, se han liberado a 26 personas que se encontraban tras las rejas por manifestar.

Explica que entre quienes aún están presos por protestar figuran 21 estudiantes; 3 dirigentes políticos reconocidos,  Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos; 8 mujeres y otras 5 personas detenidas por escribir mensajes en Twitter.

Romero destaca que son 2.007 personas que tienen procesos judiciales pendientes por manifestar y continúan sometidas a medidas sustitutivas de libertad. “Muchos tienen prohibición de salida del país. No se puede considerar que están libres por completo”, -aclara.

Por otra parte, Romero observa que el 8 de mayo cumplen un año en prisión: Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Ángel Contreras, Carlos Pérez y Gerardo Carrero. “Esas personas cumplen un año presas sin que exista una condena en su contra, mientras siguen inmersos en un proceso lleno de retardos e irregularidades como las torturas y los tratos crueles”. El juicio contra los estudiantes apresados el pasado 8 de mayo de 2014 estaba celebrándose al cierre de estas páginas de Zeta. Se albergaba la esperanza de ver a los jóvenes libres si así lo decidía el tribunal.

Funcionarios ocultaron evidencias de torturas

 De acuerdo  al informe titulado “Que no quede rastro”  del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), “al menos diez estrategias utilizaron los órganos del Poder Público venezolano para deliberadamente ocultar evidencias de tratos crueles o tortura, así como para evitar que las mismas fuesen denunciadas oportunamente”, durante las detenciones en las protestas ocurridas a partir de febrero 2014.

Este nuevo informe del CDH-UCAB,  documenta la violación del derecho a la integridad física durante las manifestaciones y detenciones que tuvieron lugar el año pasado, cuando se registraron al menos 854 heridos y lesionados.

Entre las estrategias utilizadas por el gobierno mencionan: “la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura, y presiones a médicos”.

El informe del CDH-UCAB enfatiza que fue “evidente la dificultad para presentar quejas por malos tratos o torturas y a la realización oportuna del examen médico, violando el Conjunto de Principios para la protección de personas sometidas a prisión de Naciones Unidas y el Protocolo de Estambul”.

“Este tipo de conductas por parte de los funcionarios aprehensores se tornaron reiteradas, al punto de llegar a poner en peligro la vida de algunos de los jóvenes que habían sido detenidos, dado que, al impedir el acceso a ellos y a tener conocimiento sobre las condiciones físicas en las cuales se encontraban, se vio agravado el cuadro y el estado de salud de los mismos, poniendo en riesgo sus vidas”, precisa el informe del CDH-UCAB.

El documento también expone los diversos casos en los que las víctimas presentaban heridas de gravedad, y que fueron trasladadas por las autoridades a instituciones médicas de carácter militar, violando las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas.

También registra testimonios según los cuales “funcionarios amenazaron a las víctimas con hacerles más daño o simplemente no prestarles la ayuda médica requerida si no se abstenían de declarar la verdad sobre lo acontecido”.

Según el informe se observó “una fuerte insistencia en que los jóvenes aceptaran la representación de defensores públicos designados por el Estado, cuyo comportamiento pareció estar orientado a evitar que se dejara constancia de las lesiones en las audiencias de presentación”.

El informe también expone la “actuación irregular de jueces” al momento de las audiencias, cuando los detenidos fueron presentados para declarar aún heridos y sin importar su condición de salud.

En este sentido se lee en el documento: “Varios de ellos se encontraban aún bajo el efecto de los medicamentos o éstos les fueron suspendidos para el traslado a tribunales. Incluso algunos fueron sometidos a audiencia en el mismo hospital, debido a la gravedad de su estado”.

TACOS

DIFERIMIENTO.- Debido a la ausencia de los fiscales del Ministerio Público, ayer (martes 5) se difirió por décima quinta vez la audiencia preliminar del estudiante de Derecho de la UC Andrés León, detenido el 5 de mayo de 2014 en el sector de Naguanagua (Carabobo) cuando protestaba. El joven permanece detenido en la Comandancia de Policarabobo en Navas Spinola.

CUATRO LIBERADOS.- Recientemente fueron liberadas cuatro personas detenidas durante las protestas y hechos violentos registrados en julio de 2014. Ellas son: Raúl López, Pablo Estrada, Rosa Rivas y Eduardo Colmenarez, detenidos desde 21-7-14. Así lo informó Alfredo Romero, a través de su cuenta Twitter. Dijo también que quedan 39 presos por manifestaciones y 85  en total  por motivos políticos.

MALOS TRATOS.- El relator de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra un informe del que concluye que Venezuela ha violado el derecho internacional “al no tomar medidas para prevenir actos de malos tratos” de manifestantes y detenidos. (@guti21)

 

FUENTE: Revista Zeta Nº1999 – 08-05-15

 

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